Los fiscales especiales independientes tienen un término de 90 días para completar su investigación.

Por segunda ocasión -en menos de dos años, un fiscal especial independiente investiga a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por supuestas violaciones de ley en el ejercicio de sus funciones.

En diciembre de 2018, cuando ocupaba el cargo de secretaria de Justicia enfrentó denuncias que no prosperaron por una alegada intervención indebida en un robo domiciliario que involucró a una de sus hijas.

Pero ayer, la exfiscal se convirtió en la primera gobernadora en funciones que será investigada por fiscales especiales independientes por posibles irregularidades relacionadas al despido de la secretaria de la Familia, Glorimar Andújar, en medio del manejo de la entrega de suministros de emergencia luego del terremoto del pasado 7 de enero.

La funcionaria salió del puesto tras denunciar que la repartición de ayudas a los afectados era manipulada para favorecer a la senadora novoprogresista Evelyn Vázquez Nieves, una aliada política de la mandataria y del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, que busca una candidatura por acumulación en las primarias del 9 de agosto.

La investigación de los fiscales especiales independientes Leticia Pabón y Miguel Colón también abarca al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, la exjefa de la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones Suárez, el ex subadministrador de esa agencia, José Galarza Vargas, la ayudante especial de la Oficina de la Administradora de Adsef, María Teresa Zayas Gierbolini y la senadora Vázquez Nieves. Los fiscales especiales tienen un término de 90 días para completar su investigación.

La resolución del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) designando a los fiscales advirtió que los investigados pudieron haber violado disposiciones del Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental y el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico.

Al mismo tiempo, el PFEI ordenó el archivo de los referidos que el Departamento de Justicia presentó contra el senador Nelson Cruz Santiago y Peter Muller Maldonado, esposo de la senadora Vázquez Nieves, porque “las declaraciones juradas que se incluyen como parte de Ia prueba recopilada durante la investigación preliminar, no la consideramos suficiente para nombrar un FEI”.

La noticia de la designación de los fiscales especiales ocurrió poco después de una cuestionada conferencia de prensa en la cual la gobernadora anunció una convocatoria a una Sesión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa flanqueada por Rivera Schatz y Vázquez Nieves, entre otros políticos, y a dos semanas de que despidiera de manera fulminante a la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, justo cuando se disponía a enviar al PFEI los polémicos referidos que justificaron el inicio de la pesquisa de ayer.

Nombrada como secretaria de Justicia en propiedad, Wandymar Burgos Vargas intentó frenar dichos referidos, pero ayer el PFEI catalogó el acto como ”irregular” y pidió a los fiscales especiales investigar el asunto. Esa intromisión de Burgos Vargas también llevó Rivera Schatz a amenazar con convocar al Senado para colgar su nombramiento si no renunciaba de forma inmediata. La fiscal Inés Carrau ocupa ahora el cargo de secretaria de Justicia de forma interina.

“Precisa consignar que, parte de Ia génesis de este caso, está relacionado con Ia actuación de funcionarios de La Fortaleza que trataron de intervenir e impedir una acción legal contra otra funcionaria a Ia cual se le vincula con serias violaciones, tanto de leyes estatales, como federales, además de violaciones a Ia reglamentación que rige ciertos procedimientos gubernamentales. Durante la investigación sobre el particular, se obtuvo prueba sobre otra serie de infracciones de ley que involucran a los demás funcionarios contra los cuales se nombra FEI”, indicó el Panel en una resolución de 12 páginas firmada por su presidenta Nydia Cotto Vives y Rubén Vélez Torres.

A raíz de una denuncia pública sobre la manipulación de las ayudas, el Departamento de la Familia, al cual la Adsef está adscrito, realizó una investigación interna, que resultó primero en la suspensión sumaria y luego en el despido de Suárez Quiñones en pasado 2 de abril. La agencia determinó que la distribución de alimentos comprados con fondos federales del programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia se manejó de forma irregular durante la emergencia causada por la secuencia sísmica que afecta la región sur del país.

“Se aduce que el proceso administrativo efectuado, ocasionó que se tomaran represalias y acciones adversas contra Ia funcionaria que actuó conforme lo exige Ia ley”, consignó el PFEI.

Después de su salida, Andújar planteó que su despido constituyó un acto de represalia por suspender a Quiñones Suárez, una medida que el Secretario de la Gobernación solicitó que revirtiera, y ordenar una investigación interna para adjudicar responsabilidad por el mal manejo de recursos dentro de la agencia.

Como parte de las relación de hechos, la resolución del PFEI consignó que el licenciado Ernie Cabán Santiago lideró la primera fase de esa investigación administrativa “que confirmó y abonó en la obtención de prueba sobre incumplimientos de ley y reglamento”.

“El licenciado Cabán Santiago presentó un informe en el cual concluyó, entre otras cosas, la posible intervención de políticos en la entrega de los alimentos de Adsef y el posible conocimiento y autorización de varios empleados de la Administración Central de Adsef. También se argumenta que se permitió la participación e interferencia indebida de funcionarios electos en las reparticiones de alimentos que fueron realizadas como parte de las funciones ministeriales de la agencia”, apuntaló la resolución.

La investigación administrativa formal la realizó el licenciado Ismael Ortiz Roldán, cuyo informe concluyó que “los funcionarios Surima Quiñones, José Galarza y María T. Zayas, incurrieron en ‘conducta impropia dentro o fuera del trabajo de tal naturaleza que afecte el buen nombre o refleje descrédito o ponga en dificultad a Ia Agencia, cualquier otra agencia o dependencia del gobierno’”.

En entrevista con NotiCel, el licenciado Cabán Santiago explicó que realizó la investigación de 48 horas que exige un proceso administrativo dentro del ámbito laboral. La encomienda consistió en validar la sanción que la Secretaria de la Familia había impuesto a Quiñones Suárez.

“Sí, se justifica (la suspensión sumaria). Yo concluyo que había un potencial de irregularidad en la entrega de los suministros de Adsef con la intervención de políticos y con el consentimiento de Surima (Quiñones)”, agregó.

Las entrevistas que realizó el también ex fiscal especial independiente revelaron que la presencia de la senadora Vázquez Nieves generó malestar entre los empleados de Adsef a tal punto que algunos se negaron a participar en la entrega de ayudas porque insistían en que la presencia de políticos en una gestión oficial era ilegal. “Había testimonios fuertes que daban base para una investigación formal”, aseguró.

El nombre de la gobernadora, sin embargo, no afloró en esa investigación inicial. “Lo cierto es que en mi investigación, no figuraba Wanda Vázquez Garced por ningún lado”, señaló el abogado.

Ataque al PFEI

En medio de las voces que comenzaban a cuestionar la viabilidad de Vázquez Garced como candidata a la gobernación, el Presidente del Senado la emprendió contra el PFEI.

Rivera Schatz, que hace solo dos años aseguraba que Vázquez Garced estaba “desacreditada e incapacitada para ocupar el cargo” de Secretaria de Justicia y exigía su renuncia o destitución ante las denuncias en su contra, ayer adjudicó motivaciones políticas a los referidos.

“No hay expresión alguna sobre cuales alegadas violaciones de ley se les investigará. Una decisión de dos personas con una aparente inhibición, sin que se conozca las razones de la ausencia de la participación de ese tercer miembro del panel. Un referido carente de información específica sobre las cuales son las imputaciones y a pocos días de una primaria deja demasiadas interrogantes. Ese es el cuadro fáctico”, alegó Rivera Schatz en un mensaje que colgó en sus redes sociales.

"Como Presidente del PNP exigiré que se nos informe, sin vaguedad, cuales son las imputaciones contra los aspirantes. Hay gente interpretando y citando el reglamento del PNP, con la intención de que se inicien procedimientos contra las personas referidas. Habrá UNA SOLA VARA para todos esos casos. Quien quiera presentar alguna querella en el partido, puede hacerlo se atenderá conforme a derecho", agregó.

Luego reclamó a la presidenta del PFEI, Nydia Cotto Vives hablar claro. “El referido no puede ser una especie de laberinto o crucigrama que confunda en lugar de aclarar”.

Twitter

Aunque el Panel no enumeró los posibles delitos que cometió cada persona investigada, mencionó que del récord evaluado se desprenden posibles cargos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos (Código Penal) o por violentar la prohibición de represalias contra personas que denuncien actos de corrupción (Código Anticorrupción); así como violaciones a la Ley de Ética por utilizar las facultades de un cargo público para beneficio propio.

El tercer miembro del Panel al que se refiere Rivera Schatz es la exjueza Ygrí Rivera Sánchez, quien no participó de la decisión de designar los fiscales especiales, según indicó Cotto Vives a NotiCel en un breve mensaje de texto. “La no participación puede ser por distintas razones: no estuvo presente, no quiso formar parte o no pudo asistir”, agregó.

Cotto Vives no ofreció declaraciones adicionales.

Las expresiones de Rivera Schatz también distan de sus manifestaciones luego del despido de Longo Quiñones. En ese momento, reclamó al PFEI actuar con premura sobre los referidos que recibió del Departamento de Justicia. “Una vez el panel del FEI exprese sus determinaciones sobre los referidos, podrá iniciarse cualquier curso de acción que corresponda, si alguno, en el ámbito legal, gubernamental y político”, aseguró.

Ayer, sin embargo, advirtió a Cotto Vives que “no permita que tal como ocurrió la vez anterior le imputen personalismos”.

El residenciamiento

Pese a que no favorece el un juicio político en este momento, el licenciado Cabán Santiago apuntó que la Legislatura estableció una vara alta el año pasado durante el intento de residenciamiento del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien renunció al cargo antes de que iniciara el proceso de destitución.

“La Cámara estableció un precedente sobre que constituye causa suficiente para iniciar un residenciamiento cuanto el verano pasado activó un proceso de investigación para iniciar el residenciamiento por la publicación del llamado chat de Telegram y con un mero referido a Justicia, sin informe preliminar, sin referido al FEI, sin evaluación del PFEI y sin designación de un FEI”, señaló.

“Si eso motivó el inicio de un proceso y era menos. Ahora que hay más, que existe una investigación preliminar, pasó por el escrutinio de fiscales y existe la determinación de causa del FEI, claro que podría iniciarse ese proceso”, respondió el abogado quien criticó el veranado pasado la decisión de iniciar el proceso contra Rosselló Nevares de forma prematura.

Pero, a su juicio, todavía no procede este paso. “El momento es cuando el FEI asignado determine que va a radicar cargos, aunque finalmente no prosperen. Ese es el momento de iniciar un proceso, porque no deja de ser un acto político, pero tiene que ser un proceso político enmarcado en la realidad de que hay una posible comisión delito”.

Mira aquí la resolución del PFEI.