Contralor Electoral sancionará mensajes políticos disfrazados de personales
Los candidatos tienen hasta 1 de agosto de 2020 para informar las diferencias bajo juramento.
La Oficina del Contralor Electoral (OCE) aprobó este fin de semana un reglamento sumamente estricto, tras determinar que el uso de las páginas oficiales de internet y redes sociales de funcionarios públicos, aunque hayan sido establecidas en su carácter personal, se considerarán oficiales.
Esto representa un reto de comunicación para funcionarios públicos que aspiran a puestos electivos, como lo es, con mayor prominencia, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, pero de igual modo, legisladores y alcaldes.
A raíz de la determinación del contralor electoral, Walter Vélez Martínez, a la que NotiCel tuvo acceso, todo funcionario principal del gobierno de Puerto Rico que aspire a un puesto electivo en las elecciones, sean primarias o elección general, estará obligado a mantener separadas sus páginas de internet y cuentas en redes sociales relacionadas con su campaña electoral de aquellas páginas que mantenga en su carácter de funcionario principal.
En las páginas que mantenga como funcionario principal solo podrá mantener contenido oficial y tendrá que evitar cualquier referencia a su aspiración en primaria o su candidatura en la elección general. Esto es una regla muy similar a la que rige a los congresistas de Estados Unidos.
“Todo funcionario principal del gobierno de Puerto Rico que no aspire a un puesto electivo, solamente podrá mantener en sus páginas oficiales contenido que no violente las disposiciones del Artículo 10.006 de la Ley 222-2011, según enmendada, evitando cualquier alusión a personas que aspiren a un puesto electivo en primaria o presenten su candidatura en la elección general. Cualquier expresión a favor o en contra de la elección de un aspirante, candidato o partido político deberá hacerla en sus páginas personales de internet o en sus cuentas personales en las redes sociales.
La determinación concede hasta el 1 de agosto de 2020 para que todo funcionario principal que mantenga páginas de internet o en las redes sociales identifique cuál o cuáles de estas serán consideradas oficiales. Esta declaración tendrá que hacerse bajo juramento.
A partir del 2 de agosto de 2020, la Oficina del Contralor Electoral estará requiriendo a las entidades gubernamentales y a los funcionarios principales la eliminación de contenido prohibido de las páginas oficiales de internet y en las redes sociales, anunció el Contralor Electoral.
La OCE está facultada para revisar las páginas web y redes sociales de todos los funcionarios/candidatos a fin de detectar si existe alguna posible violación al Artículo 10.006 de la Ley 222 o a este Reglamento.
Según la nueva directriz, no se pueden publicar, por ejemplo: asuntos de campaña electoral, personales o sobre negocios personales, biografías en las que se resalte la trayectoria del funcionario, sus logros, programas, proyecciones o proyectos, “slogans”, frases, lemas o logos con contenido político partidista, información sobre actos políticos colectivos u otras formas de hacer donativos a los comités de campaña de aspirantes, candidatos, partidos o a cualquier otro comité político, incluyendo, donativos al comité de campaña del funcionario como aspirante o candidato.
Tampoco se puede publicar contenido desarrollado mediante el uso de recursos provistos por cualquier aspirante, candidato, partido, sus respectivos comités, o cualquier otro comité político, incluyendo, recursos del comité de campaña del funcionario como aspirante o candidato.
Prohibidos de igual modo están el contenido ajeno a asuntos oficiales de la agencia; expresiones a favor o en contra de personas que figuren como aspirantes o candidatos, partidos o comités políticos de cualquier tipo, recomendaciones sobre cómo votar en un evento electoral, y “cualquier otro contenido que no pueda ser interpretado razonablemente de otra manera que no sea que el mismo aboga por la elección o derrota de un partido político, ideología política, aspirante o candidato o que o reproduce íntegramente material de campaña de un partido político, ideología política, aspirante o candidato.
Las transmisiones en vivo mantendrán el mismo rigor.
Cualquier funcionario que publique en redes sociales contenido prohibido se enfrenta a una multa administrativa, en su carácter personal.