A menos de una semana de ocupar el cargo de Secretaria de Justicia, Wandymar Burgos Vargas recibió un ultimátum del Presidente del Senado.

La licenciada Wandymar Burgos Vargas renunció a la secretaría del Departamento de Justicia, luego de seis tumultuosos días al mando, encabezados por investigaciones a altos funcionarios del Gobierno de Puerto Rico —como la gobernadora, Wanda Vázquez Garced— y la creciente presión para que dimita a su puesto, ejercida por los presidentes legislativos.

De acuerdo a informes de la Oficina Ética Gubernamental, Burgos Vargas llegó a Justicia en el 2009, pero fue ascendida a dirigir la agencia el pasado viernes, 3 de julio, mediante una comunicación oficial de Vázquez Garced y tras el abrupto despido de Dennise Longo Quiñones.

Ese día, Longo Quiñones, envió seis referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) referentes al mal manejo de suministros tras la emergencia de los terremotos en el sur a principios de año y otras investigaciones que Justicia completó recientemente.

Entre ellos se encontraban dos imputaciones a la Gobernadora. Una por alegadamente atrasar la llegada de ayuda a los damnificados con el fin de distribuirla cuando ella y allegados a su campaña y al Partido Nuevo Progresista (PNP) estuvieran presentes. En este caso, Justicia recomendó la designación de un fiscal especial independiente. Pero Justicia recomendó archivar la segunda querella por supuestamente presionar a empleados públicos para que acudieran a eventos de su campaña política, que afloró de alegaciones anónimas de un grupo identificado como Servidores Públicos con Dignidad.

Fue entonces cuando Vázquez Garced reemplazó a Longo Quiñones por Burgos Vargas, quien hasta ese momento se desempeñaba como Secretaria Auxiliar a cargo de litigaciones civiles en Justicia y, el pasado lunes, detuvo el envío de los referidos a la OPFEI porque interesaba conocer de qué trataban, como parte de una transición ordenada en el cargo.

Además de estudiarlos, la funcionaria designó a Inés del C. Carrau Martínez, quien lleva 22 años como fiscal de Justicia, para que la asistiera en el proceso de transición de ese tema y demás asuntos del área investigativa y criminal. También la nombró Subsecretaria de Justicia, dado su experiencia previa como fiscal auxiliar, Fiscal de Distrito en varias ocasiones y Subjefa de Fiscales.

La figura de Burgos Vargas como Secretaria se ha circunscrito al escándalo de los referidos, pues no ha tenido apariciones públicas ni se han ofrecido detalles de asuntos relacionados a la agencia mientras ocupaba el cargo.

Según el portal de Justicia, la Secretaría Auxiliar de lo Civil representa al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a sus funcionarios en todo procedimiento civil o administrativo ante los foros de primera instancia de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de cualquier otro estado federado, territorio o posesión de los Estados Unidos. Esto incluye las áreas de daños y perjuicios, derecho laboral, contributivo o cobro de dinero, tragamonedas y litigios federales y quiebra, entre otros.

Esta división tiene la responsabilidad de preparar y mantener un registro de demandas y acciones contra el Estado, sus empleados y exfuncionarios.

Previo a ese cargo, Burgos Vargas fungió como directora de la División de Litigios Federales y la Ley Promesa, también en Justicia. De acuerdo a documentos legales consultados, la funcionaria ocupaba este puesto en el 2012. En otros documentos, su nombre aparece como la persona de referencia del Estado junto a Vázquez Garced, cuando se desempeñaba como secretaria de Justicia.

La Secretaria de Justicia, en momentos en que se habla de residenciamiento, es quien constitucionalmente gobernaría el país en caso de ausencia de un Gobernador y un Secretario de Estado, forma en que la actual Gobernadora llegó al puesto.

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Mira una cronología de los eventos:

La Cámara de Representantes publica un informe sobre su investigación referente al manejo del almacén de suministros en Ponce tras la emergencia de los terremotos en el sur a principios de año, que incluye referidos a las autoridades pertinentes por perjurio, como a la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo Quiñones, y al secretario de Estado, Elmer Román González.

La Gobernadora despide a Longo Quiñones a eso de las dos de la tarde, por voz del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle, pero no es hasta pasadas las siete de la noche que la funcionaria remitió su carta de renuncia.

De inmediato, la Gobernadora no detalló porqué le retiró la confianza de forma repentina, mientras que Longo Quiñones aseguró en entrevistas escuetas que nadie le explicó la razón detrás de su salida. Aunque se rumoraba que podía relacionarse al referido de la Cámara de Representantes, se cuestionó que la Gobernadora no reaccionó igual en torno al Secretario de Estado.

En su lugar, la Gobernadora nombró a la licenciada Wandymar Burgos Vargas como secretaria de Justicia. Como fue designada luego de finalizada la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, es decir, en receso, la funcionaria podía asumir el cargo de inmediato.

No obstante, el cargo requiere la aprobación del Senado, que es la única autoridad encargada de todos los nombramientos del Gobierno de Puerto Rico, salvo del Secretario de Estado, que constitucionalmente requiere el aval de ambos cuerpos legislativos.

Días después se dio a conocer que en su último día como secretaria, Longo Quiñones envió seis referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) referentes al mal manejo de suministros y otras pesquisas que lideraba la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia.

En conferencia de prensa, Vázquez Garced no detalló las razones para despedir a Longo Quiñones, más allá de que estaba facultada a permanecer en silencio sobre el asunto, porque se trataba de un cargo de libre remoción. A preguntas de la prensa, aseguró que fueron “situaciones ajenas” a investigaciones en Justicia o la pesquisa de la Cámara de Representantes.

La Gobernadora inaugura su comité de campaña, como precandidata a la Gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), acto al que dos días después le atribuiría los ataques “amañados” y “vengativos” en su contra.

En horas de la tarde, trascendió que Longo Quiñones había referido a la Gobernadora a la OPFEI por haber atrasado la entrega de suministros de emergencia a los damnificados de los terremotos en Ponce, con el fin de distribuirlos cuando ella y allegados a su campaña y al PNP estuvieran presentes. A Vázquez Garced se le señaló entonces por despedir a Longo Quiñones de forma vengativa y a modo de obstruir a la justicia.

Los referidos incluían a la senadora Evelyn Vázquez Nieves y su esposo, Peter Muller.

A eso de las 11 de la noche, Burgos Vargas explicó por escrito que ordenó la devolución de los referidos porque interesaba conocer de qué trataban los informes. No obstante, se cuestionó la verdadera razón de detener su entrega porque los documentos incluían dos señalamientos contra la Gobernadora por el mal manejo de suministros para damnificados de los terremotos en el sur y una alegación anónima.

En horas de la mañana, Longo Quiñones emplazó a la Gobernadora para que explicara las razones detrás de su despido, a toda vez que confirmó que había iniciado el trámite para enviar los referidos a la OPFEI. Esa pesquisa comenzó el 7 de enero.

Poco después, en una conferencia de prensa en La Fortaleza, Vázquez Garced planteó tres asuntos. En primera instancia, justificó el despido de Longo Quiñones al basarse en que la funcionaria intervino en una pesquisa federal de la cual suponía estar inhibida. La Primera Ejecutiva exclamó que referiría a la exsecretaria a la OPFEI por sus actuaciones.

En su alocución, la Gobernadora dio a entender que los referidos a la OPFEI fueron hechos entre las 2 p.m. del pasado viernes, cuando Pabón Batlle le solicitó la renuncia a Longo Quiñones, y cerca de las 8 p.m., cuando la funcionaria sometió su carta de dimisión.

En segundo lugar, subrayó que Burgos Vargas no cometió ilegalidad alguna al detener la entrega de los referidos a la OPFEI, pero de todos modos, y en tercer lugar, le requirió que los entregara ese mismo día al ente fiscalizador, al cual criticó por el manejo de sus casos previos.

De forma paralela, el FEI envió un comunicado en el que exigió la entrega de los documentos para ser evaluados. Más tarde, confirmaron haberlos recibido, pero advirtieron que las cajas de evidencia —que se rumoraba eran seis— serían entregadas de forma paulatina durante la semana.

Mientras, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz exigió la salida de Burgos Vargas por haber detenido la entrega de los referidos. Durante un programa radial y en declaraciones escritas publicadas en sus redes sociales, Rivera Schatz exclamó que Burgos Vargas no debía permanecer como Secretaria de Justicia y, por tanto, “su salida debe ser inmediata. Con sus actos se inhabilitó”.

El Senador amenazó con convocar a una Sesión Extraordinaria y rechazar el nombramiento de Burgos Vargas. A sus declaraciones le siguieron las del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, quien se hizo eco del pedido de renuncia.

En un programa radial, Vázquez Garced reveló que conversó con testigos que habían sido entrevistados por Justicia en pesquisa en su contra.

La Gobernadora evadió preguntas referentes a su conversación con testigos y señaló que no podía hablar sobre investigaciones en curso.

Aunque sostuvo que la Secretaria de Justicia estaba en todo su derecho de solicitar la devolución de los referidos, Vázquez Garced adelantó a la prensa que Burgos Vargas le remitiría su carta de renuncia durante el día. Es decir, a solo horas del ultimátum de Rivera Schatz.

En conferencia de prensa, aseguró que no le instruyó a la Secretaria de Justicia que detuviera los referidos.

“Nunca le di una directriz y no estuve en conversaciones con la Secretaria. Lo que puedo decir es que la actuación de la Secretaria no es ilegal ni es contraria a derecho”, aseguró Vázquez Garced.

Fuentes de la Rama Ejecutiva confirmaron a NotiCel que la renuncia de Burgos Vargas llegó al Palacio de Santa Catalina a eso de las 7:00 de la noche de ayer. La Gobernadora, en cambio, no ha realizado declaraciones.

Tampoco se ha informado sobre una nueva designación para liderar Justicia.