En estilo y alusiones de la mandataria, la conferencia de prensa de ayer se asemejó a dos alocuciones previas durante este cuatrienio y a eventos que precedieron la salida de su predecesor.

A poco menos de un año de la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares como gobernador de Puerto Rico, su sucesora constitucional, Wanda Vázquez Garced, enfrenta alegaciones similares de no saber manejar una emergencia, mientras que por otro lado se convocan manifestaciones ciudadanas en su contra y en la clase política se clama por intervención legislativa.

Según ha trascendido, a Vázquez Garced se le imputa haber atrasado la entrega de suministros a los damnificados de los terremotos en Ponce a principios de año, con el fin de distribuirlos cuando ella y allegados a su campaña y al Partido Nuevo Progresista (PNP) estuvieran presentes.

El señalamiento habría sido enviado a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) junto a un segundo referido anónimo y un potencial tercero, según confirmaron fuentes a NotiCel. Aunque el Departamento de Justicia los envió ayer, martes, la entrega original había sido cancelada el lunes por parte de la agencia, ante el despido de su secretaria, Dennise Longo Quiñones, y por alegadas órdenes de la Gobernadora.

Ayer, la Gobernadora aseguró que Longo Quiñones intervino en una investigación federal sobre manejo de fondos en el Departamento de Salud que involucraba a su madre, la doctora Concepción Quiñones de Longo, pese a que suponía estar inhibida.

En estilo y en alusiones de la Primera Ejecutiva, la conferencia de prensa se asemejó a dos alocuciones previas de Vázquez Garced durante este cuatrienio y a eventos que precedieron la salida de su predecesor.

Conferencia similar hace dos años

La conferencia de prensa del martes siguió el mismo libreto de la conferencia celebrada el pasado 8 de abril, en que Vázquez Garced defendió la compra de pruebas para detectar el coronavirus COVID-19 y, una de mediados de 2018, cuando también en conferencia de prensa apuntó a la entonces subsecretaria de la Gobernación, Itza García Rodríguez, por tratar de intimidarla.

En los tres casos, la Gobernadora hizo referencia a documentos en su poder como si fueran “exhibits” —la manera en que se nombra a la evidencia en un tribunal— y los mostró a la prensa, a toda vez que recalcaba que era blanco de ataques que buscaban distraerla de su gestión.

“Wanda Vázquez va a continuar, porque yo no soy una política tradicional”, expresó Vázquez Garced ayer, en referencia a su aspiración a la Gobernación por el PNP y para el cual se enfrentará en primarias al excomisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia.

Pero en el encuentro celebrado en el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) el 8 de abril, Vázquez Garced justificó los intentos de compra de un millón de pruebas para el COVID-19 bajo la premisa de que Puerto Rico se encontraba en medio de una emergencia y la urgencia del gobierno en resolver la escasez de pruebas para detectar la enfermedad.

Hasta la fecha, el Departamento de Salud, no ha intentado realizar una compra de esa misma magnitud y ha reiterado que no existe la misma urgencia, pese a que los casos en la Isla han continuado en aumento.

Mientras, en el 2018, Vázquez Garced dirigía el Departamento de Justicia y mantenía una investigación en curso sobre las conversaciones en WhatsApp entre el juez Rafael Ramos Sáenz —quien era presidente de la Junta Electoral de Moca de la Comisión Estatal de Elecciones y juez municipal— y otros funcionarios de la alta jerarquía de la Administración Rosselló Nevares. En los intercambios, se emitían comentarios de corte partidista, lo que constituye una violación de ley dado los puestos públicos que el juez ocupaba.

A los demás integrantes del chat, como García Rodríguez, se les implicó por participar en la conversación a sabiendas de que el Ramos Sáenz era juez y funcionario electoral.

De forma paralela a la pesquisa, García Rodríguez remitió a Rosselló Nevares una queja de Nayda Betancourt Colón, quien alegaba que Vázquez Garced intervenía indebidamente en el caso judicial contra su hijo, Tyrone Torres Betancourt, quien fue convicto por escalar y robar en la vivienda en que se encontraba la hija de la entonces Secretaria de Justicia.

Según Vázquez Garced, la Subsecretaria de la Gobernación envió la queja con el propósito de intimidarla por la pesquisa del chat de WhatsApp, cosa que anunció durante una conferencia de prensa. Posteriormente, la madre del convicto reveló que no se reunió con García Rodríguez, a toda vez que el FEI anunció que no encontró prueba suficiente para sustentar la intimidación.

Tanto ayer como en ese entonces, Vázquez Garced criticó las ejecutorias del FEI.

La exsubsecretaria de la Gobernación, por su parte, sometió una demanda contra Vázquez Garced por difamación, libelo y calumnia en mayo del año en curso.

Es decir, en ese entonces se le señalaba a Vázquez Garced por intervenir en un caso en que su hija era víctima —imputaciones que no prosperaron en el tribunal— y al presente, la funcionaria señala a Longo Quiñones por intervenir en un caso federal que involucra a su madre.

No obstante, para Vázquez Garced son dos cosas diferentes.

“Mezclar ese caso con este es totalmente distinguible y es querer traer por los pelos y justificar una cosa que no tiene ninguna justificación, porque allí mi hija era víctima y yo era madre de una víctima y no había nada ilegal e incorrecto, porque en aquél momento lo que yo hice fue una solicitud de un técnico de asistente de víctimas, como era su derecho y eso fue visto en sus méritos por un tribunal, no fue la opinión de nadie”, afirmó la mandataria.

Luego de la conferencia de ayer, García Rodríguez indicó que “inmediatamente después del chat WhatsApp, nunca me notificaron que era objeto de investigación, solicitaron mis declaraciones como testigo y luego me fabricaron un caso refiriéndome al FEI, incluso con la opinión en contra de los propios fiscales que llevaron el caso”, a modo de refutar declaraciones de Vázquez Garced.

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Pedidos de residenciamiento

Los integrantes del PNP —quienes militan y quienes no militan con Vázquez Garced— hicieron un llamado a que la Primera Ejecutiva explicara la situación, con el fin de disipar cualquier alegación de intervención indebida y obstrucción a la justicia.

La oposición política, por su parte, aludió al inicio de un proceso de residenciamiento, además de exigir una explicación. Varios legisladores del Partido Popular Democrático, entre ellos Ramón Luis Cruz Burgos, han planteado la posibilidad de este proceso.

El residenciamiento es un juicio político encabezado por la Cámara de Representantes contra quien ocupe el cargo de Gobernador o Gobernadora y, de encontrarse culpable, se determinaría su destitución.

En el caso de Rosselló Nevares, un comité de juristas concluyó que se cometieron cinco delitos en relación al chat de Telegram, encabezado por el Primer Ejecutivo, por lo que se recomendó el residenciamiento. No obstante, el Gobernador renunció antes de iniciarse el proceso.

Vázquez Garced, en conferencia de prensa, cuestionó que el proceso comience en la Cámara de Representantes, cuya mayoría novoprogresista apoya a Pierluisi Urrutia en la contienda primarista.

“En un proceso primarista, qué casualidad que es la Cámara de Representantes, que se ha caracterizado por procesos altamente politizados. Podemos esperar cualquier cosa. Qué casualidad que es la Cámara la que sale a pedir ese proceso. Yo estoy preparada y cualquier imputación la tienen que probar frente al pueblo de Puerto Rico”, exclamó Vázquez Garced.

Es la Cámara de Representantes la que ha investigado en los pasados meses la fallida compra de un millón de pruebas de coronavirus y el manejo del almacén de suministros en Ponce, ambas pesquisas que culminaron con referidos a distintas autoridades estatales.

Desde ayer se han compartido convocatorias para manifestaciones frente a La Fortaleza, en la recién denominada Calle de la Resistencia, que se extienden hasta el fin de semana.