Los aumentos en la factura del consumidor no han conseguido mejorar el servicio o evitar interrupciones en el suplido.

Todos los años se habla de la sequía como un suceso ineludible que provocaría el racionamiento de agua en uno o varios sectores de Puerto Rico, pese a que la escasez del agua no solo se debe a las condiciones del tiempo —efectos exacerbados por el cambio climático—, sino a las condiciones de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y las determinaciones administrativas erradas.

Al presente, dos de los 11 embalses están bajo ajustes operacionales, más de 140,000 clientes enfrentan un racionamiento de agua por 24 horas, pero la AAA ha perdido de forma dramática capacidad de almacenamiento de agua en los embalses por el cúmulo de sedimento y es común que pierda alrededor del 58% del agua que produce, debido a los salideros.

Las posibles soluciones para mejorar el panorama se encuentran en documentos institucionales que son “letra muerta”, según el planificador Félix Aponte Ortiz, y las intenciones legislativas por priorizar el tema están detenidas desde el 2018.

“Siempre que estamos en esta precariedad, se sacan tres respuestas: dragado de embalses, desalinización del agua de mar y, si la cosa se pone difícil, vamos a sembrar nubes, como se hizo en el 2015 a pesar de que nunca se recomendó y que no iba a pasar nada. No es posible que volvamos a las recetas históricas”, argumentó.

Aponte Ortiz fue representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la AAA hasta el pasado junio.

El experto mencionó que las soluciones que él y otros conocedores del tema recomiendan están contenidas en el Plan Integral de Recursos de Agua de Puerto Rico, publicado en el 2016 por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al igual que en la versión del 2008.

Esos documentos señalan que el dragado debe ser la última opción, porque es costoso y es insostenible como estrategia para el manejo de la sedimentación en los embalses de Puerto Rico.

Aponte Ortiz señaló que el embalse de Carraízo nada más podría requerir $300 millones para su dragado, pero un fenómeno atmosférico, como un huracán, podría rellenar el sedimento en una noche, como sucedió en el Hortensia en el 1996 y Santa Clara, en el 1956.

“El dragado no es práctico, eficaz ni costo efectivo. Si tuviéramos $300 u $800 millones, deben ir a rehabilitar la infraestructura de transmisión de agua. Cada millón que se invierte en tubería es menos agua que hay que sacar de los embalses. Ahí hay que poner el dinero, desde mi punto de vista”, expresó Aponte Ortiz.

El planificador recordó que en la Isla se registró una sequía severa para la década del 1990, que dio paso a la construcción del Superacueducto, que recorre desde Arecibo hasta San Juan. La construcción, según Aponte Ortiz, se justificaba al decir que esa nueva tubería garantizaría la continuación del servicio para el área de la ciudad capital, pese a cualquier sequía.

“El déficit extremo proyectado era de 80 a 85 millones de galones de agua al día. El Superacueducto iba a traer 100 millones de galones, de manera que no solo garantizaba una oferta diaria, sino que aseguraba el servicio. En ese contexto, se dragó Carraízo como por $70 millones. En el 2014 tuvimos sequía relativamente fuerte y tuvimos que racionar agua, habiendo dragado y teniendo el Superacueducto. Ahora tenemos una sequía moderado y hay que racionar agua”, recordó.

Aponte Ortiz explicó que, además de las tuberías, se debe regresar al uso del agua subterránea como alternativa al agua superficial y mantener el nivel de agua en los embalses de forma estable, otra recomendación incluida en el Plan Integral de Recursos de Agua de Puerto Rico y a la que se le atribuye un costo menor que potabilizar el agua.

En el 2018, el Senado aprobó el proyecto 276, que crearía una nueva política pública para proteger los embalses ya que, según la exposición de motivos, resulta “inaceptable que, en pleno Siglo 21, Puerto Rico no tenga una política pública que disponga sobre el manejo, la conservación y el uso de los embalses de agua. Es inaceptable que nuestros almacenes de agua, que tanto nos ha costado construir, sean tratados con desdén, y peor aún, como vertederos y trampas sépticas”.

La medida bipartita —que a su vez derogaría la Ley 133 de 1986, que rige los embalses— está engavetada en la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales de la Cámara de Representantes desde el 23 de junio de 2018 y la sesión legislativa ordinaria ya finalizó.

La medida no se encuentra entre los proyectos de ley que serían atendidos en la rumorada Sesión Extraordinaria que convocaría la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El CCAR y otros impuestos hasta el 2022

En más de una ocasión a través de los años, la convergencia entre el cambio climático, las condiciones de infraestructura y las determinaciones administrativas ha resultado en un aumento en la factura del consumidor, con el alegado propósito de mejorar el servicio o evitar interrupciones en el suplido.

Sin embargo, al presente unos 140,000 clientes de la zona noreste enfrentan un racionamiento debido a la baja sustancial del embalse de Carraízo, mientras que el embalse de Cidra entró en la fase de ajustes operacionales.

A finales de junio entró en vigor el cuarto aumento tarifario en un plazo de dos años, reflejado en un 2.5% a los clientes residenciales, un 2.8% para los abonados comerciales, un 3.5% para los industriales y un 4.5% para los gubernamentales. Estos cargos están incluidos en el plan fiscal de la AAA, aprobado por la Junta de Control Fiscal, y continuarán hasta el 2022.

Mientras, el 15 de julio se cumplen siete años desde que se implementó un nuevo método de facturación, que incluía un cargo adicional para cumplir con regulaciones federales sobre la potabilidad del agua, luego de que el Tribunal Federal impusiera a la AAA una multa por violaciones al Clean Water Act.

El impuesto, en forma de un Cargo Cumplimiento Ambiental y Regulatorio (CCAR), suponía crear un fondo que mejoraría las condiciones de la infraestructura de la corporación pública, que no se ha materializado.

Este cuatrienio, el Senado también aprobó investigar los objetivos, resultados y duración del CCAR, no tanto así las razones por las que se impuso el cargo y si respondía a la deuda emitida por la AAA en 2012 de $2,100 millones.

Estos fueron los hallazgos de esa investigación:

Varias entidades mostraron su oposición al CCAR, como la Cámara de Comercio y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA).

En septiembre de 2013, meses después de su implementación, el CCAR fue revaluado por la Junta de Gobierno de la AAA, a los fines de cobrarlo por consumo y no por tamaño de contador a clientes comerciales e industriales, pero no se estableció una moratoria al pago del CCAR por diámetro de contador que fue facturado desde julio.

El cargo continúa cobrándose por la AAA.

NotiCel cursó preguntas a la AAA respecto al CCAR, el estado de los embalses y las medidas alternas para lidiar con la escasez de agua, pero al momento de esta publicación no se había recibido respuesta.

“Incapacidad financiera con infraestructura de altos grados de obsolescencia es la realidad que tenemos en el 2020. Tubos rotos y pérdidas que se sienten”, exclamó Aponte Ortiz.