El destaque de Mabel Cabeza Rivera en La Fortaleza se montó de manera irregular y desplazó al Departamento de Salud en la emergencia del COVID-19, según el informe.

La Comisión de Salud de la Cámara de Representantes no parece dudar que la emergencia del coronavirus COVID-19 se aprovechó por altos funcionarios —ligados de una forma u otra a la Rama Ejecutiva— para montar estructuras paralelas que desplazaron al Departamento de Salud en liderato y decisiones de compras millonarias, aunque no contaban con la experiencia necesaria para ejecutar estas tareas y salvaguardar la salud del pueblo de Puerto Rico.

En su informe final de la investigación sobre el proceso de compra de las pruebas para detectar el COVID-19, la Comisión apunta hacia Mabel Cabeza Rivera como uno de los eslabones principales de un alegado esquema, que no solo trata de una frustrada transacción de $38 millones con la empresa Apex General Contractors (APEX) para adquirir un millón de pruebas serológicas, sino de cómo se han acomodado familiares y allegados en cargos o negocios públicos.

Cabeza Rivera se desempeñaba como jefa de personal, o “Chief of Staff”, de Salud desde el inicio del cuatrienio en el 2017, bajo el mando de entonces secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. Tres años después, y en medio de una pandemia, se convirtió en la primera asesora de La Fortaleza en asuntos de salud desde, precisamente, el 2017, aunque se desconocía su experiencia en el campo de la salud pública y solo ejerció las funciones por seis días.

En palabras de la Comisión de Salud:

“El destaque de personas en el COE [Centro de Operaciones de Emergencia] permitió que se creara un equipo de compras (Sra. Mabel Cabeza, Sra. Adil Rosa y la Sra. Mariel Rivera), liderado por el Medical Task Force, paralelo al de la Oficina de Compras del Departamento de Salud, con el agravante, de que las personas que trabajaron la orden de compra otorgada a Apex General Contractors no contaban con la preparación, experiencia, ni capacidad para manejar las compras especializadas y sensitivas como los son las compras de pruebas y/o ventiladores tan necesarios para salvar vidas en medio de la pandemia”.

Salud había designado su propio enlace

Con la salida de Rodríguez Mercado a mediados de marzo y el ascenso de la doctora Concepción Quiñones de Longo, salió a relucir que Cabeza Rivera contaba con poder decisional en la agencia, tenía acceso a La Fortaleza y era quien tramitaba contratos y coordinaba las compras, de acuerdo a las declaraciones de múltiples testigos ante la Comisión de Salud, entre ellas la propia Quiñones de Longo.

Cabeza Rivera era, según le llamaban, la Secretaria “de facto” de Salud, aunque rechazó esas alegaciones y el rol que le atribuyeron en la compra de pruebas para detectar el COVID-19.

Luego de ser destituida por Quiñones de Longo, Cabeza Rivera se convirtió en la persona enlace entre La Fortaleza y el “Task Force” Médico creado para asesorar a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en la emergencia del COVID-19, meramente por “lucir bien en una reunión” y por recomendación de la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez. No obstante, el cargo de enlace ya tenía nombre y apellido.

“En el tiempo en el que la Dra. Concepción Quiñones de Longo estuvo a cargo del Departamento, emitió una directriz escrita a fin de designar a la Dra. Hassan como coordinadora del equipo de epidemiología y a Sra. Carmen Rodríguez como asistente para respuesta de COVID-19. La carta que fue redactada el 19 de marzo de 2020 establece que la Dra. Hassan tendría a su cargo dirigir y coordinar todos los esfuerzos del Departamento de Salud y fungir como enlace del Medical Task Force", esbozó el informe, en referencia al testimonio del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle.

A preguntas del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, "el deponente reconoció que la doctora tenía potestad para realizar tales designaciones. A pesar de ello, la Sra. Mabel Cabeza fue designada como enlace del Task Force a partir de la misma fecha”.

El funcionario aseguró que desconocía sobre la designación de la doctora Encijar Hassan Ríos, pero defendió la designación de Cabeza Rivera, por entender que harían funciones distintas.

“Se indagó respecto a si la Sra. Mabel Cabeza había ejercido como médico o epidemióloga, a lo cual respondió en la negativa y admitió que la decisión del destaque de ésta se tomó basada en que lució bien en una reunión y en las necesidades al momento”, esbozó el informe, también en referencia a las declaraciones de Pabón Batlle.

A preguntas de la Comisión, el funcionario explicó que en la Mansión Ejecutiva no había un asesor en el área de salud desde el 2017.

El informe resume que Cabeza Rivera llegó a Salud luego de trabajar en la campaña de Ricardo Rosselló Nevares —primer inquilino de Fortaleza este cuatrienio— en el área de salud y que también laboró como agente de seguros de Triple-S por cuatro años.

Una investigación de NotiCel reveló que el nombre de Cabeza Rivera no figura en la lista oficial de colaboradores del Plan para Puerto Rico, plataforma de gobierno de Rosselló Nevares, y dos fuentes aseguraron que no participó en los trabajos del documento, pues solo fue en un par de ocasiones a reuniones como acompañante de otra persona.

Comisión incluye contratación de hermana

Al imponerse el deseo de La Fortaleza y crearse la estructura paralela, Quiñones de Longo reiteró sentirse como un “sello de goma”, en la medida en que su rol se limitaba a firmar contratos. El primer informe de la Comisión de Salud utilizó el testimonio de la exfuncionaria como el cimiento de los hechos y como material para confrontar las versiones ofrecidas por los demás deponentes.

En este segundo informe, la Comisión de Salud abunda en el concepto de la estructura paralela y le atribuye a Cabeza Rivera la contratación de su hermana, Lumary Cabeza Rivera, en la Administración de Seguros de Salud (ASES), y evitar la destitución en Salud de Anaís Lacaustra Ortiz, una excompañera de trabajo en Triple-S.

Estas menciones no inciden directamente en el norte de la investigación (las pruebas de COVID-19), pero surgieron en los testimonios y aluden a otras porciones de la investigación y la Resolución de la Cámara 1741, que serían discutidas más adelante.

Según la Comisión de Salud, como “Chief of Staff”, Cabeza Rivera intervino para que se le aumentara el sueldo a su hermana de $50 a $85 la hora bajo el Programa de Salud Medicaid, aunque esa posición suponía pagar $50.

“Incluso, surge del correo electrónico cursado por la Directora Ejecutiva del mencionado Programa al entonces secretario, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, con fecha del 4 de junio de 2018 que ésta le expresa lo siguiente: ‘Ella (Lumary) indica que ha conversado esto con Mabel y con usted, por lo cual en el momento le dije que estaba bien. Nuevamente, no quiero tener problemas con ninguna de las dos ni perder la confianza de Mabel’”, de acuerdo al informe.

La Comisión de Salud da por ciertas las alegaciones contra Cabeza Rivera al reiterar que el actual secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, despidió a la funcionaria y canceló los contratos con la empresa Manpower al llegar al cargo.

Similarmente, de acuerdo al recuento, Cabeza Rivera interceptó una comunicación en la alta cúpula de Salud para evitar la salida de Lacaustra Ortiz con el mensaje: “No procede. Mabel Cabeza Rivera. Cualquier cosa se puede comunicar conmigo. Saludos”.

Cabeza Rivera fue referida a las autoridades pertinentes por alegado perjurio y negligencia en el cumplimiento de su deber, a raíz de sus declaraciones en vistas públicas ante el cuerpo legislativo.

Junto a Cabeza Rivera, la Comisión de Salud apunta hacia el licenciado Juan Maldonado De Jesús, el supuesto abogado de APEX, y a varios funcionarios del Departamento de Hacienda, y del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, entre otros.

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