Una modificación en el estándar de aprobación impuesto por la acreditadora causó que dos facultades de Derecho de la Isla incumplieran con dicho requisito.

Antes de aprobar el cambio en el estándar 316, la American Bar Association (ABA) votó en contra de esa propuesta que exige que el 75 por ciento de los graduados de las escuelas de derecho apruebe el examen de la reválida en los a dos años posteriores a su graduación.

Pero el año pasado el consejo la ABA finalmente aprobó el cambio, pese a que algunos delegados temían que el nuevo requisito tendría un efecto adverso en las escuelas de Derecho con una matrícula predominantemente minoritaria.

Diez universidades incumplieron con el estándar de aprobación, incluyendo las escuelas de Derecho de la Universidad Interamericana y de la Pontificia Universidad Católica. Ambas recibieron recientemente una comunicación oficial de la acreditadora informando el incumplimiento y requiriendo un informe de progreso para el 1 de febrero de 2021.

Al reaccionar a la notificación, el presidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernós, instó al Tribunal Supremo a procurar una solución a esta situación, puesto a que los exámenes de reválida en la Isla miden competencias diferentes a las pruebas que se administran en los Estados Unidos, que son ruebas competitivas. En Puerto Rico, la reválida está a cargo de la Junta Examinadora de Aspirantes a la Abogacía y la Notaría adscrita al Tribunal Supremo.

“Hay que cambiar las pruebas de tipo normativo a un examen que mida las competencias del examinando. Y eso hay que hacerlo a la mayor brevedad posible. Hay que tomar acción ya. Estamos haciendo gestiones y dando seguimiento al asunto esperando que haya una reunión con la juez presidenta para exponer el problema y confiamos y esperamos que se tome acción”, apuntó en esa ocasión.

Para el Decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Fernando Moreno Orama, el examen administrado a los estudiantes de derecho de la Isla también constituye la razón principal para el bajo desempeño de los universitarios boricuas en la reválida.

“Los estudiantes de derecho local hablan otro idioma, estudian derecho en español y hay complejidades que nos aíslan. Administramos una prueba local hecha por una Junta del Tribunal Supremo sin un proceso democrático de decisión, de una junta que nombran y trabajan a puerta cerrada. De este proceso es muy poca la información que recibimos sobre calibración, el examen o cualquier otro tipo de información”, expuso en entrevista previa.

Por ello, tanto Moreno Orama como Fernós urgieron al Tribunal Supremo a tomar medidas para mitigar la situación.

La curia confirmó que dialoga con las escuelas de Derecho, pero no ofreció una alternativa para solucionar el problema.

“Ante la discusión sobre el examen de reválida como consecuencia de la notificación del American Bar Association a las facultades de Derecho por el incumplimiento con el estándar de acreditación, tanto la Jueza Presidenta, Maite D. Oronoz Rodríguez, como el Director de la Junta Examinadora de Aspirantes a la Abogacía y la Notaria, Héctor Rodríguez Mulet, se han reunido con representantes de la ABA y con los decanos de las tres facultades de Derecho de Puerto Rico para discutir sus preocupaciones. Ante los nuevos señalamientos presentados, se continuará la comunicación directamente con ellos”.