La respuesta gubernamental ante la pandemia del Covid-19 debe equilibrar las libertades civiles y la salud pública, según expertos.

Las medidas de rigor para los visitantes que lleguen a Puerto Rico por un aeropuerto son necesarias para evitar que esos espacios se conviertan en foco de contagio del coronavirus COVID-19. Sin embargo, abogados advierten que la implementación de estos protocolos podría verse imposibilitada porque violentan los derechos civiles.

El pasado martes, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que toda persona que llegue a Puerto Rico sin haberse realizado una prueba para detectar el COVID-19, tendrá que someterse a una prueba serológica y una cuarentena obligatoria de 14 días en lo que recibe los resultados.

En caso de salir positivo al virus, la persona debe realizarse una prueba molecular y asumir el costo, al igual que los gastos de alojamiento en cuarentena.

Esa medida se uniría a un programa de rastreo y seguimiento de casos aleatorio liderado por el Departamento de Salud, así como la exigencia de que cada persona debe cubrirse la boca y la nariz cuando salga en público, ya sea con una mascarilla o una bufanda. De incumplir, las personas se exponen a una pena de cárcel o una multa ascendente a $5,000.

El decreto, que encabeza una nueva Orden Ejecutiva (OE), levanta preocupaciones sobre la invasión a la intimidad, la arbitrariedad de los decretos gubernamentales y la efectividad del acercamiento punitivo a un asunto de salud pública, según el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), William Ramírez.

“Mientras más invasivas son las medidas, menos pueden hacer. Mientras más invasivo, más consentimiento necesitan de la persona y menos poder tiene el Estado de entrometerse, como es el caso del COVID-19 que te introducen un palo por las vías nasales. Si el Estado entiende que la persona tiene que someterse porque entiende que es peligro para sí mismo y la comunidad, tiene que pedir una orden judicial y eso es en cada caso”, explicó Ramírez.

O sea, para llevar a cabo las pruebas obligatorias, el Estado requeriría una orden judicial para cada caso en que una persona se niegue a realizarse la prueba de forma voluntaria.

Justo cuando Vázquez Garced realizaba el anuncio y advertía sobre la obligatoriedad de las pruebas diagnósticas, en un terminal del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, una mujer que llegó a Puerto Rico se negó a realizarse la prueba para detectar el virus porque "no le gustaba" y "no le daba la gana".

Entre la uniformidad y el coloniaje

El abogado, quien también cuenta con una maestría en Salud Pública, comparó el acercamiento legal del COVID-19 con el del Virus de Inmunodefiencia Humana (VIH), en la medida en que las pruebas para detectar este último no son obligatorias, aunque ha cobrado miles de vidas. Expresó que fue a partir del VIH que en corte se distinguió entre las condiciones que son infecciosas de forma casual y las que no.

“El que tiene una condición que no infecta a otro de forma casual tiene más protección que el que infecta a otro casualmente. COVID es una de esas infecciones, pero aún así tenemos el asunto de si la persona quiere someterse a la prueba o no”, argumentó Ramírez.

El experto detalló que, para acudir ante un juez y probar su caso, el Estado podría apoyarse en que tiene un interés apremiante de salvaguardar la salud pública en medio de una pandemia, pero tendría que presentar datos que justifiquen que esa es la única forma en que se puede conseguir ese interés apremiante.

Esos datos, a su vez, están influenciados por la uniformidad y consistencia con la que se lleven a cabo las pruebas para detectar el COVID-19 en el aeropuerto. Ramírez advirtió que podría catalogarse como discrimen si se permite que algunos turistas o residentes entren a la Isla sin realizarse la prueba y otros no.

Hasta el momento, el cernimiento de la Guardia Nacional en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, es voluntario.

“El problema va a ser en la uniformidad. Van a ser estrictos con algunos y no tan estrictos con otros. Van a haber demandas. Obligar a hacerte la prueba, también habrá demandas. Esto es una cuestión de disciplina de cada individuo. Esto no es blanco y negro. Ambas partes tienen razón. El gobierno tiene poder y obligación a tomar ciertas medidas y operar bajo la apreciación de que los derechos fundamentales no son absolutos, lo que pasa es que no pueden ser arbitrarios y tampoco se puede aplicar de forma diversa, dependiendo quién tú eres. Al turista no le van a tratar igual que al puertorriqueño, hemos visto la historia”, aseguró Ramírez.

El Director Ejecutivo de la ACLU indicó que, al Puerto Rico ser un territorio colonial de los Estados Unidos, carece de la soberanía necesaria para restringir la libertad de movimiento a los turistas del extranjero al someterlos a una cuarentena obligatoria o amenazarlos con encarcelarlos si no cumplen.

“China y Costa Rica lo hicieron. Si tú controlas tus fronteras, controlas cómo vas a hacerlo. Puerto Rico no tiene la autoridad para hacer eso. En cuanto a lo que se puede o no hacer en cuanto a derechos fundamentales, los estados los adoptan o no. Puerto Rico los adopta por Estados Unidos, porque la constitución aplica, pero también la Constitución de Puerto Rico tiene esas disposiciones, así que en cuanto al derecho a la intimidad aplica, pero en cuanto a comercio interestatal, eso es federal”, advirtió Ramírez.

Las medidas, que aplican al aeropuerto internacional en Carolina, al aeropuerto internacional Rafael Hernández, en Aguadilla, y al aeropuerto internacional Mercedita, en Ponce, entrarían en vigor el 15 de julio.

La mascarilla es esencial

Como parte de las exigencias de la nueva OE, la Gobernadora aseguró que sería obligatorio portar una mascarilla en lugares públicos, una bufanda o algún material que cubra la nariz y la boca, a modo de evitar la propagación del COVID-19 y cumplir con las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

En Estados Unidos, aunque 46 de los 50 estados de los Estados Unidos tienen algún tipo de directriz sobre las mascarillas, solo 17 de ellos exigen que los ciudadanos la usen en todo momento al salir de sus hogares.

Cuatro estados, en cambio, no tienen requerimiento alguno sobre las mascarillas: Iowa, Montana, Wisconsin, Dakota del Sur.

En estados como Florida, varios ciudadanos se han negado a ponerse una mascarilla, al citar “problemas respiratorios”, limitaciones de movilidad y levantar su dignidad y derecho a la intimidad, razón por la cual han desafiado las directrices gubernamentales.

Sin embargo, no han llevado esos planteamientos a nivel judicial, de acuerdo al presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Edgardo Román Espada, por lo que no vislumbra una controversia de ese tipo en Puerto Rico.

“Desde una perspectiva legal, no veo un espacio extraordinario para una controversia jurídica. Al contrario, el llamado del Colegio de Abogados y Abogadas es a que las usen. El uso de la mascarilla no es nuevo, esa sección en la Orden Ejecutiva es similar a la que se había utilizado anteriormente y no ha habido un caso específico que cuestione usar mascarilla al visitar establecimiento o las oficinas. Ningún tribunal se ha expresado al respecto. Nos parece razonable que en lugares públicos, donde haya contacto es que la gente utilice mascarilla”, subrayó Román Espada.

El licenciado reiteró que este tipo de obligaciones pueden ponerse en práctica si son de corte salubrista, si resultan efectivas y no son onerosas para el Estado.

En ese aspecto, Román Espada distinguió el uso de mascarillas y el distanciamiento físico como medidas aceptadas, pero cuestionó el toque de queda porque, “si el contagio de COVID-19 es uno de contacto, da lo mismo que sean las nueve de la noche, las diez de la noche o las siete”.

Lo que podría ser cuestionado de estos nuevos anuncios, argumentó, es la soberanía del gobierno local para tomar estas medidas y el hecho de que el rol de la legislatura se ha relegado a un segundo plano y varios asuntos se han manejado mediante órdenes ejecutivas, como el toque de queda.

“Me parece que la principal dificultad o escollo que hay que atender es que con el comercio interestatal, las personas y la mercancía, porque traen mercancía, la soberanía es del gobierno federal. Desconozco las gestiones de la Gobernadora con las autoridades federales, pero esto pudiera acarrear controversia legal referente a la jurisdicción con los pasajeros. Eso contrario a simpatizar que en el aeropuerto se deben implementar medidas de seguridad. Debo presumir que ha estado en conversaciones con las autoridades federales, de lo contrario, abre la puerta a que se impugne a nivel federal y se caiga”, apuntó Román Espada.