Ante el efecto adverso en su acreditación, la institución urgió al Tribunal Supremo a revisar el examen de reválida que se administra en la Isla para atenuar la diferencia en criterios de evaluación del acreditador nacional.

La acción que tomó la American Bar Association (ABA) de modificar el llamado ‘estándar 316’, relacionado a las reválidas de las escuelas de derecho, tendrá un impacto severo en aquellas escuelas con comunidades desaventajadas, a juicio del Decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el licenciado Fernando Moreno Orama.

Esta universidad, ubicada en Ponce, también recibió una notificación de parte de ABA, que es reconocido por el Departamento de Educación de los Estados Unidos como el acreditador nacional de las escuelas de derecho, en la que alertó a la institución de un “incumplimiento significativo con el estándar 316”. Este criterio establece que al menos el 75 por ciento de los graduados de una escuela de derecho deben aprobar la reválida en un período de dos años cumplidos a partir de la fecha de graduación.

“Esto tiene dos partes. La acción que tomó la ABA fue antipática en el momento que se aprobó y se le votó en contra dos veces en el pleno, y como quiera se aprobó por la agencia acreditadora, y en Estados Unidos se ha cuestionado mucho cómo el estándar va a tener un impacto negativo en las escuela de derecho con comunidades desventajas, específicamente las escuelas con poblaciones de gente negra, de gente de clase trabajadora y los pobres”, explicó a NotiCel Moreno Orama.

“De las 200 escuelas, 11 no cumplen y cuando ves las comunidades a las que sirven, se empieza a ver lo que se alertó desde el principio, que son aquellas pequeñas, con hispanos, negros, pobres y esto trae un ‘issue’ de diversidad en la profesión, de quién va a ser abogado a la larga, si solo permitimos que gente de ciertos ingresos tengan acceso a los estudios”, añadió.

Moreno Orama coincidió con el presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el licenciado Manuel Fernós, en que el examen que se administra a los estudiantes de derecho de la Isla es el causante de que los graduados puertorriqueños tengan un índice menor de aprobación de la prueba en comparación con los estudiantes de Estados Unidos.

“Los estudiantes de derecho local hablan otro idioma, estudian derecho en español y hay complejidades que nos aíslan. Administramos una prueba local hecha por una Junta del Tribunal Supremo sin un proceso democrático de decisión, de una Junta que nombran y trabajan a puerta cerrada. De este proceso, es muy poca la información que recibimos sobre calibración, el examen o cualquier otro tipo de información”, expuso.

El Decano destacó que, desde que se aprobó el estándar, se ha reunido con los distintos decanos y con la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, en dos ocasiones, para la necesidad de atender este asunto con urgencia. Señaló que, en su opinión, el Tribunal entendió la importancia del tema. Sin embargo, desconoce si se está tomando alguna medida al respecto.

La Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría del Tribunal Supremo tiene a su cargo los exámenes de reválida.

“La situación se torna aún más grave porque la revalida de marzo fue cancelada por el COVID-19. Es serio porque es una oportunidad menos que tienen los estudiantes para tomar la reválida ahora que tienen dos años. Es importante que los jueces del Supremo entiendan que esto le puede costar mucho a las futuras generaciones de abogados del país”, destacó Moreno Orama.

Ante este panorama y para cumplir con los requerimientos de estándar 316, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico ha implementado un proceso de admisiones más riguroso. Esto ha provocado que la matrícula se contraiga más. La institución exige un promedio mínimo de 2.50 para graduarse. Además, implementó un programa de entrenamiento para los estudiantes para que los alumnos puedan recibir mentoría durante todo el proceso.