El presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales, asegura que Ricardo Vázquez debe divulgar información sobre el margen de ganancia de la venta de las pruebas rápidas por tratarse de información pública.

El representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes aseguró que acudirá al tribunal nuevamente para obligar a Ricardo Vázquez Hernández, socio fundador de la compañía 313 LLC, a divulgar cuánto ganó compañía en la venta al Departamento de Salud de 101,500 pruebas rápidas para detectar el COVID-19 por $3.6 millones.

Morales lanzó la advertencia durante una vista pública de la Comisión de Salud, que investiga esta transacción realizada a inicios de la pandemia del novel coronavirus, y en donde Salud pagó por adelantado el 100 por ciento de la compra, a pesar de que la orden de compra estipulaba que solo debía pagarse un 60 por ciento al momento del pedido y el otro 40 por ciento al momento de la entrega.

El representante anticipó que discutía los detalles de la acción legal con los abogados de la Cámara baja para acudir a los tribunales entre hoy o mañana.

Como parte de la petición, pedirá al juzgado que ordene a Vázquez Hernández a entregar copia de las facturas con el precio de adquisición de las pruebas rápidas para determinar el margen de ganancia de la polémica transacción.

Vázquez Hernández se había negado a declarar ante la Comisión de Salud aduciendo que coopera con autoridades estatales y federales que también investigan la polémica compra.

Pero arribó esta mañana al Salón de Audiencias Severo Colberg Ramírez del Capitolio luego de que el juez Anthony Cuevas Ramos del Tribunal de San Juan ordenó que compareciera a responder las preguntas de los legisladores.

Vázquez Hernández relató que el 22 de marzo comenzó el proceso de la orden de compra, después de ser contactado por la exsecretaria auxiliar de Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa el 20 de marzo. En ese momento fueron ordenadas 1,500 pruebas rápidas que facturó a $45 por unidad.

Sin embargo, el deponente rechazó divulgar el monto de su ganancia, alegando que la pregunta no era pertinente por ser un tema “de negocios”.

“Claro que es pertinente. Son pruebas que pagó el pueblo de Puerto Rico. Sí es pariente para la investigación… Le está negando al pueblo de Puerto Rico una información que debe ser pública, en cuánto las compró y en cuánto las vendió. Lo esta negando. Dígalo de frente a todas las personas que lo están escuchando, que ellos no merecen conocer en cuánto las compró y en cuanto las vendió, dígale eso. Que no puede saber en cuanto las adquirió, dígale al pueblo eso. La pregunta es sencilla: ¿en cuánto las compró?”, ripostó Morales.

“Voy a ir al Tribunal por que usted con sus contestaciones obstruye que nosotros podamos hacer nuestra investigación como debe ser. Es una acción muy temeraria de parte suya. Los actos tienen que tener consecuencias. No podemos seguir mirando hacia el lado bajo el pretexto que son cosas de negocios. Para eso, tenía que pensarlo antes y no hacer negocios con el pueblo de Puerto Rico”, agregó el presidente de la Comisión de Salud.

La transacción entre el Departamento de Salud y la empresa 313 LLC, que previo a la pandemia se especializaba en área de la informática y que ha sido vinculada a funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP), luego se expandió a una segunda orden de 100,000 pruebas adicionales, a un costo de $36 cada una.

En ambas transacciones, la empresa 313 LLC recibió la totalidad del dinero, pese a que las pruebas rápidas no habían sido entregadas al Departamento de Salud. El 27 de marzo la agencia pública desembolsó los $3.6 millones a la empresa.

Vázquez Hernández dijo que desconocía por qué Salud había tomado la decisión de remitir la totalidad del pago por adelantado y aseguró que nunca fue un requerimiento de su parte.

De acuerdo a la orden de compra, 313 LLC tenía hasta 10 días para entregar las pruebas al Departamento de Salud, pero la empresa no cumplió con la fecha de entrega estipulada. El 13 de abril, 10 días después de que se vencía la fecha límite de entrega, Salud recibió 49,000 pruebas. Quedó pendiente un balance de 51,000 pruebas, que no han sido entregadas porque la agencia se ha negado a recibirlas.

“La realidad es que usted acudió al Tribunal y el juez dio no ha lugar a su petición de que se le ordenara que recibiera las pruebas y el Departamento quiere una modificación en el precio, porque ahora tiene una idea de cuánto es el precio en el merado de esas pruebas y se dieron cuenta de que los precios los triplicaron y usted no accedió a esa petición del Departamento de Salud”, planteó Morales.

El deponente negó esta aseveración.

El interrogatorio en ocasiones se tornó tenso y atropellado, ya que el deponente se negó en repetidas ocasiones a responder a las preguntas del cuerpo legislativo, y detuvo constantemente la línea de preguntas para consultar a su abogado.

Durante la vista, relató que nunca había hecho negocios con el gobierno ni el Departamento de Salud y que fue contactado por Adil Rosa, después de que ella llamara a la compañía Zogen Genética Molecular y le dijeran que Vázquez Hernández era quien estaba a cargo en la Isla de establecer la conexión.

“Adviene en conocimiento después de que el Departamento de Salud recibe correo electrónico y Zogen Genética contesta que el contacto exclusivo en Puerto Rico de esas pruebas era 313 por conducto de Ricardo Vázquez. Así es que el Departamento de Salud se acerca a mí”, contó, para luego exponer que el señor Marcell Peguero, de la compañía mexicana, le puso al tanto que lo había referido.

Expuso que la primera llamada telefónica la recibió de parte de Adil Rosa Rivera y que no la conocía con anterioridad. A preguntas de Morales, también señaló que, en el mismo mes de marzo, pero antes de que se diera el negocio con el Departamento de Salud, había sumado a nuevos socios en su compañía, que fueron identificados como Juan Suárez, Wilfredo Rodríguez y Miguel García. Aseguró que 313 LLC había sido incorporada en 2018 y que no había operado hasta 2020.

En el interrogatorio Vázquez Hernández también objetó “por pertinencia” contestar si conocía a Juan Maldonado, exdirector de la Autoridad de Transporte Marítimo y abogado, quien sirvió de enlace entre la compañía Apex General Contractors y el gobierno, también investigada por una transacción fallida por un millón de pruebas rápidas de coronavirus.

“¿Ha hecho negocio con Juan Maldonado?”, preguntó Morales.

“313 no ha hecho negocios con el Sr. Juan Maldonado”, respondió.

“313 ha estado envuelto o ha sido socio en compañías de Juan Maldonado?”, insistió Morales.

“No ha sido socio ni ha estado envuelto en compañías con Juan Maldonado”, destacó el deponente.

También se negó a responder si era socio o tenía alguna relación con otras compañías como Vertical Consulting Group, Vertical LLC, Galaxy Games y Ark Propeties.

Vázquez Hernández se había ausentado en tres ocasiones a citaciones de la Comisión para responder sobre la venta al Departamento de Salud de pruebas para detectar el COVID-19. Sin embargo, se debió presentar este lunes, después de que fuese ordenado por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Aún así, tan pronto prestó juramento, solicitó a los legisladores que la vista se realizara en privado, amparado en su derecho de confidencialidad por estar cooperando con las autoridades.

“Nos tiene que dar herramientas y en qué consiste su petición. No podemos venir aquí por mero capricho a hacer esa solicitud. Queremos hacer esto a la luz del día. Se le otorgaron fondos del pueblo de Puerto Rico y a ese pueblo tenemos que rendirles cuantas al final del día y aclarar la manera y forma en que se hicieron estas compras”, respondió Morales.

“Luego de haber hecho una consulta con cada miembro de la Comisión, se ha decidido por unanimidad que después de haber presentado su petición con relación a una vista ejecutiva, lamentablemente, no ha presentando una justificación que podamos sustentar y responder al país las razones por las cuales no vamos a continuar nuestra vista pública para que pueda contestar a esta Comisión cada una de las preguntas que estimemos pertinentes. No vamos a conceder la petición con relación a la vista ejecutiva”, abundó.

A pesar de la advertencia, Vázquez Hernández insistió en que no podía responder a las preguntas, por lo que fue advertido que pudiera ser hallado en desacato.

“Ante la decisión del pleno, me reitero que no puedo declarar ante una vista pública”, expuso Vázquez Hernández.

“¿Se niega a presentar testimonio?”, respondió el presidente.

“No es que me esté negando, pero los planteamientos que nos han hecho en derecho entiendo que se deben atender”, respondió.

El portavoz independentista Denis Márquez Lebrón intervino para exhortarlo a declarar ya que, de lo contrario, se podía acudir al tribunal.

“Le exhorto a que deponga porque esta Cámara tiene el poder de solicitar al tribunal encontrarlo en desacato”, señaló Márquez Lebrón.

Luego, la vista dio inicio con múltiples encontronazos entre el empresario y el cuerpo legislativo por negarse a responder a una serie de preguntas.