Los investigadores alegan que la corporación pública adjudicó un lucrativo acuerdo para conversión y entrega de gas natural a una planta de generación eléctrica en un proceso amañado.

Una investigación basada en documentos públicos obtenidos a través de un litigio con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) incoado por el Instituto para Economías Energéticas y Análisis Financiero (IEEFA por sus siglas en inglés) y CAMBIO, arrojó que la empresa New Fortress Energy (NFE) habría tenido una ventaja injusta sobre sobre sus competidores en la adjudicación de un contrato de $1,500 millones, con el que se realizaría “el primer gran proyecto de generación de la AEE desde que el huracán María devastó la Isla en septiembre de 2017”.

El millonario contrato estaba destinado a la conversión de las unidades 5 y 6 de la central eléctrica de San Juan a gas natural. La gobernadora Wanda Vázquez Garced y el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, inauguraron del muelle de ese gas natural de NFE el pasado 22 de mayo y aseguraron que representaría un ahorro mensual promedio de entre $8 y $12 en las facturas de los clientes.

El informe presentado por IEEFA recomienda la cancelación del contrato a New Fortress Energy, una evaluación inmediata por un grupo de trabajo oficial compuesto por agencias federales y estatales de ley y orden público, así como entes reguladores, y la creación de un puesto de Inspector General que pueda trabajar para instituir prácticas eficaces y eficientes que erradiquen el despilfarro, el fraude y la corrupción en la corporación pública.

“El director ejecutivo o principal oficial ejecutivo de la AEE no debe ser elegido por el gobernador, sino a través de un proceso transparente y abierto que priorice las calificaciones de los candidatos y su compromiso con la transformación a largo plazo de la AEE en beneficio de la gente, en lugar de las prácticas actuales de afiliaciones a partidos y ganancias personales”, reza el informe de 49 páginas.

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La investigación realizada por Tom Sanzillo del IEEFA e Ingrid Vila Biaggi de CAMBIO destaca que la AEE y su asesor financiero, Filsinger Energy Partners (FEP), sostuvieron reuniones con representantes de NFE a principios de 2018 para discutir el proyecto antes de que se emitiera una solicitud de propuestas de parte de la AEE. “La AEE y sus asesores recibieron una propuesta no solicitada de NFE a finales de 2017 y principios de 2018, la revisaron, se reunieron con NFE, recibieron una propuesta revisada y redactaron la solicitud de propuestas en abril de 2018”.

El informe explica que los asesores financieros de la AEE mantuvieron las reuniones con los representantes de NFE mientras se trabajaba con la redacción y revisión de la propuesta, en asuntos relacionados a la evaluación ambiental, de manera que el proyecto pudiese adelantarse. “FEP asumió el papel principal en la preparación de la respuesta de la Autoridad a la evaluación ambiental formal de NFE”, detalla.

Además, señala que en mayo de 2018, “el jefe de la División de Ingeniería y Servicios Técnicos de la AEE expresó su preocupación por la ventaja que tenía NFE”.

El documento titulado "¿Está amañado el futuro energético de Puerto Rico?" expone que el Comité de Evaluación de propuestas de la AEE incluía a personas del grupo de asesoría financiera de la agencia que habían estado en contacto con los representantes de NFE y que habían revisado la propuesta original no solicitada.

“El incumplimiento de la AEE con sus propias directrices sobre el proceso de RFP (propuestas), así como el acceso continuo de NFE a los consultores, funcionarios e información de la Autoridad, proporcionó a NFE una ventaja injusta en detrimento de la AEE, otros licitadores y el interés público”, estipula el informe.

De acuerdo a la investigación, la AEE no reveló a otros competidores que la empresa NFE “tenía control del espacio del muelle” en el puerto de San Juan, algo esencial para este modelo de negocio.

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El informe también cuestiona si la estructura de precios del contrato NFE repite muchos de los mismos abusos fiscales que contribuyeron a la quiebra de la AEE, entre otras cosas.

Procesos de aprobación

Los investigación también cuestiona la forma en que la compañía logró pasar por los cuatro procesos de aprobación, incluido el cumplimiento con la Ley Jones, ya que actualmente no hay buques de Gas Natural licuado que cumplan con esta ley.

El documento menciona que en una carta del 3 de abril de 2018, Departamento de Seguridad Nacional, Oficina Internacional de Reglamentación y Regulación Comercial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, respondió a una consulta sobre si el uso por parte de New Fortress de un buque clasificado como navío que no cumple con el régimen de cabotaje como una unidad de almacenamiento constituía una violación de la Ley Jones.

"New Fortress presentó la carta como evidencia del Cumplimiento de la Ley Jones. No está claro cómo el Departamento de Seguridad Nacional pudo certificar el cumplimiento de la Ley Jones, la cual requiere que los envíos entre puertos de los Estados Unidos se lleven a cabo en buques con bandera estadounidense”, revela el informe.

Otra aprobación fue la de la Junta de Control Fiscal, que aprobó el proyecto en marzo, a pesar de que los precios fueron entre 30 a 40 por ciento más altos que los de referencia de la industria.

El informe establece la necesidad de una revisión en la gobernanza de la AEE. “Un proceso de transformación verdadero debe recuperar la confianza pública y demostrar una responsabilidad real ante el pueblo de Puerto Rico”, concluye.

AEE insiste busca reducir costos a largo plazo

El director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, reaccionó por escrito a NotiCel y señaló que se trata de un proyecto que fue aprobado y que busca reducir los costos a largo plazo, así como cumplir con las reglamentaciones ambientales.

“Este proyecto (NFE) está contenido en el Fiscal Plan, y fue avalado por Junta de Supervisión Fiscal, el Procedimiento Administrativo y el Tribunal Apelativo. Este grupo demuestra total desconocimiento del contrato, de los foros que pasaron juicio sobre el proceso y de que tiene decisión final y firme de los tribunales. El proyecto es importante para reducir costos a largo plazo (no dependiente de fluctuaciones del barril), para cumplir con la reglamentaciones ambientales de emisiones al ambiente y para poder generar energía barata cerca de la demanda en el área metropolitana. La inversión fue privada y las modificaciones a las unidades a la planta de San Juan permiten escoger lo más económico, sea diesel o gas natural. Aunque las consideraciones económicas para bajar la factura a largo plazo con gas natural es a donde se esta moviendo el mundo, el factor de cumplimiento ambiental lo hace obligatorio. La defensa de este grupo a intereses privados dista mucho de las necesidades del pueblo de PR”, señaló.

Al cierre de esta edición, portavoces de New Fortress Energy no habían respondido a una solicitud de reacción a la investigación.

Mira la investigación aquí.