Aunque el consumo del producto local se va reivindicando, la realidad del sector agrícola sigue siendo precaria, mientras cada día son menos las tierras para arrendar a los agricultores

Desde que comenzó la pandemia y se instauró el toque de queda en Puerto Rico, la mesa boricua retomó un lugar central en el diario de la gente. Los productos frescos y del país han adquirido un valor distinto, no solo ante las dinámicas que casi obligan a cocinar las tres comidas en casa, sino por los retos de salir a hacer la compra, lo que a su vez ha popularizado formas de distribución y consumo, como las cajas de alimentos entregadas a la puerta.

Mientras esto ocurre, el sector agrícola en general sigue enfrentando grandes retos.

Un proyecto agrícola puede comenzar con el arriendo de un terreno a través de la Autoridad de Tierras (AT) de Puerto Rico, dependencia del Departamento de Agricultura que determinará la cantidad de cuerdas que se deben adecuar para la producción agrícola. Habilitar los terrenos recae en el nuevo agricultor.

Pero, de las tierras disponibles en Puerto Rico pocas representan una oportunidad para iniciativas a pequeña escala, reconoció el secretario de la agencia, el agrónomo Carlos Flores Ortega.

“Realmente no hay fincas pequeñas”, dijo en referencia a predios de una a 49 cuerdas que estén disponibles para arriendo. Algunos terrenos no se han podido “explotar” al no contar con un sistema de riego o, por el contrario, estar en zonas inundables, añadió el Secretario al tiempo que aseguró que Puerto Rico cuenta con unas 634,000 cuerdas de terrenos agrícolas de las que estima 500,000 están en uso agrícola. Las cuerdas agrícolas identificadas en el Plan de Uso de Terrenos (PUT) de 2015 representan el 25% de la Isla, que ha perdido 1,527,634 cuerdas de uso agrícola desde 1910, según el Censo Agrícola de 2012 que es preparado por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura Federal (USDA, en inglés).

Las fincas grandes se dividen siempre que se pueda brindar agua a sus distintos predios, explicó Flores Ortega, pero “la gran mayoría de las veces no hay forma de dividir las válvulas para separar el agua. Recientemente alquilamos dos fincas que llevaban años sin alquilar porque se logró llevar agua a ambos predios. Esto cuesta miles de dólares y la inversión se hace según los recursos asignados”. Debido a las condiciones descritas por el Secretario, 2,543.70 cuerdas no se han podido arrendar.

La Autoridad de Tierras tiene 85,797.72 cuerdas de terrenos de las cuales quedan 5,439.89 para arriendo “en fincas que fluctúan, la más pequeña quizás, de 50 cuerdas, hasta de más de 500 cuerdas”, dijo el funcionario. Del total de tierras, 24% están dedicadas a usos no agrícolas como proyectos de energía renovable, reservas naturales, vertederos municipales, entre otros.

Para el agrónomo y cofundador del Proyecto Agroecológico El Josco Bravo, Ian Pagán Roig, “la Autoridad [de Tierras] pudiera representar una alternativa de tierras. Las mejores tierras ya están ocupadas, muchas de ellas en el sur por compañías dedicadas a la experimentación con transgénicos. Muchas de las tierras que quedan son terrenos marginales que han estado abandonados. Entonces, le toca al agricultor o la agricultora hacer esa transformación y esa inversión inicial para devolverles el potencial agrícola”. Pagán Roig estimó esa primera inversión entre $40,000 y $50,000. De ese cálculo él sabe porque los invirtió en una finca de 69 cuerdas de las de la AT que empezó a labrar hace cinco años.

Pero días antes de la embestida del huracán María, Pagán Roig recibió una orden de desahucio por parte de la Autoridad de Tierras “porque tuvimos problemas en pagar la renta de la finca”. Aunque en este caso la agencia llegó a un acuerdo con el agricultor, el optar por la vía judicial es una de “las estrategias” asumidas por el Secretario de Agricultura desde su llegada a la agencia en 2017 con el fin de asegurar que los terrenos se siembren y generen actividad económica, dijo el funcionario.

Puerto Rico produce solo alrededor de 15% de lo que consume, cifra que no ha aumentado al menos en la última década y el paso del huracán María incluso redujo a 0% esa producción por alrededor de un año, según Flores Ortega. Ante este cuadro, Pagán Roig cuestionó la práctica de los desahucios de tierras cultivables como una parecida al “mercado de bienes raíces”.

La seguridad alimentaria se define como la disponibilidad en todo momento de suficientes alimentos básicos para sostener el aumento constante del consumo y compensar las fluctuaciones en la producción y los precios, dice el informe de 2015 Seguridad Alimentaria en Puerto Rico, producido por el Instituto de Estadísticas.

Fenómenos como los huracanes exponen aún más la dependencia de Puerto Rico de las importaciones tomando en cuenta que la mayoría proviene del puerto de Jacksonville, Florida, zona también amenazada por ciclones. También, emergencias de salud como el coronavirus, complican el panorama y los agricultores locales ya sienten los efectos en sus bolsillos. Por ejemplo, los mercados familiares donde vendían sus productos fueron suspendidos por el Departamento de Agricultura desde el 13 de marzo a causa de la pandemia. Otra buena parte de la producción va a los comedores escolares, más de 800 cerrados desde el 16 de marzo – cuando se ordenó el toque de queda – de los cuales menos de 100 retomaron operaciones desde el 6 de mayo, tras reclamos de varios sectores y una demanda contra el Departamento de Educación. Mantener los comedores cerrados causó que parte de esa producción agrícola fuera donada al Banco de Alimentos, confirmó Flores Ortega.

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