Señaló que se trató de un proceso "cristalino", pero hubo detalles que no aclaró.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced no pudo especificar por qué las agencias bajo su Administración eligieron a una empresa de construcción sin experiencia probada en venta de productos de salud para suplirle un millón de pruebas rápidas para detectar el coronavirus, o COVID-19.

En cambio, justificó los intentos de compra bajo la premisa de que Puerto Rico se encuentra en medio de una emergencia y el gobierno debía resolver la escasez de pruebas para detectar esta enfermedad que, al presente, ha cobrado la vida de al menos 24 personas a nivel local y que ha contagiado a más de 620.

“Yo no podía hacerlo esperar, y cuando digo yo, digo el Gobierno, porque esto se hace a través del Departamento de Salud. Se cumplió con todo el procedimiento y nadie intervino para ejercer ningún tipo de influencia a ninguno de estos funcionarios”, declaró la Gobernadora.

Durante una conferencia de prensa relámpago, la Primera Ejecutiva trató de “explicar” cada uno de los detalles que preceden la contratación de Apex General Contractors (APEX) y 313 LLC, por $38 millones y $3.6 millones respectivamente, a cambio de pruebas rápidas, o “test kits”, que son objeto de investigación legislativa, estatal y federal.

Según informes de prensa, APEX se había comprometido a entregar un millón de pruebas al 31 de marzo, para lo cual el gobierno tramitó una carta para autorizar el pago adelantado de $19 millones el 27 de marzo. Pero la orden de compra, de acuerdo a la versión oficial, fue cancelada por no tener el aval de la Administración federal de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y por no llegar a tiempo, a pesar que la factura de compra establece que los suministros ya habían sido recibidos.

Mientras que 313 LLC, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, enmendó sus artículos de incorporación el pasado 18 de marzo del año en curso para poder realizar negocios relacionados a la salud en la Isla. Las dos órdenes de compra de Salud con esta empresa tenían como fecha el 20 y 24 de marzo.

“Se canceló el contrato porque la persona no cumplió. Todos los trámites que se hicieron eran en ánimo de lograr el un millón de pruebas”, argumentó Vázquez Garced, al subrayar la urgencia de conseguir estos equipos.

Muchos ofrecieron sus servicios

La Gobernadora afirmó que tanto ella como otros funcionarios —incluidos los integrantes del equipo médico, o “task force”, creado para asesorarla en esta emergencia— recibieron múltiples mensajes de personas que aseguraban contar con el equipo necesario para suplir el inventario de guantes, pruebas rápidas, ventiladores y otro material pertinente para combatir el temible virus.

“Yo tengo ofrecimientos de personas que podían tener acceso a ventiladores, 'rapid kits' y guantes de senadores, representantes. ¿Qué hacemos? Encargarlo a Salud. Todo el mundo vendía ventiladores. Ni el Gobierno de los Estados Unidos conseguía tantos ventiladores como los que conseguimos aquí. La prioridad era tener los recursos para poder trabajar con esta pandemia en nuestro pueblo”, justificó la Gobernadora en rueda de prensa en la sede del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) en San Juan.

La Gobernadora, además, fue enfática en que los acuerdos no eran contratos, sino órdenes de compra. Esta aclaración semántica incide en la directriz impuesta por la Junta de Control Fiscal (JCF) de que todo contrato que supere los $10 millones debe ser enviado a la entidad financiera para su aprobación.

La conferencia de Vázquez Garced surge a modo de respuesta a las alegaciones de la ex secretaria interina de Salud, Concepción Quiñones de Longo, quien aseguró durante el día, y bajo juramento, que otros empleados de la agencia y asesores ligados a La Fortaleza actuaron por encima de su rol como jefa en la toma de decisiones y en la ejecución de las compras millonarias.

La Gobernadora aseguró desconocer el margen de ganancia que tendrían estas empresas con estos contratos, en términos del valor al que las compraron en el mercado y el precio al que se las vendían al gobierno. Sumado a eso, no pudo contestar cómo se pretendía que la empresa entregara un millón de pruebas provenientes de Australia a Puerto Rico en cinco días, ni por qué la empresa incumplió con su promesa.

Pero un análisis de los documentos, que NotiCel realizó, encontró que Apex esperaba ganar $8.5 millones por venta de pruebas rápidas al Gobierno.

A preguntas de NotiCel, Vázquez Garced no especificó quién inició el tracto de la orden de compra, más allá de aludir a que Salud pidió cotizaciones a las empresas y, entre los que sometieron la documentación, se encontraban APEX y 313, LLC. No quedó claro cuántas empresas en total participaron del proceso y si fue competitivo, a lo que la Gobernadora dijo que había que preguntarle a funcionarios de la agencia.

En declaraciones escritas remitidas a este diario digital ayer, Ricardo Vázquez, socio fundador de 313 LLC, apuntó que fue Salud quien contactó su compañía para suplir la prueba diagnóstica.

Una decisión colectiva

Vázquez Garced reconoció que ignoraba el detalle del proceso de compra, pero fue enfática en que conocía la idea general: conseguir un millón de pruebas para detectar el COVID-19. Lo demás fue delegado a sus jefes de agencia.

“Todo esto se discutió en las múltiples reuniones que tuvimos. Ya lo dije al pueblo de Puerto Rico. Nos reunimos en múltiples ocasiones con el 'task force', con los laboratorios, con todas las personas que tenían que ver, se discutió la necesidad de buscar las pruebas rápidas, quiénes las podían suplir, dónde se podían conseguir, el FDA había dado el 'release' para que se pudieran flexibilizar las guías, ahora, del proceso específico, yo lo traigo aquí porque para eso están los funcionarios", apuntó.

"Si yo me tengo que encargar de eso, entonces la Gobernadora no puede ir al 'micromanagement'. Tiene que también tener una confianza en sus funcionarios y yo confío en los funcionarios que lo hagan correctamente. Por eso cuando ocurrió la controversia y el cuestionamiento, yo les pedí que explicaran cómo había ocurrido esto, porque yo no puedo dedicarme al ‘micromanagement’. Yo me tengo que encargar de salvar al pueblo de Puerto Rico y dar las instrucciones y que las cosas se hagan bien”, agregó Vázquez Garced.

En total, cinco agencias intervinieron en el trámite: Salud (en tres ocasiones), NMEAD (en dos ocasiones), Administración de Servicios Generales, Oficina de Gerencia y Presupuesto y Departamento de Hacienda.

“Yo no quiero hablar más de esto, no porque tenga algo que ocultar, es porque mi interés es salir de esto del coronavirus”, exclamó Vázquez Garced.

En horas de la mañana, Quiñones de Longo aseguró que recibió una orden por parte de Marisol Blasco Montaña, ayudante especial de la Gobernadora, para firmar en un periodo de 20 minutos un contrato de $14 millones para la compra de 713 ventiladores que llegarían entre 16 a 20 meses. Vázquez Garced indicó que eso era incorrecto, que tenía información que contradecía ese argumento, pero no ofreció detalles.

"Sí, Marisol Blasco es mi ayudante especial. La información que yo tengo, es que eso no es correcto. Ella en ningún momento le dijo eso. Hemos visto como en otras instancias, las cosas que ha manifestado la secretaria no (sic) es correcto", afirmó en referencia a como Concepción de Longo había participado en reuniones con el 'Task Force' Médico pese a que decía lo contrario.

Quiñones de Longo había señalado a Mabel Cabeza Rivera, la exjefa de personal del exsecretario Rafael Rodríguez Mercado, como las personas que tomaban decisiones en Salud. Con la llegada de Lorenzo González Feliciano al cargo, Cabeza Rivera quedó fuera de la agencia, que inició una investigación interna sobre el asunto.

También quedó fuera Adil Rosa Rivera, secretaria auxiliar de administración cuyo nombre y firma aparece en los acuses de recibo de pruebas rápidas que fueron entregadas a NMEAD, toda vez que su nombre aparece como el contacto de Salud en la compra de 401,500 otros “test kits”, entre los que se encuentra el contrato de la empresa 313, LLC.

El nuevo Secretario de Salud, por su parte, atribuyó las salidas de ambas funcionarias a una forma de eliminar distracciones, no tanto así a que las alegaciones tenían peso.

“Básicamente cuando uno [yo] llega el lunes ese [al cargo], era contencioso lo que estaba ocurriendo. Definitivamente una distracción para el Departamento de Salud y no eran personas que tenían mi confianza. En ese momento se inicia la remoción de Mabel Cabeza y también se inicia la transferencia de Adil, porque ella es una empleada de carrera y tiene derecho a ser regresada al Departamento de la Familia y así se termina ese proceso. No tenían mi confianza”, describió González Feliciano.