A Yahaira Santiago le tomó dos años reparar el techo que el huracán María se llevó de su casa en La Playa de Ponce. Llevaba solo un par de semanas de vuelta en su hogar, cuando el terremoto del 7 de enero abrió la tierra justo en su patio y dejó la estructura inhabitable nuevamente. Ni siquiera tuvo tiempo de pintar la nueva construcción.

Ese mismo día, ella y su esposo, ambos policías municipales, buscaron refugio y luego se unieron al campamento que se levantó alrededor de la instalación de las letras de Ponce. Tras 22 días, regresaron a su comunidad. Ahora duermen en la sala y, a veces, en el balcón. Desde allí, pueden ver claramente la equis pintada con aerosol en la brea del frente que indica que su casa no es segura. Pernoctan en el lugar aunque saben que es un riesgo.

Para las reparaciones que hicieron, la pareja solo contó con un préstamo de $25,000 de la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA, en inglés), la alternativa que la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) ofreció a quienes, por sus ingresos, no cualificaron para otras ayudas.

Luego del terremoto, están de nuevo en una casa que no pueden habitar. Pero, ahora, encima tienen una deuda que apenas comienzan a pagar.

“[Después de los terremotos] FEMA vino a investigar la casa y cualifiqué para dinero de reparación. Me depositaron un dinero y también cualificaba para préstamos, pero no voy a volver a solicitarlo. Ya yo he pasado por esta experiencia”, comentó Santiago, quien espera conseguir otra vivienda para mudarse. “No cualifico para Sección 8 ni otras ayudas, así que sería por nuestra cuenta y todo lo que sirve en la zona está bien caro. Todo el que puede está buscando casa. Por ahora, tengo que esperar”.

El policía estatal César Rodríguez Velázquez también sabe lo que es quedarse sin casa dos veces. El huracán María destruyó la estructura de madera donde vivía en Coto Laurel, en Ponce, y el terremoto del 7 de enero rompió en pedazos la vivienda que alquiló después junto a su compañera en Tallaboa Encarnación, Peñuelas.

“Por todos lados de la casa, tú ves pa'l patio. Es algo terrible. Cuando chequearon los inspectores, los pedazos de cemento los sacaban con las manos”, relató Rodríguez Velázquez mientras acomodaba una carpa en el mismo campamento de las letras de Ponce donde pernoctaron por tres semanas Yahaira Santiago y su esposo.

Después del huracán María, FEMA le otorgó a su mamá, quien era la titular de la casa donde vivía en Coto Laurel, $10,000. Sus hermanos y él completaron el dinero para reconstruir la vivienda.

Ahora, Rodríguez Velázquez espera muy poco del Gobierno.

La primera comunicación que tuvo con FEMA fue el sábado, 18 de enero y al día siguiente le inspeccionaron la casa.

“Me dijeron que tenía que esperar 10 días, que me iban a hacer una llamada. En otras palabras 'jódete aquí 10 días o el tiempo que sea necesario’”, comentó.

El policía le prometió a su compañera, María Echevarría, que del campamento saldrían a una casa, una gestión que aseguró resolverá por su cuenta, sin ayudas gubernamentales.

“Primeramente, no voy para un refugio. Yo soy policía. Yo intervine con mucha gente. Mi vida y la de ella no la voy a poner en riesgo. Yo no voy para un centro de estos de acopio como la asquerosidad que tiene Mayita allí en el [estadio] Paquito Montaner. Yo salgo de aquí para una casa. Si no, me quedo aquí”, afirmó.

En Tallaboa Encarnación, la casa de la que salieron corriendo Rodríguez Velázquez y Echevarría la madrugada del 7 de enero queda en uno de los puntos más altos de la calle, con una hermosa vista al mar. De lejos, se ve que la estructura está inhabitable. Cerca, hay otras casas que resistieron mejor, pero comoquiera, sus habitantes duermen con miedo, si es que pueden conciliar el sueño. Algunos pernoctaron en sus carros las primeras semanas y según ha bajado la intensidad de los temblores, han regresado a estructuras que ya estaban afectadas desde antes de los terremotos por los vientos del huracán María.

Ese es el caso de Ana Ortiz (nombre ficticio para proteger su identidad), una maestra retirada de 67 años que tiene la custodia de los tres hijos de su sobrina. La mujer decidió jubilarse tras años trabajando como maestra de educación especial para poder dedicarse a los menores: dos niñas de 12 y siete años, y un niño de cuatro que tiene autismo.

La casa de la educadora todavía está cubierta por un toldo azul. Tenía un techo zinc que voló con el huracán María.

“El toldo me lo dio el municipio. Ya he gastado tres toldos para que no se me sigan dañando las cosas. FEMA a mí no me dio toldo ni nada. Ellos mandaron a una persona a investigar y dijeron que no, que lo que había que arreglar era más que un pedacito de la casa, pero había que arreglar todo porque aquí dio bien duro el viento y con este terremoto ahora se abrió parte de la sala”, explicó. “Me dieron $800, que eso no me da para nada”.

Ahora, Ortiz y los niños duermen los cuatro en un cuarto en una estructura de cemento en la parte de atrás de la casa. La mujer aspira a resolver esta precariedad por su cuenta, cuando comience a llegarle la mensualidad completa de su retiro como maestra. Por ahora, se maneja con lo que acumuló por seguro social antes de trabajar en el Departamento de Educación y con cupones a los que tiene derecho por la adopción de los niños.

“Mejor que se quede así. Poquito a poco iré arreglándolo. El Gobierno todavía no me ha depositado nada de lo que me deben del retiro. Me retiré hace 18 meses y todavía no me han depositado, pero con lo que tengo, yo me defiendo. No me quejo. Me quejo solamente porque ellos (los niños) se merecen más. La nena grande ya es una señorita, que me gustaría que tuviera su cuarto, la otra está más grandecita y, ¿tú me entiendes? Es difícil”, expuso.

El temor por perder la custodia de los menores también la frena de insistir en procurar las ayudas a las que tiene derecho.

“Ese es mi temor, que me quiten los nenes. Entonces, ahí yo muero. Por todo eso, ahí yo me aguanto”.

El miedo que enfrentan algunas madres y custodias de que el Departamento de la Familia intervenga removiendo menores por negarse a permanecer en refugios, pedir ayuda o aceptar las alternativas de movilización provistas, la abogada de Ayuda Legal Verónica González, estableció que se trata de un riesgo real.

Explicó la agencia puede remover niños por situaciones de maltrato y, si los niños no están en condiciones adecuadas de vivienda, Familia entiende que es maltrato.

“La obligación del Departamento de la Familia y la política pública es mantener las familias unidas, y cuando las separa, reunificarlas. Yo no creo que el Departamento de la Familia esté en posición para reclamarle a una familia que sufrió daños y que no ha recibido ayuda porque la casa no está en condiciones. No puede ser que la primera alternativa sea la remoción. No pedir ayuda (al Gobierno) puede ocasionarle mayores problemas, pero si eso ocurre, sería realmente escandaloso”, señaló.

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