Aunque permanece vigente la fecha límite del 11 de octubre para que el Gobierno de Puerto Rico y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) descifren los estimados de costos de obras de reconstrucción tras el huracán María, el plazo será cambiante basado en las necesidades de cada proyecto.

En abril de 2018, entró en vigor un programa a través del cual se fijó el plazo de 18 meses para que el Gobierno de Puerto Rico entregara los estimados de costos fijos y la cantidad de mejoras que pretendía hacer tras los daños dejados por el huracán María. Según las disposiciones de la Sección 428 de la Ley Stafford, la necesidad de un estimado de costos solo aplica a los Proyectos de Mejoras Permanentes a Gran Escala ('Large Permanent Work Projects').

En Puerto Rico, se trata de 5,400 proyectos en desarrollo o, en algunas instancias, para los que ya se han desembolsado fondos. Un 'proyecto', a su vez, puede consistir de una sola estructura, o puede ser algo más grande y complicado, en forma de un conglomerado de 25 carreteras o un campus escolar con diez edificios.

'Inicialmente, FEMA fijó como fecha límite el 11 de octubre de 2019 para llegar a un acuerdo respecto a todos los estimados de costos fijos a través de todos los sectores que forman parte de la recuperación en Puerto Rico. Aunque se ha alcanzado un nivel de progreso significativo, gran parte de los sectores necesitarán un periodo de tiempo adicional para concluir estos estimados de costos fijos. Al tomar esto en cuenta, FEMA y el Gobierno de Puerto Rico continúan trabajando para establecer fechas límites razonables por sector, que consideren la documentación de logros importantes y las fechas límites documentadas a fin de garantizar el progreso ininterrumpido', señaló la agencia a NotiCel mediante un portavoz.

Visto de otro modo, la recuperación y reconstrucción en Puerto Rico continuará dilatándose. Al 25 de septiembre, cinco días después del segundo aniversario del fenómeno atmosférico, FEMA reveló a este diario digital que los fondos de solo 70 Proyectos de Mejoras Permanentes a Gran Escala habían sido comprometidos por agencias federales para distribución, cifra que incluía proyectos a someterse a Architectural and Engineering Design (A&E), que no están incluidos en la Sección 428 de la ley.

En ese entonces, la agencia federal vaticinaba el retraso por parte del gobierno. Incluso, aunque impuso la medida basándose en la Ley Stafford —el estatuto originario de la agencia federal—, el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares también tenía conocimiento que este procedimiento tardaría más de un año, por lo que estuvo de acuerdo con el término de 18 meses. Sin embargo, no fue hasta el segundo aniversario del fenómeno atmosférico, cumplido el pasado 20 de septiembre, que la gobernadora Wanda Vázquez Garced reveló ese acuerdo.

En ese momento, Vázquez Garced aseguró que 'en los próximos dos a tres meses' se desembolsarían entre $300 millones y $400 millones para trabajar los proyectos a pequeña escala.

Los proyectos a pequeña escala —que no necesitan un estimado de costos— sumados a los proyectos de gran escala totalizan unas 9,000 obras pendientes de recuperación y reconstrucción tras el devastador huracán.

Posterior al 11 de octubre, que se cumple el viernes, FEMA y la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) 'colaborarán para evaluar la carga de trabajo que haya quedado pendiente, incluyendo la posibilidad de extender las aprobaciones, conforme a los solicitantes y los sectores y con el propósito de reducir la carga administrativa que acompaña a las extensiones individuales por cada proyecto', añadió el portavoz de la agencia federal en declaraciones escritas.

En una entrevista previa con NotiCel, el director de la División de Infraestructura para Puerto Rico y de Asistencia Pública de FEMA, Gregory Bosko, adelantó que, mientras no había riesgo inminente de perder fondos por la tardanza de entrega de los estimados de costos, el incumplimiento con la fecha límite del 11 de octubre trastocaría las proyecciones y provocaría que sea FEMA quien dirija el proceso de reconstrucción de la Isla.

Es decir, en caso de que el gobierno no envíe la documentación pertinente, la agencia federal será quien siente las bases de los proyectos y estipule las necesidades. Posteriormente, remitiría la información al gobierno para que este indique si está de acuerdo con las determinaciones o se opone a ellas.

Durante los pasados meses, el descontento del Gobierno de Puerto Rico y sus representantes con FEMA se ha intensificado, así como las aclaraciones por parte de la agencia federal a los señalamientos de los funcionarios.

El martes en la mañana, FEMA desmintió que aprobó $46 millones para la construcción de un nuevo Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) en la isla municipio de Vieques, pese a que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez Núñez, y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, celebraron la alegada autorización de los fondos y sus esfuerzos para conseguirlos. Ese hospital se ha mantenido cerrado desde el paso del huracán María.

En un comunicado de prensa reaccionario y para exigir el desembolso de fondos y subrayar la lentitud de la agencia federal, González Colón mencionó que habían discrepancias entre la agencia y el gobierno local en 110 de 113 partidas de costos.

Por otro lado, varios alcaldes y otros funcionarios han insistido en la lentitud en el desembolso de fondos para la recuperación. Uno de ellos fue el alcalde de Arecibo, Carlos Molina Rodríguez, quien denunció el lunes que de los más de 300 proyectos de obras permanentes de su municipio, solo se ha concretado el 15% de los estimados de costos.

Datos del portal de COR3 afirman que de los $16,330 millones asignados a Puerto Rico por FEMA, se han desembolsado $12,710 millones al menos hasta el 30 de septiembre, equivalente al 78% de los fondos. De estas cifras, el Gobierno de Puerto Rico debe aportar un 10%, como parte del pareo estipulado en la Ley Stafford,

En el caso de Puerto Rico es la primera vez que FEMA aplica la Sección 428 a una zona de desastre, particularmente uno de la magnitud de María, según ha reiterado la agencia. En ese sentido, Puerto Rico fungió para la agencia federal como la prueba para una medida que se incorporaría al resto de la nación estadounidense.