En medio de un embargo que ha puesto a la Iglesia Católica de Puerto Rico en el ojo público, este ente vuelve a ser objeto de controversia, esta vez, por iniciar un proceso de desalojo contra el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, cuya sede ubica en el Antiguo Seminario Conciliar San Ildefonso en San Juan, propiedad de la institución relogiosa.

Mediante un comunicado de prensa, los estudiantes del Centro de Estudios Avanzados comunicaron que en medio del proceso de desalojo, no tienen constancia sobre lo que sucederá con el ente educativo y como consecuencia, con los estudios que cursan. En esa línea, denunciaron mal manejo administrativo antes y durante el proceso.

'[E]l Consejo General de Estudiantes convocó una asamblea ordinaria en la que se abordó al presidente de la Junta ... este [señaló] a los estudiantes actuales como responsables de la posibilidad de cierre de la institución', lee la comunicación escrita remitida por alumnos, a la vez que sostiene que el Centro graduó estudiantes que mantenían deuda con la institución, provocando problemas que llevaron al proceso de desalojo.

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La comunicación continúa diciendo que el Consejo de Estudiantes conformó un primer

grupo de apoyo para redactar una carta solicitando al presidente de la institución que aclarara la

situación. De igual modo, aprobaron otro comite para respaldar al primero. Ante ello se remitió una misiva solicitando, entre otras particularidades, que la institución responda por su acreditación y que continuara con la formación academica de los ya alumnos.

Sin embargo, estudiantes denuncian que en contraste, el propio Consejo de Estudiantes se distanció de la situación enviando un correo electrónico alegando que las medidas 'violentaban el reglamento' de la institución.

'Aún desconocemos si la Junta recibió la solicitud de sus alumnos, ya que el Consejo de

Estudiantes parece entorpecer el proceso y no ha tenido una actitud de apoyo al estudiantado. En

medio de la apatía de los organismos institucionales en relación a la reducción de oferta de clases

de verano y semestre, despidos de empleados y deterioro de servicios, abogamos para lograr una

comunicación clara por parte de la institución', solicitan los alumnos a la vez que piden que se inicie una investigación contra la institución educativa.

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Al momento, la Iglesia Católica de Puerto Rico se mantiene en los tribunales peleando una solicitud de quiebra que el juez Edward A. Godoy, desestimó. La movida legal de la institución religiosa para acogerse a la quiebra ocurrió luego de que se encomendara un proceso de embargo contra la Arquidiócesis.

Los abogados de la Arquidiócesis ya han notificaron la apelación a la determinación de Godoy, emitida el pasado mes de marzo, lo que anticipa que esta controversia seguirá trabajada en los tribunales por varios meses más.