Martes, en la tarde. El sol comienza a bajar fuerte y caliente en San Juan poco despues de las 4:00 de la tarde del martes,15 de enero. Algunos terminan su jornada laboral y pasan a toda prisa por la avenida Chardón de Hato Rey. Otros buscan estacionamiento y caminan hacia la esquina frente al Tribunal Federal.

Unionados, jubilados, profesores, estudiantes y ciudadanos arman carpas, abren sillas y mesas, conectan bocinas, montan casetas. Alistan una bandera de Puerto Rico en blanco y negro -- símbolo adoptado por la lucha contra las medidas de austeridad impuestas en la isla. Al lado hay una pancarta desgastada que lee 'En defensa del magisterio, los jubilados y pensionados'. ¿Cuántas luchas habrá visto?

Esta vez la pelea es en contra de un acuerdo entre la Junta de Control Fiscal, el Gobierno y los acreedores de la deuda de la isla en torno a COFINA, una corporación pública creada en papel en el 2006 para emitir deuda garantizada con el dinero que se recauda a traves del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU). Tras convertirse en ley en noviembre, ahora toca a la jueza federal a cargo de la quiebra de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, validar el pacto.

'Llegaron los refuerzos', dice una pareja tras bajar de su auto con dos plantas electricas. Todos se saludan. Se conocen de antes. Hay risa, buen ánimo, ganas de luchar y se escuchan las consignas que demuestran la expectativa de que frenarán el acuerdo que consideran nefasto. Están pompea'os.

Allí tambien están unos abuelos junto a su nieta. Vienen del barrio Carraízo en Trujillo Alto. Tina Casanova y su esposo, Don Sigfredo Rodríguez, decidieron protestar el martes y no el miercoles, día para el cual estaba convocada una manifestación multisectorial en contra del acuerdo de COFINA. El miercoles tienen que atender su kiosco de libros en las Fiestas de la Calle San Sebastián.

'Están hipotecando el futuro de estas generaciones', dijo Casanova, una escritora puertorriqueña de libros infantiles. Lleva 18 años recorriendo pueblos de la isla con su proyecto 'Leer para crecer', compartiendo lo que le ha dado de vivir por decadas, la lectura. La pareja protesta en pos de la niñez y contra la apatía del pueblo.

'COFINA se quedó con todo nuestro dinero. Teníamos todo nuestro retiro en bonos del Gobierno. Se fue todo. No tenemos un centavo. Mi esposo tiene 82 años y yo, casi 70. Ahora tenemos que trabajar para poder seguir viviendo porque con el Seguro Social no se puede vivir'.

Para Casanova, cada día son más los puertorriqueños enojados por la crisis fiscal, política y económica que atraviesa la isla. 'Pero esas personas que están enojadas no se están tirando a la calle. No se si es porque no hay poder de convocatoria a nivel de la isla. No hay voces que convoquen, que aglutinen', explica.

A pesar de esto, la escritora se aventura: 'Estoy segura que mañana esta convocatoria va a ser más grande que las anteriores'.

Miercoles, en la mañana

El ruido del piquete frente al Tribunal Federal se escucha a un bloque de distancia, en la intersección de la calle Cesar González con la Chardón, donde tres policías estatales controlan el tránsito a las 7:51 de la mañana. Entre los manifestantes, algunos se identifican con el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), de la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y Riego (UTIER), la Unión de la Autoridad de Acueductos, la Federación de Maestros o la Jornada Se Acabaron las PROMESAS.

Se oponen al llamado 'acuerdo de COFINA', un plan para dividir el IVU entre el Gobierno y un grupo de bonistas que según algunos permitiría pagar la deuda de esa corporación pública. El pacto incluye un recorte a la deuda de COFINA que muchos economistas califican como insuficiente.

'Los buitres son unos animales carroñeros', dice por micrófono María de Lourdes Santiago, vicepresidenta del PIP, desde el baúl de una pick-up que hace de tarima frente al edificio federal. Se refiere a las firmas de inversión que se dedican a traficar deuda chatarra para lograr ganancias millonarias para sus clientes.

El principal grupo de bonistas de COFINA -- la Coalición de Bonistas de COFINA Senior -- está compuesto por fondos buitres. Controlan una cuarta parte de la deuda de la corporación pública. Algunas de estas firmas compraron los bonos a precio de pesca'o abomba'o y si se da el pacto recuperarán toda su inversión, y un poco más. Por ejemplo, quienes compraron los bonos senior COFINA a 55 centavos por cada dólar, esperan recibir una ganancia de 38 centavos por dólar. Es la magia de los litigios por deuda chatarra en los que son expertos los fondos buitres.

Los abogados y asesores del Gobierno y la Junta que defienden este acuerdo llegan una hora antes de que comenzara la vista. Pegados a la verja del tribunal caminan con prisa Brian Rosen y Hermann Bauer, abogados de la Junta, acompañados por David Brownstein, asesor financiero y testigo del ente rector. Y así van llegando, poco a poco, en pequeños grupos, como niños que caminan en juntilla a la hora del recreo.

No son gente conocida, sus caras no se ven a diario en los periódicos. Muchos trabajan en bufetes y firmas de grandes ciudades y casi nadie sabe sus nombres. Operan lejos del escrutinio público calibrando el destino de un país que solo pisan por unas horas en días como hoy, o para asistir a alguna reunión de la que nadie se entera. Aun así, por sus maletines, corbatas y miradas perdidas, un grupo de manifestantes los identifica, abuchean y gritan: 'pillos', 'buitres'. Agentes federales observan la manifestación desde el perímetro del portón.

Dentro del tribunal, la historia es diferente.

La sala de la vista es un gallinero con un constante entra y sale de personas. Está llena de muchos abogados, mayormente extranjeros y blancos, y pocas abogadas.

'Gritaban algo sobre mi familia', dice entre risas Rosen desde el interior de la sala a otro abogado que le preguntó sobre las manifestaciones.

Una empleada del tribunal pide orden y silencio.

La vista comienza a las 9:40 de la mañana con el característico 'Buenos días' en español de la jueza Swain. Luego sigue en ingles y reconoce que cientos de puertorriqueños han mostrado serios reparos a traves de cartas y correos electrónicos en torno a los acuerdos sobre los cuales pasará juicio.

'No hay decisión que pueda conciliar todas las preocupaciones', advierte Swain, un presagio de una decisión que no será popular.

Aquellos que apoyan el acuerdo de COFINA -- liderados por el Gobierno, la Junta, los principales grupos de bonistas y el comite que representa de manera oficial a los acreedores no asegurados -- alegan que no transigir y continuar la pelea en el tribunal sería irresponsable. Dicen que es incierto cómo el tribunal decidiría sobre la constitucionalidad de COFINA y sobre si los recaudos futuros del IVU irían al Gobierno o a los bonistas de COFINA. Bajo el acuerdo, el pote se dividirá entre ambos bandos: 46% al Gobierno y 53% a COFINA.

El grupo opositor -- mayormente uniones como la Service Employees International Union (SEIU), la United Auto Workers (UAW) y PROSOL-UTIER -- asegura que Puerto Rico no podrá cumplir con el plan de pago y terminará como Grecia, sucumbiendo a un segundo proceso de reestructuración de deuda. Añade que lo que se propone tampoco vela por los mejores intereses de los puertorriqueños ya que quita recursos para servicios esenciales, ni cuenta con estudios financieros que lo validen.

Durante la primera parte de la vista, tienen su turno frente a la jueza personas que se afectarían por el acuerdo. Es la primera vez que eso ocurre en el proceso de quiebra que enfrenta la isla. Cada participante tiene cinco minutos que son cronometrados por un aparato en el podio que cambia de verde a amarillo cuando queda minuto y medio, como si fuese un semáforo, y luego a rojo cuando se acaba el tiempo.

Eulalia Centeno Ramos, una maestra retirada, habla con la ayuda de una interprete que traduce sus palabras al ingles. Es madre de dos niñas y un niño, y viven con una pensión mensual de $1,700 que no le da para cubrir sus gastos.

'[El acuerdo] tendría efectos nefastos para las familias que podrían perder su casa o verse forzadas a migrar. Hijos, nietos, la juventud, y quienes aún no han nacido vivirán la peor crisis en la historia de Puerto Rico. [El acuerdo] es antagónico a la recuperación de Puerto Rico, por lo tanto es contrario a PROMESA', dice Centeno. Le preocupa que la Junta reduzca su pensión.

'Solo le pido que el dolor del pueblo y la miseria de los trabajadores y los niños y migrantes no le sea indiferente. Ustedes se van, pero los sectores vulnerables se quedan aquí con la esperanza de vivir en paz', concluye Centeno, quien intenta presentar una propuesta para crear un fideicomiso que controle las pensiones públicas en la isla, según propone la Federación de Maestros. No le da el tiempo. La bombilla roja está encendida.

Lea esta crónica completa en www.periodismoinvestigativo.com