El Gobierno de Puerto Rico objetó como 'irrazonables (e) innecesarias' algunas de las facturaciones que sometió en el caso de quiebras el bufete de abogados del Comite de Acreedores no Asegurados, Paul Hastings.

La facturación fue por servicios rendidos en marzo de 2018 y se coloca en el marco de una pugna paralela entre el gobierno y el comite por la investigación de la deuda que realiza la Junta de Control Fiscal (JCF). Tambien ocurre despues de que ya el examinador de facturas que trabaja para el tribunal de quiebras hubiera alertado que la facturación reflejaba duplicidad de esfuerzos facturados, exceso en gastos reembolsables y aparente abuso de la facturación por investigaciones y uso de base de datos.

Todas las facturas de los comites, así como sucede con el presupuesto de la JCF, se paga con cargo a los contribuyentes de Puerto Rico. Como ha revelado el Centro de Periodismo Investigativo, las facturaciones han conllevado que algunos abogados y otros profesionales involucrados en el caso cobren más de lo que cobran funcionarios cuyos salarios han sido controversiales, como la Secretaria de Educación y el director de la Autoridad de Energía Electrica.

En el caso de la objeción sometida por el gobierno el 6 de junio pasado, se trata de las gestiones que el Comite realizó como agente del gobierno en la disputa entre los bonistas de COFINA y el gobierno. Eso resultó en un proyecto de acuerdo, que el gobierno todavía no ha avalado, bajo el que los acreedores de COFINA se quedan con todo el dinero recaudado por el IVU hasta ahora y, del 1 de julio en adelante, se dividen ese dinero a razón de 53.65% para los bonistas y 46.35% para el gobierno.

Gastos objetados

De los $1.8 millones que Hastings sometió para pago por esa negociación, el gobierno objeta que el bufete tuviera a 25 abogados trabajando simultáneamente con el tema. El examinador de facturación, el bufete Godfrey & Kahn, había llamado la atención del tribunal a esto indicando que 'es difícil concluir que cualquier asunto pueda justificar la cantidad masiva de recursos que se han asignado'.

Además, el gobierno objetó un truco de Hastings cuando acordó voluntariamente hacer un descuento de 20% en su facturación, pero aplicó el descuento al 100% de su facturación. Para el gobierno, lo que debió suceder es que el bufete aplique el descuento despues de que el tribunal evalúe las objeciones y le ordene cualquier reducción o eliminación de cargos.

Otro renglón objetado es el cobro de $7,006.50 por 'revisar artículos noticiosos relacionados a los casos de Título III (quiebras)'. El gobierno cree que leer artículos debe ser un costo de operación del bufete y no una tarea por la que facturan.

Otro cargo objetado similar es el de $7,411.05 por el tiempo que un paralegal pasó entregando copias en papel de las mociones radicadas electrónicamente. De la misma manera, objetaron $2,316 por gastos de transportación que no estaban apropiadamente fundamentados y $1,140 por 'búsqueda en computadora' que nadie sabe a que se refiere ni cómo se justifica.

Se proyecta que los pagos a bufetes y otros profesionales en los casos de quiebra de Puerto Rico pueden llegar a sumar $1,400 millones en los próximos seis años.