El Departamento de Justicia recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el exjuez Rafael Ramos Sáenz ante la posible comisión de delitos por su participación en el chat de WhatsApp con funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) que aportaban a la elaboración del 'Plan para Puerto Rico'.

El referido incluye la posible comisión de delitos bajo el Código Penal y Electoral por parte del secretario de la Gobernación, William Villafañe, la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García; la administradora de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), Waleska Maldonado, y el subadministrador de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Yoniel Arroyo. Asimismo, la directora del 'Programa de Transformación y Eficiencia' de la Oficina del Secretario de la Gobernación, Yesenia Díaz, figura entre las referidas.

'La evidencia que sugiere que, contra otras personas, hoy funcionarios públicos, existe causa suficiente sobre la posible violación al Artículo 292 (Influencia indebida en la adjudicación) del Código Penal por hechos ocurridos el 29 de octubre de 2016 y posible violación de las disposiciones del Código Electoral por parte de estos funcionarios', informó la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez.

Por su parte, García fue referida a las autoridades federales por intimidar a la Secretaria de Justicia durante el proceso investigativo. García pudo haber incurrido en la violación del Artículo 292 (Influencia indebida) y el Artículo 269 sobre Perjurio del Código Penal de Puerto Rico, por lo que en un sobre sellado fue referida tambien a la atención del FEI.

'Un evento surgido en el transcurso de esta investigación que se relaciona con la posible obstrucción a la justicia, intervención indebida e intento de intimidación a la secretaria de justicia. La persona que incurrió en esa conducta, lo entendimos de esa manera y me inhibí tan pronto tuve conocimiento de esa información es la licenciada Itza García. Fue sobre mi persona', acotó la titular de Justicia.

'Tienen que respetar las investigaciones. Allí hubo algunas actitudes agresivas de faltas de respeto a las fiscales y eso nosotros no lo vamos a permitir en el Departamento de Justicia. No importa quien sea ni el puesto, una citación del departamento la tienen que respetar. Las faltas de respeto no se van a permitir. No hay presión ni intimidación ninguna.', dijo Vázquez Garced en conferencia de prensa sin mencionar nombres.

De otro lado, el Gobernador ya fue notificado sobre el resultado de la pesquisa, aseguró Vázquez Garced. La investigación inlcuyó 34,735 conversaciones de 108 participantes de los chats. La evidencia evaluada contiene sobre 3,000 documentos, 72 apendices y cerca de 111 anejos. Se realizaron más de 80 entrevistas. El informe contiene prueba documental y testigos.

'Fue necesario profundizar en esta prueba porque nadie conocía al juez. Nadie sabía que era juez. En el peor de los casos sabiendolo continuaron en el chat. Los fiscales no pueden ser tan ingenuos para creer lo que nadie más cree', puntualizó la jefa del DJ.

Por otra parte, el Departamento de Justicia refirió hoy al Tribunal Supremo de Puerto Rico a 15 abogados que, según la pesquisa preliminar, de alguna manera interactuaron en los 'chat' 'Coffee Break' y/o Estructura Gerencial. De estos se destacó la participación de las conversaciones de siete abogados. Según la investigación preliminar, estos abogados interactuaron directamente con Ramos Sáenz mientras fungía como juez municipal y presidía la Comisión Local 037 de Moca y mientras participaban activamente para el movimiento político.

'Unos con mayor participación y otros con menor. Por disposición del reglamento del Tribunal Supremo no podemos decir los nombres', respondió la titular de justicia cuando se le preguntó si el Procurador General, Luis Román Negrón se encuentra entre los abogados referidos.

La pesquisa realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia destaca que se cuenta con prueba que demuestra causa suficiente para realizar dicha recomendación. La misma indica que Ramos Sáenz, mientras fungía como juez municipal y presidente de la Comisión Local 037 de Moca, pudo haber incurrido en violación de: el Artículo 250 (Enriquecimiento ilícito); Artículo 252 (Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos); Artículo 291 (Influencia indebida en la adjudicación); Artículo 264 (Malversación de fondos públicos) del Código Penal. Tambien pudo haber violado los Artículos 12.005, 12.007 y 12.015 del Código Electoral del Siglo XXI. Lo anterior, además de posible violación de los Cánones de Ética Judicial que realiza el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

'De la investigación se desprende que el exjuez Ramos Sáenz se comunicó con funcionarios para que lo ayudaran en su nombramiento, publicó información relacionada a su función electoral, entre otros, todo con la finalidad de obtener beneficios personales. Su participación en los chats 'Coffee break' y Estructura Gerencial en conjunto con los participantes de los mismos, que conocían de su cargo y aun así continuaron participando junto con el de asuntos político-partidistas, es altamente reprochable', manifestó la Secretaria de Justicia.

La pesquisa estuvo a cargo de la Directora de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, Mibari Rivera Sanfiorenzo, y de la fiscal Yanira Liceaga Sánchez. La ley del OPFEI establece que el Departamento de Justicia debe realizar una investigación preliminar dentro del termino legal de 90 días para hacer el referido al OPFEI.