La venta de la cartera de deudas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), o la privatización del cobro de las contribuciones sobre la propiedad, es de vida o muerte para lograr la estabilidad fiscal de los municipios, sobre todo de los pequeños tras la eliminación de la transferencia anual de fondos del gobierno central que ordenó la Junta de Control Fiscal (JCF).

Este proceso toma mayor relevancia tras el paso del huracán María y el efecto de este ciclón en las ya maltrechas finanzas municipales.

A los municipios pequeños se les va la vida con esta transacción ya que de ella depende su prospectiva estabilidad fiscal en cumplimiento con el Plan Fiscal certificado que no solo elimina los subsidios, sino que exige se privaticen los gravámenes de impuesto sobre la propiedad y se diseñe un nuevo regimen tributario sobre la propiedad para aumentar los recaudos municipales.

Se estima que los $350 millones que dejarán de recibir, provocará que cerca de 40 municipios queden inoperantes a partir de julio de 2018 ya que son ayuntamientos medianos o pequeños que no cuentan con grandes comercios que paguen patentes ni una estructura interna de cobro de impuestos.

La eliminación de los llamados subsidios del gobierno central supone un duro golpe a estos municipios que, por no tener actividad económica, por años habían dependido de estas transferencias para sus operaciones regulares.

De acuerdo con el expresidente de la Asociación de Economistas, Alejandro Silva Huyke, a partir del próximo año fiscal, la única fuente de ingreso de muchos municipios será lo que recaude y les transfiera el CRIM, por lo que es urgente mejorar su efectividad cobrando para evitar nuevos impuestos o un aumento en contribuciones sobre la propiedad, lo que representaría una carga muy onerosa para la clase media.

'Con la eliminación de estos $350, el gobierno lo que ha hecho es relegar su rol social. El año que viene cogen el golpe fuerte ¿Que opciones tienen? A traves del CRIM proyectos para incluir lo que no está tasado, las ampliaciones de propiedades y las que tiene exenciones que se han otorgado principalmente a las farmaceuticas. Los que se van a afectar más con la eliminación de esos subsidios son esos municipios pequeños que no tiene capacidad de levantar fondos con proyectos de esta naturaleza', planteó Silva Huyke.

Desde el pasado año, la Junta de Gobierno del CRIM aprobó vender la cartera de deudas morosas que asciende a alrededor de $1,300 millones para de esta forma lograr liquidez inmediata que pueda hacer frente a la crisis fiscal que se avecina. No obstante, este año la Junta cambió las reglas de juego para contratar el cobro de las deudas como parte del proyecto de reingeniería.

Con la contratación de compañías privadas, la agencia municipal busca mejorar su efectividad en el cobro de millones de dólares en cuentas morosas de contribuciones a la propiedad, así como la retasación e identificación de propiedades mueble e inmueble que no cumplan con su responsabilidad contributiva.

Es que aún con los adelantos tecnológicos y el proyecto de digitalización del catastro del CRIM, una gran cantidad de propiedades no pagan contribuciones porque no han sido identificadas, o pagan menos porque gozan indebidamente de exenciones.

Durante los últimos meses, NotiCel ha investigado el proceso interno que realiza el CRIM para evaluar y adjudicar la multimillonaria transacción que es de vida o muerte para lograr la estabilidad fiscal de los municipios.

Por debajo del radar, existe una intensa lucha de poderes entre los miembros de la Junta del CRIM y alcaldes preocupados por la crisis fiscal y por las decisiones que debe tomar lo antes posible el CRIM para aumentar sus ingresos, y por ende, las arcas de los municipios.

Estos alcaldes cuestionan que sus homólogos de ciudades grandes no parezcan tener prisa para dar paso a la contratación, sin tomar en consideración la premura que tienen los municipios pequeños en conseguir una inyección de fondos que sustituya el dinero que recibían del gobierno central.

'Parecen no tener prisa, llevan meses evaluando y evaluando sin tomar una decisión', dijo a NotiCel un alcalde con la condición de no revelar su identidad.

Previo al huracán María, el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz realizó la Cumbre Municipal para evaluar alternativas que mejoren la situación fiscal de los 78 ayuntamientos. Con la participación de una gran cantidad de alcaldes, se discutieron propuestas para aumentar la autonomía fiscal de los municipios, manejar las deudas municipales, la disposición de desperdicios sólidos, elevar a rango constitucional la autonomía municipal y la reforma del CRIM.

En agosto pasado, el gobernador Ricardo Rosselló firmó la pieza legislativa que permite a los municipios, con previa notificación al CRIM, cobrar deudas y realizar tasaciones de toda propiedad mueble e inmueble dentro de su jurisdicción, función que antes recaía solo en el CRIM. La ley 77 del 6 de agosto de 2017 les otorga además la facultad de expropiar propiedades declaradas estorbos públicos para que puedan ser transferidas a terceros para su restauración.

Para el 2016, el CRIM cobró $1,033,576 en contribuciones a la propiedad. El año fiscal pasado el cobro subió a $1,061,120. No obstante, esta cifra está muy por debajo de lo que debería cobrar, ya que cerca de un 25% de los contribuyentes simplemente no pagan o pagan tarde. Tanto es así, que todas sus cuentas por cobrar ascienden a $3,100 millones. Si a esta cifra se le resta las deudas que ya se convirtieron en incobrables, estamos hablando que al CRIM se le deben unos $2,300 millones.

Abrir la cartera del CRIM podría implicar conocer a quien se le ha perdonado deudas, la cantidad de la deuda que se ha dejado de cobrar por esas decisiones y si las exenciones otorgadas están basadas en criterios válidos o simplemente por razones políticas.

Para algunos, mientras más poderes individuales tengan los municipios para manejar su cartera, más se afectaría el concepto por lo que fue creado el CRIM, en la que se pretende que una estructura grande pueda recaudar para beneficiar a todos los municipios, grandes y pequeños.

No obstante, de acuerdo con el expresidente del CRIM, Javier Jimenez, el CRIM ya no tiene la capacidad de cobrar las contribuciones de los municipios. El Alcalde, tambien contador público autorizado de profesión realizó un estudio estadístico del CRIM basado en los informes financieros emitidos por la agencia fiscal al que tuvo acceso NotiCel.

'El balance de casi 3,000 millones en contribuciones sobre la propiedad inmueble por cobrar, de las cuales casi $2,000 millones son perdidas de nuestros ingresos, es nuestro mayor testigo', concluyó el ejecutivo municipal del PNP.

Para el alcalde PNP el CRIM es una estructura que no da más ya que perdió su capacidad de tasar, según sus propios números, por lo que defendió esta facultad pase a manos de los municipios.

'Durante el cuatrienio 2013-2016 el CRIM realizó 175,974 tasaciones menos que el cuatrienio anterior. Además, alrededor de 10% de las tasaciones fueron realizadas por tasadores municipales. Las múltiples quejas de contribuyentes sobre errores en los registros de sus propiedades unidos a la falta de corrección de los mismo por el CRIM en un tiempo razonable es otro aspecto que debemos considerar', puntualizó Jimenez Perez.

Por su parte, Silva Hyke anticipó que la situación fiscal de los municipios podría empeorar si no se toman decisiones acertadas y que produzcan un resultado a corto plazo para aumentar la base contributiva. Propuso además que los ayuntamientos consideren cambiar el metodo de tasación vigente y se sustituya por uno fundamentado en el precio de mercado de las propiedades. Explicó que actualmente, mientras mayor valor tiene una propiedad en el mercado, menor es la tasa contributiva efectiva.