Existe evidencia de que parte de la deuda pública es inconstitucional porque se pidió prestado para otros fines que no fueron sufragar proyectos de interes público, aseguraron dos de los miembros de la junta de directores de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, el licenciado Rene Pinto Lugo y el educador Justo Mendez Aramburu durante el segundo conversatorio de esta sección DIGA.

Para explicar la ilegalidad de la deuda pública, Pinto Lugo comenzó definiéndola como 'las cantidades que hay que pagar por razón de las emisiones de deudas o emisiones de préstamos, de bonos, que obtuvo durante algún periodo de tiempo el gobierno de Puerto Rico para financiar proyectos de interés público'. Según detalló, ese mecanismo de emisión de bonos no se puede utilizar con el propósito de 'financiar salarios o para el pago de gastos recurrentes o, para pagar deudas anteriores', sino que el mismo se debe emplear 'para sufragar proyectos extraordinarios que no pueden ser incurridos por presupuestos ordinarios'.

'La Constitución establece que no se puede generar deuda para cuadrar el presupuesto del país y hay estudios que determinan que es muy probable que se haya incurrido en ese tipo de deuda. Por lo tanto, es importante conocer cuál es la verdadera deuda en términos de su legalidad, porque la deuda que sea ilegal nosotros no la debemos pagar', añadió Méndez Aramburu, quien perteneció a lo que fuera el Frente Ciudadano para la Auditoría del Crédito Público, creada bajo la ley 97 de 2015, hoy derogada. De hecho, el fundador de Vamos afirmó que hallazgos preliminares realizados durante la corta duración de la Comisión, en conjunto con datos provistos por elInstituto Roosevelt(ReFund America Project), ya arrojan luz sobre la ilicitud de la deuda.

Además de determinar cuál es el monto real de la deuda que por su repago sumirá en medidas de austeridad a la clase trabajadora, ambos estudiosos indicaron que la auditoría es medular para determinar quién la emitió, a quién se le debe y bajo qué términos se harán los planes de repago.

Pinto Lugo destacó que una auditoría forense sobre los pasados 30 años buscaría desde el ámbito legal, actuarial e investigativo 'determinar por qué se emitió esa deuda pública y quién la emitió, qué opiniones dieron los asesores actuariales, los consultores inversionistas, los abogados, cómo se aseguraron de que se cumplía con los preceptos constitucionales de la Constitución de Puerto Rico, dónde están las minutas en las que el Banco Gubernamental de Fomento dió el visto bueno para la emisión de esa deuda pero más allá, para qué se usaron esos dineros. Se rindió los proyectos extraordinarios que esas emisiones de deuda pública tenían como propósito? Y si no se llegaron a hacer esos proyectos a dónde llegó el dinero?'.

Dicha auditoría podría ser realizada por cualquier institución que tenga interés sobre el tema, sobretodo la ciudadanía, comentó Pinto Lugo. Éste dio como ejemplo los esfuerzos del Frente Ciudadano por la Auditoría, que surgió de uno de los miembros de la antigua Comisión para la auditoría del Crédito Público, y que reune representantes de las comunidades, del sector de la salud, estudiantil y los pensionados. El licenciado comentó que el Frente ya ha recogido sobre 100,000 firmas a favor de la auditoría y que ahora le corresponde levantar fondos entre la ciudadanía con el propósito de contratar a la compañía aprobada anteriormente por la Comisión para realizar la investigación.

Este diálogo continuarávía la página de FaceBook de la Fundación Comuitaria de Puerto Rico en un Facebook Livecon el licenciado René Pinto Lugo y el educadorJusto Méndez Aramburuel miércoles 28 de junio de 3:00 a 3:40 pm.