Para el presidente de la organización, Carlos Díaz Vélez, hay “unanimidad” en que los planes médicos han “destruido” el sistema de salud de la Isla.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), Carlos Díaz Vélez, ya no habla en futuro. Para el portavoz de los doctores del país, el sistema de salud en la Isla “ya colapsó” e insistió en que la fuga de los médicos se debe a las aseguradoras.

Para ejemplificar el drama que se está viviendo en el país, leyó ante los periodistas uno de los numerosos mensajes que le llegan a su celular: “Llevo 12 horas esperando a que venga un médico para que evalúe a un familiar. Estoy muerta de hambre y sed, pero no puedo irme porque tengo miedo de que aparezca el médico y yo no esté”.

Díaz Vélez fue secundado en su diagnóstico por un grupo de legisladores que llegó hasta la sede de la agrupación, en Río Piedras, donde los dardos apuntaron a los planes médicos.

El portavoz del CMCPR afirmó que las aseguradoras “han puesto un yugo sobre la clase médica y están sin control.

Recordó que década de los noventa Puerto Rico abandonó un sistema de salud “que en el año 1970 nos había colocado en la posición 14 del mundo en esperanza de vida”, pero expuso que “optamos por convertir nuestro sistema de salud en una fuente de lucro para las aseguradoras intermedias”.

“Vendimos nuestras estructuras de salud y con ellas cerramos los principales talleres de educación que por décadas habían garantizado el relevo generacional de la clase médica. Dejamos la salud de nuestro pueblo sujeta absolutamente a las contingencias del mercado, al ánimo de lucro de las aseguradoras y de las incertidumbres de nuestra relación política y fiscal con los Estados Unidos”.

También consignó que “los objetivos de la reforma del noventa estaban dirigidos a conseguir niveles aceptables de eficiencia, calidad y equidad en los servicios de atención médica y a aumentar la satisfacción de los usuarios. Sin embargo, de ser concebida como un derecho social, la salud en Puerto Rico pasó a ser espacio para el lucro y la inversión privada. A diferencia de las aspiraciones de la reforma hemos terminado con un sistema muy lucrativo para las aseguradoras, pero ineficiente, con poca calidad e injusto para los médicos que proveen el servicio y los pacientes, particularmente aquellos de poblaciones desposeídas”.

“En síntesis, ese ha sido nuestro camino a la crisis”, apuntó en una conferencia de prensa en la que se habló de “sacar” a las aseguradoras y encaminar al país hacia un sistema de seguro universal de tipo pagador único.

También criticó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ya que consideró que tiene una “visión de la salud como un privilegio y no como un servicio esencial del Estado. El 18 de enero de 2017, la Junta estableció que una de las principales metas del plan fiscal del gobierno debía ser la reducción en los gastos de salud. La reducción propuesta era de 1,000 millones de dólares. Conforme a las recomendaciones de la Junta de Supervisión, esa reducción debía ser el resultado de bajar las visitas a las salas de emergencia, disminuir la estadía de los enfermos en los hospitales, aumentar los copagos de deducibles, bajar la cubierta de servicios, restringir la cubierta de farmacias, cubrir solamente medicamentos genéricos, implementar medidas para evitar el fraude y el abuso de servicios, y optimizar los servicios que se prestan por facilidades estatales”.

Para el portavoz, “todas las recomendaciones de la Junta van dirigidas a recortar los beneficios y servicios que se le prestan a los desposeídos de nuestro país. Es la posición del Colegio que la crisis de nuestros sistemas de salud la tienen que pagar los culpables. En el año 2020 los principales planes médicos en Puerto Rico ganaron 256 millones de dólares, el mayor beneficio anual registrado en dos décadas. En los pasados cuatro años, y a pesar de la crisis de la pandemia, las aseguradoras de salud de Puerto Rico pagaron a sus matrices 435 millones en dividendos. Todo esto, con dinero público”.

Propuestas para empezar a acabar con la crisis

Frente al pálido escenario, Díaz Vélez dijo que el pasado 2 de agosto el CMCPR “tomó la iniciativa de presentar iniciativas y recomendaciones para atender la crisis de los servicios de salud en especial el éxodo de los médicos. Desde el 2012, una década el número de médicos disminuyó, de 18,000 médicos a 9,000 actualmente. Estos médicos están llevando la carga pesada de atender y cuidar la salud de toda la población”.

Añadió que “las razones del éxodo de médicos son varias y complejas porque existen grandes intereses económicos, intereses políticos y condiciones ambientales (huracán María, terremotos y la pandemia), junto con la mediocridad e incompetencia de funcionarios del gobierno que han impedido evitar el éxodo de los Médicos y otros profesionales de la salud. Las condiciones para ejercer la medicina controladas por aseguradoras han llegado a un nivel de inaceptables e insostenible que están afectando al paciente causando un deterioro marcado y profundo en la salud de nuestro pueblo, y hasta la muerte. Un dato significativo es que las aseguradoras del plan del gobierno han acumulado una deuda de más de 1.2 billones al gobierno. La acción de recobro de esta deuda ha sido pobre y deficiente por el gobierno”.

Con la idea de mitigar la crisis, el presidente de la institución indicó que sometieron 15 propuestas, las que se suman a la necesidad de que se atienda “a la brevedad el proyecto del Senado 538, para que se reconozca inmunidad para reclamaciones judiciales a los médicos residentes que participan de programas privados de residencia. Aunque no lo crean, hoy tenemos estudiantes de medicina que son demandados y tienen sentencias en su contra por impericia profesional sin haber terminado su proceso educativo. Esto no puede pasar y no pasaba antes, precisamente porque las residencias se realizaban en facilidades públicas protegidas bajo de la Ley de Pleitos Contra el Estado”.

Entre las propuestas, se cuentan el apoyo a la resolución investigativa acera de la diligencia del gobierno en la implementación de leyes para atender las fugas de médicos y la fiscalización de las aseguradoras y un procedimiento expedito de incentivos a jóvenes médicos que buscan establecer sus propias oficinas médicas.

También el Colegio apoya una resolución para atender falta presupuestaria para el personal de Centro Médico, Ciencias Médicas y su acreditación, así como la creación de un Fideicomiso Sombrilla para el beneficio de los estudiantes de medicina de Puerto Rico.

El Fideicomiso incluirá uno para incentivos legislativos (cubierta de gastos de estudios, internados, mantenimiento, vivienda, comida, así como cualquier otro gasto) y otro para el aumento de plazas de residencias para especialistas y subespecialistas (a través de los centros médicos académicos regionales y el CMCPR).

“Esto es el principio de cosas buenas”, adelantó Díaz Vélez.

Y mientras el senador Juan Zaragoza, del PPD, criticaba a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) porque no evalúa unas medidas para atajar el descontrol de las aseguradoras, el legislador Rafael Bernabé, del Movimiento Victoria Ciudadana, hablaba de la necesidad de “sacar” a las aseguradoras y optar por un seguro universal debido a que “las aseguradoras están destruyendo el sistema de salud y con ellas es el lucro el regulador de todo”.