Los comisionados electorales de cuatro de los cinco partidos políticos se opusieron a la participación en el proceso de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico.

En unas pocas horas, la orden del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, para auditar el manejo desorganizado del voto adelantado se convirtió meramente en una petición de inventario que fue objetada por todos los comisionados electorales, a excepción del representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Rosado Colomer solicitó a la Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG) una auditoría de las papeletas bajo el control de la Junta Administrativa de Voto Ausente y Adelantado (JAVA), modalidades a las que 227,000 electores pidieron acogerse.

La determinación del Presidente de la CEE surgió a petición unánime de los comisionados electorales de los cinco partidos políticos, ante alegaciones de fraude, la desorganización que Rosado Colomer ha denunciado y un descuadre de 14,800 papeletas.

Sin embargo, los comisionados electorales se enteraron por la prensa sobre la selección de OIG en horas de la mañana y, en la tarde, objetaron la selección de esa entidad durante una reunión con Rosado Colomer.

A esa hora, ya empleados de OIG habían acudido al Centro de Operaciones Electorales a entrevistar personas y comenzar la alegada pesquisa.

“Cuatro comisionados estuvieron de acuerdo en que la Oficina del Inspector General no estaba facultada para hacer la auditoría. El Presidente [de la CEE] falló en contra de nosotros y a favor del PNP”, declaró el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Nicolás Gautier Vega al finalizar la reunión.

Gautier Vega argumentó que se trataba de una petición a destiempo y altamente irregular, porque era una intervención de una oficina de la Rama Ejecutiva, que a su vez carece de conocimiento electoral, en un proceso de sufragio.

De acuerdo al Comisionado Electoral del PPD, quien evalúa si acude a los tribunales para detener la determinación, la CEE debe hacer entrega de una serie de documentos antes de permitir la intervención de la OIG. Entre ellos, las listas de las personas que solicitaron voto adelantado y las listas de quienes votaron de esta manera para compararlas.

Los documentos enumerados por Gautier Vega se asemejan a los que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) exigió a la CEE mediante una demanda, radicada ayer, a modo de afirmar que el escrutinio general de las elecciones no puede comenzar sin conocimiento de ese listado.

Al preguntársele a Gautier Vega si se uniría al recurso judicial radicado por MVC, respondió que “yo puedo hacer mis propias demandas”.

Para el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín Rivera, la selección de OIG también fue errada porque es un brazo de la Rama Ejecutiva sin conocimiento electoral.

En sus declaraciones a la prensa, Rosado Colomer señaló que los auditores con los que cuenta la OIG son los auditores de la CEE. Sin embargo, se trasladaron a la nueva oficina cuando fue creada en el 2017 mediante la Ley 15.

La auditoría punto por punto

NotiCel supo que la auditoría de la OIG en realidad sería una “pre auditoría”, en la medida en que la agencia llevaría a cabo un examen y referirían sus hallazgos.

Según el comisionado electoral del PNP, Héctor Joaquín Sánchez Alvarado, la OIG no abordaría el tema electoral.

“Ellos lo que van a hacer es una investigación [de]: la Comisión adquirió tantas papeletas, la Comisión en el voto adelantado recibió tantas papeletas, la Comisión envió a través de JAVA tantas papeletas por correo, tantas papeletas a domicilio, tantas papeletas al precinto, tantas papeletas fueron enviadas a las cárceles, tantas papeletas fueron enviadas a los hospitales y aclararle ya el tema de que una vez se finalice la divulgación de los resultados, se comparen esos datos con las actas que se entraron en el sistema. Esos son temas puramente matemáticos”, afirmó Sánchez Alvarado.

El PNP fue quien único se opuso —en compañía del voto determinante del Presidente de la CEE— a que se persiguieran vías diferentes para la pesquisa requerida.

El comisionado electoral de la Palma esbozó que el licenciado Gautier Vega sugirió en la reunión que se crearan nuevos puestos en la CEE o que se contratara a una entidad privada.

“Aquí no hay tema de a quién le adjudicaron voto, aquí ellos no vienen a hacer una investigación electoral. Aquí ellos vienen a hacer una investigación que es pública, que es el manejo de un bien común que es la cantidad de papeletas”, subrayó Sánchez Alvarado.

En declaraciones escritas, la directora de la OIG, Ivelisse Torres Rivera, reiteró que los auditores de la oficina “cuentan en la mayoría de los casos, con más de quince años de experiencia en materia de auditoría gubernamental. Inclusive la diversidad de auditores incluye pasados auditores internos de la propia CEE. Todos son profesionales capacitados y comprometidos con el bienestar del pueblo de Puerto Rico”.

“Por confidencialidad establecida en la propia ley orgánica de la OIG, y para salvaguardar la pulcritud de los procesos estrictos bajo los cuales se rige la oficina, nos es posible abundar en detalles del examen hasta que este concluya. No obstante, una vez el proceso culmine se divulgarán los resultados conforme a ley y reglamento”, añadió Torres Rivera.