Según la investigación de Ia División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia, el trabajo de bacheo en la capital "fue un ofrecimiento libre y voluntario".

El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), concurrió con la determinación del Departamento de Justicia de no asignar un FEI al alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo y a varios legisladores novoprogresistas de la capital, por una querella relacionada a la compañía JR Asphalt.

La querella fue radicada ante el Departamento de Justicia por el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Albelo; la exsenadora del Partido Popular Democrático, Rossana López León y el exlegislador municipal por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa. Los tres fueron candidatos a la alcaldía de San Juan en las pasadas elecciones.

En la querella se alegó que, según había trascendido públicamente, el alcalde y otros legisladores habían tenido vínculos con Ia empresa JR Asphalt Inc. Los socios de esta empresa, Raymond Rodríguez y Mario Villegas, están acusados en el foro federal por participar en un esquema de soborno, a cambio de adjudicarle contratos municipales que beneficiaron a la compañía de asfalto y pavimentación.

Por ello, alegaron los querellantes que pudo haber existido un acuerdo entre el alcalde y los socios de la empresa en el que realizarían obras de bacheo en San Juan, a cambio de que se les otorgaran contratos municipales en el futuro.

En la investigación de Ia Division de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, no se encontró desvío en los procesos de subasta de la capital, y que los mismos, cumplieron con las normas, reglamentos y leyes establecidas a tales propósitos. Tampoco ninguno de los querellantes pudo aportar prueba directa sobre actos delictivos, ya que lo declarado no les consta de propio y personal conocimiento.

“La prueba documental recopilada en la investigación demuestra que las declaraciones del alcalde Romero Lugo, han sido consistentes en que los trabajos de bacheo se realizaron con asfalto provisto por JR Asphalt, sin costo alguno y con el único propósito de beneficiar a las comunidades. Ello hay que analizarlo conjuntamente con el dato de que no se obtuvo evidencia que estableciera que el asfalto fue sufragado con fondos públicos”, lee en parte la Resolución emitida por el PFEI.

La prueba recopilada por Justicia establece que, a pesar de que JR Asphalt licitó en siete ocasiones, solo fue agraciada en cuatro procesos de subasta. Los procesos de selección y contratación que se llevan a cabo en el municipio no proveen espacios para la participación del alcalde.

“La DIPAC no encontró prueba alguna de que el licenciado Romero o cualquiera de los otros querellados, procuraran el asfalto para el bacheo. Lo que surge es que efectivamente fue un ofrecimiento libre y voluntario”, expresa en su exposición la Resolución.

Al no existir el quantum de prueba necesario para la designación de un FEI, el Panel ordenó el archivo definitivo de este asunto.

Reacciona Romero

Por su parte, el alcalde Romero reaccionó a esta determinación.

“En el día de hoy he sido notificado sobre la determinación de archivar y no asignar un Fiscal Especial Independiente ante la ausencia total de prueba que sustentaran las falsas alegaciones de una querella presentada por los políticos Manuel Natal, Rosana López y Adrián González. En la querella se hicieron alegaciones e imputaciones inexistentes sobre conducta ilegal con una empresa vinculada con actos de corrupción. Con la determinación notificada en el día de hoy, el PFEI concurrió con el Departamento de Justicia el cual también concluyó previamente sobre la ausencia de evidencia", dijo el alcalde en declaraciones escritas.

"Acojo con respeto las determinaciones notificadas. Las mismas validan lo que expresé en un principio sobre mi cumplimiento con el rigor legal en todas mis acciones y conducta como servidor público y sobre la pulcritud y rigurosidad en los procesos de subasta que se llevan a cabo en el Municipio de San Juan”, finalizó el primer ejecutivo capitalino.

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