Legisladores del PIP exigen mayores herramientas para fiscalizar la corrupción
Solicitaron por escrito a los presidentes de las Comisiones de Hacienda en la Cámara y del Senado para que atiendan con urgencia, mediante vistas públicas, la escasez de fondos asignados a la Oficina del Contralor Electoral.
La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), compuesta por la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez Lebrón, exigieron el jueves que se atienda en la Cámara de Representantes y el Senado el reclamo de la Oficina del Contralor Electoral (OCE) para mayores herramientas de fiscalización.
“La OCE ha planteado públicamente que requiere de mayores herramientas para fiscalizar. Específicamente, ha expresado que tiene un campo limitado de acción para probar coordinación de gastos entre distintos comités electorales y un super PAC dentro de la jurisprudencia actual por lo que pide que se elimine el requisito de que la coordinación conste por escrito, entre otras enmiendas necesarias”, expresó Márquez Lebrón en declaraciones escritas.
Ambos legisladores independentistas solicitaron por escrito a los presidentes de las Comisiones de Hacienda en la Cámara de Representantes y del Senado para que atiendan con urgencia, mediante vistas públicas, la escasez de fondos asignados a la OCE.
“El objetivo de dichas vistas tiene que ser la identificación de fondos adicionales para dicha oficina, tanto para el año fiscal en curso, como para el año fiscal que comienza el próximo 1ro de julio”, expresó por su parte Santiago.
De igual forma, Márquez Lebrón y Santiago solicitaron a los respectivos presidentes de la Comisión de Gobierno en Cámara y Senado para que convoquen a vistas públicas para identificar enmiendas a la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.
“Los eventos recientes, relacionados con casos de corrupción que han implicado, e implican a una serie de funcionarios públicos electos, requieren de la Asamblea Legislativa acciones que respondan con absoluta contundencia a las prácticas ilegales mediante las cuales ciertos partidos políticos y candidatos/as a puestos electivos reciben donativos privados. La reciente convicción del ex-alcalde de Guaynabo constituye el último eslabón en una cadena de eventos que delatan la ausencia de fiscalización y de controles que eviten la ocurrencia de tales actos delictivos”, manifestaron los portavoces del PIP en la Legislatura.