Los senadores Juan Zaragoza Gómez y José Vargas Vidot radicaron una resolución para investigar y fiscalizar el por qué no se han implementado las leyes adecuadamente.

Ante el reclamo de un colapso del sistema de salud por falta de recursos, fuga de personal y justicia salarial, los senadores Juan Zaragoza Gómez y José Vargas Vidot denunciaron que el problema no es uno legislativo, sino una inacción del Ejecutivo.

Esto debido a que plantean que la Legislatura ya ha aprobado diversos proyectos de ley que benefician de muchas maneras a la clase médica, pero al momento de ser implementados, falla la Rama Ejecutiva.

"Esta Asamblea Legislativa ha aprobado un sinnúmero de leyes importantísimas para atender y prevenir el colapso de nuestro sistema de salud (...) Sin embargo, la implementación de ciertas leyes claves para lograr estos objetivos se ha encontrado con un escollo del que poco se ha hablado a nivel nacional. Se trata de una falta de diligencia crasa por parte del componente financiero de la Rama Ejecutiva, y en específico de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico para cumplir con los requisitos estatutarios mínimos que permitan la puesta en vigor de estas leyes al amparo de la ley PROMESA", lee la exposición de motivos de una resolución radicada por ambos senadores ayer, miércoles.

¿Qué leyes han aprobado?

La exposición de motivos desglosa distintas leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Legislativa pero que no se han implementado, como por ejemplo la Ley 138-2019 que buscó prohibirle a los planes médicos la práctica de denegar solicitudes, de manera arbitraria, a médicos y demás profesionales de la salud (debidamente calificados en Puerto Rico) que buscan contratar con estos planes para que sus pacientes puedan costear sus procedimientos a través de ellos.

De igual manera la Ley 90-2019, que buscó prohibir que la organización de servicios de salud de Medicare Advantage o su representante acuerde con un proveedor de servicios el pago de una tarifa menor a la establecida para ese año por los Centros de Servicios Medicare y Medicaid Services (CMS) para Puerto Rico por los servicios provistos como proveedor de Medicare Advantage; así como establecer la prohibición a toda organización de servicios de salud de Medicare Advantage o su representante, incluyendo los manejadores y administradores de beneficios, de cancelar o terminar un contrato debidamente establecido con un proveedor o profesional de la salud sin justa causa.

También hace mención a la Ley 82-2019, que creó un nuevo regulador al establecer la Oficina del Comisionado Regulador de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia otorgándole poderes y facultades de supervisar y fiscalizar a los Manejadores de Beneficios de Farmacia (Pharmacy Benefit Manager ‘PBM’, por sus siglas en inglés), los Administradores de Servicios de Farmacias (Pharmacy Benefit Administrators ‘PBA’, por sus siglas en inglés); y cualquier entidad similar que contrate los servicios con las Farmacias en Puerto Rico.

Por último, la Ley 142-2020 que buscó prohibir que el criterio del médico sea alterado por un plan médico requiriéndole a los planes médicos una cubierta inmediata temporera para que el paciente no se quede desprovisto de sus medicamentos hasta que se resuelva su reclamación.

"Ante esta realidad, esta Asamblea entiende, que tanto para que se puedan poner en vigor estas leyes, como para que pueda prosperar cualquier esfuerzo o acción legislativa futura, se debe corregir este patrón de una vez y por todas. De nada vale continuar legislando si la Rama Ejecutiva no es capaz de cumplir con sus obligaciones más básicas en aras de facultar la implementación de las leyes debidamente promulgadas por este cuerpo", dice la exposición de motivos.

Con esta resolución, se ordena a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal a realizar una investigación exhaustiva, de naturaleza continua, sobre sobre las gestiones realizadas por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Oficina del Gobernador y demás componentes de la Rama Ejecutiva a modo de investigar y fiscalizar el porqué la falla en la implementación de estas leyes.

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