Concluyeron que no hubo intención criminal.

La Fiscalía de Aibonito determinó no radicar faltas contra el menor involucrado en un incidente en el que su amigo, Evan Andrés Ramos Robles, de 16 años, perdió la vida a causa de un disparo el pasado domingo en el barrio Asomante en Aibonito.

Según se indicó mediante comunicado de prensa, tras evaluar el propósito que tiene la Ley de Menores (Ley 88 de 1986), dialogar con los padres del occiso, y analizar la prueba recopilada que surge de la investigación, el fiscal de distrito de Aibonito, Ernesto Quesada Ojeda, y la procuradora de menores, Vanessa Méndez Torres, concluyeron que no hubo intención criminal por parte del joven.

“Se trató de un accidente trágico y no procede la radicación de faltas contra el menor. El someter a este joven al rigor de los procedimientos en el Tribunal de Menores no sería un acto de justicia y nos llevaría a cuestionamos si se cumpliría con el objetivo de la rehabilitación. Los únicos servicios que necesita este joven son sicológicos para poder sobrellevar esta tragedia que lo acompañará toda su vida”, manifestó la procuradora en declaraciones escritas.

“En incidentes de esta naturaleza, evaluamos todas las circunstancias, la evidencia recopilada, el trasfondo de ese joven y la postura de la familia del menor que perdió la vida. Ante todo este cuadro, llegamos a la conclusión de que los hechos no ameritan el exponer al menor a un procesamiento de faltas en el Tribunal de Menores”, añadió Méndez Torres.

Por su parte, Quesada Ojeda indicó que se investigó la posible comisión de algún delito por parte del dueño del arma de fuego. Sin embargo, se determinó que no hubo negligencia en el manejo del arma.

“Según surge de los testimonios, el arma se encontraba en una habitación en la residencia del primo del occiso, cuya puerta estaba cerrada. Los jóvenes entraron en la residencia cuando el hombre no se encontraba y sin avisarle a este previamente. Ninguno de los menores vivía en la residencia donde ocurrió el incidente. Por lo que no se constituyen los elementos de delito, según la Ley de Armas de Puerto Rico. No obstante, sobre este asunto, se evalúa si corresponde una investigación administrativa”, explicó el fiscal de distrito de Aibonito.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, respaldó la decisión.

“Me parece que la determinación es justa y fundamentada en derecho. Además, es conforme a nuestra política pública de atender a los jóvenes con una visión terapéutica y rehabilitadora. Lo contrario hubiera ocasionado más dolor a dos familias que ya están sufriendo”, expresó el secretario.

Ante el resultado de la investigación, el Ministerio Público se dispone al cierre y archivo del caso.