El presidente del Colegio de Dentistas, David Kerr, apuntó que estos médicos no pueden asumir los costos de seguridad que impone el virus debido a las bajas tarifas que ya reciben por sus servicios.

El presidente del Colegio de dentistas, David Kerr, hizo un llamado a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, para que ordene a las aseguradoras a pagar el cargo impuesto a través del código D1999, establecido por la American Dental Association (ADA) y la Administración de Seguros de Salud (ASES) para cubrir los costos de los equipos de protección personal y cumplimiento de los nuevos protocolos requeridos para reabrir las oficinas dentales.

Aseguró que si todas las aseguradoras cumplen con el pago de este código, como algunas ya lo están haciendo, los pacientes no tendrían que pagar el llamado COVID fee,

“Las nuevas guías y protocolos establecidos por la ADA, el gobierno de Puerto Rico, OSHA y los CDC como requisito para reiniciar operaciones, así como el incremento en los niveles de seguridad de los equipos de producción y el alza en costos que estos han experimentado por la pandemia, han obligado a los dentistas a invertir miles de dólares y a reducir el volumen de pacientes que pueden atender. Por ello, la ADA, organismo por el que nos regimos los dentistas y la ASES, establecieron el código de facturación D1999 para que las aseguradoras cubrieran estos costos”, indicó Kerr.

El dentista explicó que, a raíz de una orden emitida por ASES, actualmente las aseguradoras están pagando este código para los suscriptores del plan Vital, mientras que, a los pacientes de seguros privados, aseguradoras como MCS y Delta Dental también cubren los costos a través de este código. Sin embargo, hay aseguradoras como Triple S, MMM, Humana y First Medical que, según el dentista, se han negado a cubrirlo para los beneficiarios de planes privados y de Medicare Advantage.

Kerr urgió a la Gobernadora, a la Procuradora del Paciente y al Comisionado de Seguros para que les ordenen a estas aseguradoras proteger a sus suscriptores.

“El costo estimado de atender a un paciente, siguiendo los nuevos protocolos, se estima en $45 por cada paciente. Si las aseguradoras cubren el código D1999, como es su deber, los pacientes no tendrían que aportar para ello. Nosotros no podemos absorber esos gastos con las bajas tarifas que nos compensan hace 27 años. Las aseguradoras llevan meses cobrando sus primas a suscriptores comerciales y recibiendo en su totalidad los fondos para pacientes de programas de Vital y Advantage y apenas han recibido facturas por servicios. ¿Por qué no invierten ese dinero ahorrado en la protección de sus suscriptores y proveedores?”, cuestionó el galeno.

Según el dentista, el denominado “COVID Fee” podría eliminarse, si las aseguradoras protegieran a sus suscriptores y proveedores cubriendo el costo, a través del cumplimiento del pago del código D1999 que determina una cantidad de $35 dólares para estos fines.

“Todos los pacientes deben ser protegidos de igual manera. Las aseguradoras no pueden cubrir los costos de protección para unos y para otros no. Nosotros seguimos todas las guías de protección sugeridas con todos los pacientes. Los costos de estos equipos y productos se han elevado exponencialmente y los dentistas han tenido que triplicar los niveles de seguridad de sus equipos para cumplir con las nuevas guías. Ahora se requiere un mayor grado de desinfección entre cada paciente y equipos más eficientes para controlar el aerosol y la exposición del dentista y sus asistentes al paciente. Somos actualmente la profesión con el mayor riesgo de contagio porque trabajamos precisamente en la boca, donde se aloja el virus. El 75 por ciento de los dentistas no han podido iniciar operaciones por no contar con el capital para hacer la inversión que se requiere para reabrir las prácticas bajo las nuevas condiciones y otros porque no han conseguido los equipos necesarios”, reveló el presidente del gremio.

“Una mascarilla que antes costaba alrededor de un dólar, ahora cuesta alrededor de $6. Los costos se han quintuplicado. A esto se suma que los nuevos protocolos tienen el efecto de que los dentistas tengan que atender una menor cantidad de pacientes, en algunos casos hasta por debajo de la mitad de los que intervenían en un día, previo a la pandemia. Para realizar procedimientos más seguros, algunos han tenido que invertir en equipos que antes no eran necesarios”, señaló Kerr.

“Cientos de dentistas no podrán abrir en los próximos meses o hasta que se cree una vacuna. Otros cerrarán permanentemente. El gobierno ha salido a rescatar a los hospitales y a los médicos. Comprendemos la necesidad de ello. Sin embargo, los únicos que trabajamos en la boca, con un riesgo de contagio extremo y quienes sufriremos las consecuencias de la reducción de pacientes por temor al COVID-19, somos los dentistas. Si el gobierno, no asigna un incentivo, tendremos una fuga masiva y con ello, un problema de acceso a salud oral”, recalcó el portavoz de los dentistas.

“No hay razón para que las aseguradoras no cubran los costos asociados al COVID-19 para proteger a los pacientes cuando todos estos meses han continuado cobrándole las primas de los seguros y no se ha dado servicio de salud. Incluso, las aseguradoras continuarán experimentando ganancias sustanciales hasta que surja una vacuna para el virus, porque los pacientes continuarán limitando sus visitas a médicos y dentistas”, agregó el odontólogo