La entidad explicó que existe el derecho al aborto que está cobijado por la Constitución bajo el Articulo II, Sección 8

La doctora Yari Vale, portavoz de la Coalición de Clínicas de Terminación de Embarazos tildó de inconstitucional medida legislativa propuesta por la senadora Joanne Rodríguez Veve que busca requerir la intervención de al menos uno de los padres que ostente la patria potestad o del custodio legal de una menor al momento de consentir un aborto.

La portavoz, quien se expresó en conferencia de prensa, explicó que existe el derecho al aborto que está cobijado por la Constitución bajo el Articulo II, Sección 8. Asimismo, indicó que este Artículo dispone que “toda persona tiene el derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, su reputación y su vida privada o familiar”.

“Entendemos que el proyecto de ley al que hacemos referencia, es inconstitucional porque persigue limitar el acceso al aborto a menores de edad, pretendiéndose cobijarse en una visión proteccionista que en base a nuestra experiencia es errónea. Aun si obviamos el derecho constitucional al aborto y la casuística vigente, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que la edad de consentimiento tiene que ser tratada de una manera distinta cuando se trata de derechos reproductivos, cosa que está decidida por los foros judiciales”, expresó Vale.

Según lo informado por la Coalición, la conferencia fue citada en respuesta a la no comparecencia de la entidad a una vista pública de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico.

La Clínica Planificación Familiar explicó en su ponencia que existen procedimientos y protocolos que los guían al momento de evaluar y entrevistar a la paciente. Asimismo, se explicó que, a la llegada de una paciente a la clínica, el médico que realizará el aborto la orienta para conocer el motivo del aborto.

“En esta entrevista además de obtener el consentimiento informado la clínica busca conocer si la paciente está siendo coaccionada tanto para abortar como para no abortar, si ese embarazo es producto de una violación y si la paciente entiende las consecuencias de practicase el aborto. Y es luego de esta entrevista que el médico concluye que la menor comprende el procedimiento y las consecuencias del mismo y si es un caso de abuso o violación”, planteó la ponencia.

Según la ponencia, resulta imperativo que la Comisión entienda que el proceso en la clínica se ciñe a protocolos dirigidos a garantizar la calidad de los servicios y el bienestar de todo paciente.

“El hecho que llegue una paciente a la facilidad ya sea menor o mayor de edad, no es sinónimo de que se le practicará el aborto meramente por que la paciente así lo solicita”, indicó la ponencia.

De igual manera, la ponencia secundó los planteamientos de la doctora Vale, y sostuvo que el proyecto de ley, es inconstitucional, ya que persigue limitar el acceso al aborto a menores de edad “cobijándose en una visión proteccionista que, en base a la experiencia, es errónea”.

Para secundar a la Clínica de Planificación Familiar, el Women’s Medical Pavillion y el Darlington Medical Associates también se opusieron a la medida, ya que les preocupa el impacto detrimental a la salud que puedan tener las adolescentes al verse forzadas a continuar embarazos de alto riesgo por un proyecto como este.

“Nos preocupa la situación de las pacientes adolescentes que no se atrevan a buscar los servicios, por situaciones sociales de violencia que impidan divulgar su embarazo, no pudiendo tampoco acceder a los servicios prenatales, lo que redundaría en una pobre salud para ella y el embarazo en desarrollo. Nos preocupan aquellas adolescentes que decidan

terminar su embarazo fuera de la supervisión médica y que esto redunde en mayor morbilidad para ellas. Esta ley que pretende envolver en decisiones a progenitores, contrario a llevar a identificar víctimas de incesto o violación, tendrá el efecto de encubrir esos casos pues ellos podrán firmar para que se lleve a cabo la terminación de embarazo, sin ningún descubrimiento de prueba para lograr parar la violencia sexual a menores”, indicó la ponencia del Darlington Medical Associates.

El Darlington también resaltó que en la exposición de motivos de la medida se argumenta que hay consecuencias a la salud física y mental al hacerse un aborto. Sin embargo, aseguró que la pieza legislativa no cita ninguna investigación para sustentar los planteamientos.

“Este llamado ‘trastorno psicológico’ que la senadora describe en su exposición de motivos es falso y así se evidencia en múltiples investigaciones científicas. La más reciente, "The Turn Away study" (2015), refleja que no hay daño psicológico ni físico en las pacientes que decidieron y pudieron tener acceso a los servicios de aborto. Por el contrario, sí hay evidencia que las pacientes que no pudieron tener acceso a dicho servicio (turned away), sí tuvieron depresión y ansiedad en los primeros dos años de crianza luego de ese embarazo no deseado. Este estudio, al igual que otros, con amplia participación, dio evidencia de que un aborto es más seguro que un parto o cesárea”, planteó la ponencia.