Una de las propuestas del contralor Walter Vélez Martínez es establecer un límite anual de $250 al dinero que puede donarse a un aspirante, candidato, comité o partido político.

El contralor electoral de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), Walter Vélez Martínez, pidió, en vista pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, que se añadan mayores limitaciones para el financiamiento de campañas políticas.

Vélez Martínez se presentó ante la Comisión para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño, presidida por el representante José “Cony” Varela, para atender el Proyecto de la Cámara 1676 (P. de la C. 1676). Esta medida propone enmiendas a la Ley 222-2011, conocida como la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Públicas”.

En su ponencia, el contralor enfatizó la lucha contra la corrupción, y exhortó a la Comisión a brindar prioridad al trámite del proyecto como parte de los esfuerzos trazados durante el año preelectoral.

Una de las propuestas principales es establecer un límite anual de $250 al dinero que puede donarse a un aspirante, candidato, comité o partido político. Esta limitación, similar a la existente en la ley federal que regula el financiamiento de campañas electorales, incluye dinero en efectivo, giros, cheques de gerente o de viajero.

“La adopción de esta medida persigue brindar transparencia sobre la procedencia del dinero

donado a los distintos comités políticos, a la vez que constituye un mecanismo para evitar que una persona viole la ley al realizar donativos con dinero perteneciente a otra persona o en exceso de lo permitido por ley”, señaló Vélez Martínez.

Según el contralor, la limitación propuesta permite que la Oficina pueda rastrear con mayor efectividad el origen de aquellos donativos mayores de $250.

El contralor utilizó de ejemplo las declaraciones del contratista colombiano Oscar Santamaría en el juicio contra el exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez Otero. En el juicio, Santamaría Torres habló sobre los donativos que hacía a comités políticos en efectivo.

“Ello le permitía a Santamaría hacer donativos en exceso del límite dispuesto por Ley, a la vez que este gestionaba la información de terceras personas para falsamente atribuirle donativos en efectivo dentro de los límites legales. Actividades en las que se informan numerosos donativos en efectivo de entre $2,000 y $2,800 por donante o campañas electorales que se han financiado con más de un 70% de donativos anónimos en efectivo”, abundó Vélez Martínez sobre lo sucedido en el juicio.

Otras de las propuestas que presentó Vélez es requerir a los comités políticos que mantengan récords con la identidad de sus recaudadores, y que cada donativo se pueda atar con su recaudador.

La información de cada recaudador será incluida en los informes de ingresos y gastos para que esté visible a los electores. Asimismo, propuso que el término prescriptivo de los delitos tipificados en la Ley 222 se aumenten de cinco a siete años para otorgar más tiempo al Departamento de Justicia para que procese las posibles violaciones.

De igual manera, Vélez Martínez indicó que se le debe imponer responsabilidad penal a personas que provean información falsa sobre donativos y gastos al tesorero o cualquier personal autorizado en los comités regulados por la Ley 222 y la OCE.

Pese a los planteamientos del contralor, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, planteó en su ponencia que no puede endosar el proyecto tal como está redactado debido a que las medidas propuestas podrían ser contrarias a la jurisprudencia aplicable.

La comisionada señaló que, limitar la cuantía y manera en que una persona puede emitir un donativo, “cedería ante un ataque constitucional”, según las determinaciones discutidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Asimismo, expresó reservas ante lo propuesto de que la información personal de un donante sea requerida.

“Estas medidas le imponen al ciudadano una carga adicional como condición para donar a una campaña. Además, se prestan para la cohibición e intimidación del ciudadano para no donar a una campaña al inquirir sobre información adicional que inclusive no está directamente relacionada con su expresión política. Por esta razón, entendemos que estas enmiendas no serían sostenibles en derecho a la luz de la jurisprudencia aplicable”, dispuso la ponencia de Santo Domingo.

Mientras que, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Aponte, coincidió con la mayoría de las propuestas. Sin embargo, sugirió que la limitación de $300,000 que puede recibir un aspirante candidato a gobernador en donativos anónimos sea reducida “considerablemente más” al señalar que el dinero sin identificar debe ser lo mínimo posible.

Por otro lado, la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte, avaló la aprobación de la medida. Sin embargo, recomendó enmiendas a la medida.

“Es imperativo diseñar estrategias adicionales de financiamiento público que reduzcan la posibilidad del inversionismo político en las campañas electorales. La propuesta es reducir al mínimo la posibilidad de la corrupción quid pro quo y aumentar los requisitos que garanticen que no haya coordinación en los gastos independientes, esta ha sido la postura del Movimiento Victoria Ciudadana”, señaló Aponte.

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