Los datos se proveyeron de los informes que reporta el Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos.

Desde el 2017 al 2020 hubo un promedio de 15,600 referidos sobre alegaciones de maltrato de menores en Puerto Rico.

Así lo expresó en una vista pública de la Cámara de Representantes, el presidente del Social & Community Concepts Inc., Mariano A. Ortiz Rivera, como parte de la discusión del Proyecto de la Cámara 1333 (P.de la C. 1333) para establecer la “Ley para declarar un Estado de Emergencia por Violencia Infantil en Puerto Rico” para declarar estado de emergencia estatal por violencia infantil.

Ortiz Rivera proveyó los datos de los informes que reporta Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos ante la Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jesús Manuel Ortiz González.

“Algunos retos que hemos experimentado como compañía es la falta de recursos por parte de la policía estatal o municipal para la atención de situaciones de peligro, falta de conocimiento de la Ley 246 (Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores) y prioridad en centro hospitalarios, falta de prioridad en procesos judiciales y falta de información y acciones por parte del sector educativo”, señaló Ortiz Rivera.

En el pasado presupuesto, el Departamento de la Familia solicitó a la Junta de Control Fiscal $6 millones adicionales, pero solo recibió aprobación para $2.5 millones. Según Ortiz Rivera, este presupuesto que solo permite contratar 94 trabajadores sociales, de los 200 a 300 necesarios “para brindar un servicio eficiente y de calidad”.

“El Departamento de la Familia y su administración han realizado esfuerzos de reclutamiento de nuevo personal con el fin de brindar los servicios necesarios a la población puertorriqueña, sin embargo las bajas, una vez se reclutan a los profesionales, es una muestra de que existen asuntos muchos más profundos que una limitación en el reclutamiento”, destacó Ortiz Rivera.

Para el presidente de la compañía, la empresa privada, incluyendo su organización, han servido de alivio para la agencia. Sin embargo, Ortiz Rivera reconoció que Familia necesita ser robustecido a nivel económico para maximizar los beneficios de subcontratar servicios y lograr enfocar los recursos disponibles en la implementación de planes de servicio que asisten de manera directa a las familias involucradas.

Por otro lado, el presidente recomendó que se reactiven los trabajos de la Junta Transectorial Comunitaria de Apoyo y Educación a la Familia “con el fin de poder dar seguimiento a las diversas agencias sobre el cumplimiento del estado de emergencia en donde la primera tarea debe ser presentar la propuesta de cómo se cumplirá con la Ley 246”.

Mientras que, en una vista pública anterior, la administradora de Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena Ríos, reconoció la existencia de 10,458 referidos de posibles maltratos a menores aún sin investigar desde el año 2016. Asimismo, se destacó que uno de los problemas principales que retrasan los trabajos para atajar la problemática de violencia es la falta de fondos en el Departamento de la Familia que se ha traducido en deficiencias administrativas y falta de trabajadores sociales.