En la medida se destacó que la demora en la entrega de los diplomas de cuarto año es perjudicial, ya que es la garantía que tienen las instituciones académicas universitarias y técnicas para validar al recién graduado.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó hoy una medida para incluir en la Ley de Reforma Educativa los deberes del superintendente de cada Oficina Regional Educativa y la garantía de entrega del diploma oficial.

El Proyecto de la Cámara 1411 (P. de la C. 1411), de la autoría de la representante Deborah Soto Arroyo, se aprobó por votación unánime con 42 votos a favor.

Según la medida, es vital reconocer y establecer las bases administrativas necesarias con el propósito de que el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) no sea obstáculo para que los recién graduados de la escuela superior gestionen sus estudios universitarios o técnicos. Asimismo, como aquellos estudiantes que se insertan en el campo laboral, y cuyo requisito para el trabajo es el diploma de cuarto año.

“Es de conocimiento general que el Departamento en ocasiones dilata el proceso de entrega de los diplomas de cuarto año, retrasando los planes y trámites que los recién graduados tienen que realizar para poder continuar sus estudios o búsqueda de empleo. Este atraso, en gran medida se debe a que el proceso de impresión y entrega es uno lento y depende considerablemente en lo proactivo que puedan ser los Superintendentes Regionales para la contratación de una imprenta que efectúe los diplomas de tal Región Educativa”, planteó el P. de la C. 1411.

De igual manera, en la medida se destacó que la demora en la entrega de los diplomas de cuarto año es perjudicial, ya que el diploma es la garantía que tienen las instituciones académicas universitarias y técnicas para validar que el recién graduado ha culminado sus estudios.

La medida se radicó el 5 de julio de 2022, y fue referida a la Comisión de Educación, Arte, y Cultura el 6 de julio de 2022.

Día del Capellán

Por otro lado, la Cámara aprobó, con 40 votos a favor, dos en contra, y ninguno abstenido; el Proyecto del Senado 814 (P. del S. 814), de la autoría de la senadora Keren Riquelme Cabrera para declarar el tercer sábado de marzo como el “Día del Capellán”.

Para defender la medida, la representante por el Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, tomó un turno sobre la medida, y expresó lo necesario que resulta la medida para reconocer la labor de los capellanes en los distintos sectores sociales.

“Nuestros capellanes han sido clave en la formación de muchos ciudadanos y enfermos. El servicio de los capellanes en las cárceles, hospitales, asilos, ejército, en el Negociado de la Policía y otros, han sido una fuente de apoyo y mano amiga desde hace siglos. Celebrar como sociedad el tercer sábado de marzo nos permitirá aunar esfuerzos para que el país celebre a esos héroes sin capa que han sido el socorro y la ayuda de muchos ciudadanos. Concurro con la intención legislativa de esta medida, nosotros como legisladores podemos legislar para tratar de resolver necesidades, pero es el capellán el que va directo a la necesidad y atiende necesidades que nosotros no podemos atender desde aquí”, expresó Burgos Muñiz.