A pesar de que a medida ya había sido aprobada y enviada al gobernador, el Senado la pidió de vuelta para aclarar su redacción.

El Senado de Puerto Rico aprobó, en sesión ordinaria, una medida para especificar y reafirmar la intención legislativa de rescindir de cualquier contrato del gobierno si el contratante es convicto por corrupción.

El Proyecto del Senado 299 (P. del S. 299), en su reconsideración, se aprobó con 25 votos a favor. Esta medida busca enmendar la Ley 2-2018, mejor conocida como “Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.

En la exposición de motivos la medida plantea que la redacción de dos artículos de la Ley 2-2018 (Artículo 3.4 y 3.7) resultan ambivalentes en cuanto a la discreción que podría tener el gobierno para rescindir un contrato.

“Por ejemplo, en el caso de una corporación cuyo agente principal fue convicto por algunos de los delitos que establece la Ley. A pesar de que la intención legislativa es evitar que personas, naturales o jurídicas, tengan algún vínculo contractual con el gobierno, no podemos dar espacio a otras interpretaciones. La buena práctica legislativa nos indica que debemos ser específicos, especialmente en estas legislaciones de naturaleza penal en donde está en juego el interés público”, indicó el P. del S. 299.

''Así las cosas, esta Asamblea Legislativa, comprometida con atacar y prever los actos de corrupción, aprueba la presente ley de manera que se aclare su redacción y reafirmar su intención legislativa de que todo contrato vigente sea rescindido de manera inmediata, si el contratante con el gobierno comete y es convicto por actos de corrupción”, sostiene la pieza legislativa.

La medida fue radicada el 19 de abril de 2021, y referida a la Comisión de Gobierno el 20 de abril de 2021. Posteriormente, la medida sostuvo una vista pública para discutir los factores relevantes para la medida.

Eventualmente, se llevó a votación en el Senado y la Cámara de Representantes de Puerto Rico; ambos la aprobaron. Sin embargo, luego de ser enviada al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, el 24 de octubre de 2022 se solicitó consentimiento al primer ejecutivo para devolver la medida.

Vea:

Contratista reta multa que le impuso la Cámara por supuesto conflicto de interés

Advertencia a entidades sin fines de lucro en caso criminal contra contratista de ADFAN