El PIP objetó la medida por entender que autoriza inmunidad absoluta a una entidad que administraría bienes públicos.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó, en sesión ordinaria, una medida para crear la “Ley del Fideicomiso Pablo Casals” para establecer nueva política pública para el legado del Maestro Casals.

El Proyecto del Senado 717 (P. del S. 717) se aprobó con 27 votos a favor, y 16 en contra. La medida autorizará a la Corporación de Artes Musicales, que administra el Museo Pablo Casals, a que comparezca mediante escritura pública a la formación de un fideicomiso que se conocerá como el “Fideicomiso Pablo Casals”.

De igual manera, el proyecto buscará otorgar deberes y obligaciones en ley; delimitar los poderes sobre el corpus del fideicomiso al fiduciario; y otorgarle control y custodia de los bienes que integren el Fondo de Fideicomiso Pablo Casals. La medida dispondrá en torno a las exenciones de responsabilidad legal aplicables, su sistema de contabilidad; y preceptuar que sus deudas y obligaciones no serán del gobierno de Puerto Rico.

Para abundar sobre la medida, el representante por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, indicó que el proyecto está enmarcado “en una serie de preocupaciones”, ya que la pieza legislativa no resuelve el “problema medular del proyecto”.

“Los bienes públicos se están transfiriendo a una entidad privada que, según la ley, puede hacer lo que quiera, cuando quiera con los bienes públicos. Ojo con lo que están aprobando. Yo no tengo ningún problema en que los bienes privados los disponga una entidad privada, eso es un asunto que le compete a la familia y a esa institución. Sin embargo, si se da una lectura del proyecto, nos habla de los bienes públicos, que han sido cedidos al gobierno y se ha levantado la preocupación de que pase a manos de una entidad privada domiciliada en Puerto Rico”, señaló Márquez Lebrón.

Según el legislador, la ley autoriza una inmunidad absoluta a la entidad que va a administrar los bienes públicos que han estado bajo la custodia del gobierno de Puerto Rico desde la década del 70 del siglo pasado.

“Me parece que es un mal precedente que estemos aprobando legislación de bienes que son del patrimonio público cultural, que se le entregue a una entidad privada, que la mayoría no son residentes en Puerto Rico. Se está dando por vía legislativa una autorización de enajenar bienes públicos que son parte del patrimonio cultural de Puerto Rico. El patrimonio cultural del país no debe privatizarse”, puntualizó Márquez Lebrón.

El proyecto se radicó en el Senado de Puerto Rico el 18 de enero de 2022, y fue referido a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado el 19 de enero del mismo año. Posteriormente, la medida se aprobó, en el cuerpo legislativo antes mencionado, el 24 de enero de 2022 con 22 votos a favor, dos en contra, y tres abstenidos.