Aplica a exagentes que hayan servido por ocho años o más y que hayan sido licenciados honorablemente

Pronto se podría permitir la expedición de licencias de detective privado a exagentes del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), a los cuerpos de la Policía Municipal y a otros cuerpos de investigación estatales, municipales y federales.

El Proyecto del Senado 282 (P. del S. 282) se aprobó ayer en con ocho votos a favor en la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología, presidida por el representante Luis Ortiz Lugo. La medida busca enmendar la Ley 108 de 29 de junio de 1965 conocida como “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico” y ahora debe pasar al pleno del cuerpo legislativo.

Para que exagentes puedan expedir la licencia de detective privado, tienen que haber servido por un término no menor de 8 años, y haber sido licenciados honorablemente. Según la exposición de motivos, la Asamblea Legislativa entiende meritorio e imperativo que el NIE, los cuerpos de la Policía Municipal y otros cuerpos de investigación estatales, municipales y federales tengan los mismos beneficios que los agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico y los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

“La solicitud deberá ser jurada ante un funcionario autorizado para tomar juramentos en Puerto Rico y en la misma se hará constar el nombre y apellidos del solicitante; fecha y lugar de nacimiento; lugar de residencia; tiempo que hace que reside en Puerto Rico y el tiempo y lugares en que ha ejercido la ocupación de detective privado”, expuso el P. del S. 282.

Los siguientes representantes se dieron cita en la vista y votaron a favor de la medida: Luis Ortiz Lugo, del Partido Popular Democrático (PPD); Lisie Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad; José Díaz Collazo (PPD), Jesús Manuel Ortiz González (PPD), Estrella Martínez Soto (PPD), Sol Higgins Cuadrado (PPD), Deborah Soto Arroyo (PPD) y Roberto Rivera Ruiz de Porras (PPD).

El proyecto fue presentado por Gregorio Matías Rosario el 2 de abril de 2021, y fue aprobado en el Senado de Puerto Rico el 20 de septiembre de 2021. Posteriormente, la medida se envió a la Cámara, y se refirió a la Comisión de Seguridad Pública. Se espera que se lleve a votación en la sesión ordinaria de la Cámara.

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