También fue aprobada una medida para evaluar el salario mínimo, mientras que el proyecto para enmendar la Ley 54 y facilitar la expedición de una orden ex parte, quedó sobre la mesa.

La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó a “viva voz”, en sesión ordinaria, investigar el funcionamiento del puente atirantado en Naranjito y un proyecto que busca investigar la implementación del nuevo salario mínimo, que entró en vigor en el 2022.

La Resolución de la Cámara 679 (R. de la C. 679) ordena una investigación urgente sobre el funcionamiento y el estado de las reparaciones del puente atirantado Jesús Izcoa Moure en Naranjito.

El proyecto fue presentado por el representante Juan Santiago Nieves, ya que el puente muestra imperfecciones desde que se construyó. En el atirantado, se producen ondulaciones que crean vibraciones con el paso de cada vehículo. Según el proyecto, se desgastan, aceleradamente, los 96 cables que sostienen la estructura.

El representante Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), señaló que, al momento de concluir la investigación, él espera no encontrarse con que hubo “algún tipo de conducta ilegal”. Asimismo, secundó el proyecto, e informó que formará parte de la investigación.

El puente se inauguró el 24 de octubre de 2008, y el estimado inicial del proyecto fue de $31 millones. Según la exposición de motivos de la medida, actualmente, está vigente una asignación federal de $500 millones. Sin embargo, se destacó que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) aún “no ha iniciado trámite alguno para realizar las urgentes y necesarias mejoras al puente atirantado”.

Ojo a la implementación del salario mínimo

El cuerpo legislativo aprobó, sin votación, la Resolución de la Cámara 681 (R. de la C. 681) para fiscalizar a los patronos que aún no han aumentado el salario mínimo de sus empleados, ya que la asamblea legislativa “ha recibido quejas de constituyentes”. Según la medida, las quejas causaron preocupación, debido a las condiciones “tan precarias” en las que vive la clase trabajadora de Puerto Rico.

La medida ordena a la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre todo lo concerniente a la implementación de la Ley 47-2021, conocida como “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico”.

En la “Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico” se estableció que se aumentaría, escalonadamente, el salario mínimo en la Isla con un primer aumento a $8.50 la hora para el 2022. Luego, el salario aumentaría a $9.50 la hora, el 1 de julio de 2023, y finalmente, el 1 de julio de 2024, el salario aumentaría a $10.50 la hora.

El proyecto fue presentado por el representante del Partido Popular Democrático (PPD) Héctor E. Ferrer Santiago el 14 de febrero de 2022, y referido a la Comisión de Asuntos Internos el 19 de diciembre de 2022.

De igual manera, el aumento del salario mínimo surgió el pasado 21 de septiembre del 2021, luego de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia firmara el Proyecto de la Cámara 338 (P. de la C. 338).

Medida sobre enmiendas en Ley 54

La medida que pretende enmendar la Ley 54, mejor conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica” se dejó “sobre la mesa” para aclarar dudas que quedaron entre los representantes, específicamente, el legislador popular Orlando Aponte Rosario, quien dejó claro su desacuerdo.

El Proyecto de la Cámara (P. de la C. 716) busca facilitar la expedición de órdenes ex parte a las víctimas de violencia de género.

“Con el objetivo de facilitar que las víctimas de violencia de género puedan obtener una orden de protección ex parte, al simplificar los que tiene que evaluar el juez al expedir dicha orden. Esta medida pretende además reducir el periodo que tiene la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) para notificar al agresor de la expedición de una orden de protección de 48 horas a 24 horas”, señaló la exposición de motivos del P. de la C. 716.

El representante Aponte Rosario explicó que las órdenes ex parte son “peligrosas”, ya que significa que un tribunal puede ordenar y tomar acción contra una persona sin que se le garantice un debido proceso de ley.

“Se supone que la Constitución de Puerto Rico le garantiza a cada ciudadano unos derechos antes de afectar, por ejemplo, su libertad o antes de condenar. El proyecto es sin sentido, ni tiene razón de ser”, puntualizó Aponte Rosario.

Como parte de los esfuerzos para combatir la violencia de género, luego de que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia declarara estado de emergencia el pasado 24 de enero de 2021, a la legislatura le compete examinar las leyes actuales. Por esta razón, la medida busca permitir que las personas, víctimas de violencia doméstica, puedan recibir la protección a través de una orden ex parte que elimina requisitos que “en muchos casos provocan atrasos en el proceso".

La medida fue presentada por las representantes Jocelyne Lebrón Rodríguez, del Partido Popular Democrático (PPD); María de Lourdes Ramos Rivera, del Partido Nuevo Progresista (PNP); y Wanda del Valle Correa del PNP. De igual manera, el representante del PNP Ángel Peña Ramírez participó de la medida.