El equipo fiscal del gobierno afirma que las medidas carecen de una evaluación de su impacto económico.

Legislación dirigida a crear un alivio contributivo especial que beneficie a los ciudadanos que incurran en gastos por servicios médicos veterinarios para atender la salud de sus mascotas enfrentó objeciones del equipo fiscal del gobierno, que reiteró su reclamo de que la medida no estima su impacto fiscal y podría además violar las disposiciones presupuestarias impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal.

Son en esta ocasión dos los proyectos radicados en la Cámara de Representantes con similares objetivos y omisiones sobre su efecto fiscal.

El P de la C 241 busca garantizar que los dueños de mascotas que carezcan de recursos económicos suficientes puedan brindarle a su animal de compañía una atención veterinaria de calidad. Para lograr tal objetivo propone una deducción por cuidado médico a mascotas que no exceda de $2,500 anuales.

El P de la C 1409 propone por su parte la creación de un nuevo crédito contributivo por concepto de gastos médicos de veterinario de mascotas domésticas, pero limitado en esta ocasión de hasta $500 anuales.

“De una evaluación sobre !as medidas correspondlentes, debemos aclarar que las piezas legislativas en cuestlón, no nos ponen en posición de conocer cuánto es el gasto exacto para servicios veterinarios en Puerto Rico planteados en el PC 241,así como tampoco el gasto de medicamentos para mascotas, ni cuál sería el impacto que tendría en los recaudos del Gobierno de Puerto Rico, si fuera aprobado el crédito contributivo propuesto en el PC 1409”, sostiene la ponencia que presentó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

“Nos parece especialmente relevante llamar la atención al hecho de que el Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, exige que toda medida que potencialmente afecte los recaudos contributivos deberá cumplir con el denominado Principio de Neutralidad Fiscal establecido en la Sección 17.3.3. En particular, la referida sección exige que toda reducción en impuestos venga acompañada por medidas que aumenten los recaudos o, que reduzcan el gasto”, agrega la ponencia firmada por el subdirector ejecutivo, Nelson Pérez.

En similares términos se expresó el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Juan Carlos Blanco Urrutia, en su escrito. “Evaluada la medida ante nuestra consideración, de acuerdo con nuestras áreas de competencia, encontramos que la aprobación de la misma pudiera tener un impacto fiscal que debe ser considerado previo a su aprobación”, dijo.

Agregó que las exenciones son gracias legislativas que conllevan un gasto tributario, pues el Gobierno deja de recibir fondos que de no existir esta, recibiría. “Es necesario señalar que las iniciativas que erosionan la base de ingresos que recibe el Fondo General pueden afectar la preparación del presupuesto para los próximos años fiscales. Además, se debe tomar en consideración que la aprobación de medidas que afectan adversamente los recaudos puede a su vez afectar los servicios esenciales que se le ofrece a la ciudadanía”, sostuvo.

En su turno el el subsecretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, advirtió que el PC 241 no establece cuánto es el gasto exacto por servicios veterinarios en Puerto Rico ni el gasto en medicamentos para mascotas.

Informó que, utilizando los gastos de consumo personal de la Junta de Planificación, así como la Canasta de Gastos del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos, estimaron que el efecto fiscal estimado de la deducción puede ascender a $13.2 millones anuales.

Sobre el PC 1409, indicó que esa legislación solo establece que será otorgado a individuos. “Sin embargo, la medida no limita a una mascota por crédito, por lo que provoca incertidumbre sobre la intención legislativa es que se pueda tomar más de un crédito por la misma mascota o por mascotas adicionales, en caso de que en la planilla exista más de un contribuyente”

Coincidió con el señalamiento sobre la necesidad de que la Legislatura evalúe en mayor detalle el impacto de la medida sobre el Plan Fiscal del Gobierno y alertó que si no se identifican fondos para compensar la pérdida de ingresos, la medida pudiera no cumplir con las reglas de la Junta de Supervisión Fiscal.

A favor de las medida compareció la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, Blanca I. Colón Olmo, que señaló que la idea de un crédito contributivo o una deducción especial para los gastos en servicios médicos veterinarios “puede significar no sólo un alivio al presupuesto familiar, sino que también puede promover un mejor cuidado de los animales que forman parte de las familias puertorriqueñas”.

“Estamos particularmente esperanzados en que pudiera lograrse un aumento en las esterilizaciones y la identificación con microchip de mascotas, estrategias que insistimos son imprescindibles para el control de la población de animales y la reducción de los animales desamparados que habitan nuestras vías y espacios públicos”, agregó.

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