Las organizaciones depusieron ante la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, que preside la senadora María de Lourdes Santiago.

Con cinco días laborales restantes al inicio escolar de manera presencial, el Departamento de Educación no ha finalizado la contratación de asistentes de servicio (T1) para los estudiantes de educación especial y, de manera interna, se desconoce la totalidad de escuelas que abrirán porque el estatus estructural del 98% de los planteles también es un misterio.

Algunos de estos problemas se han subrayado por las pasadas semanas a raíz de la orden del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia de retomar cursos presenciales el 1 de marzo, pese a la continuidad de la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, organizaciones como la Asociación de Maestros de Puerto Rico (ASMPR), la Federación de Maestros (FMPR), los grupos ÚNETE, EDUCAMOS y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), entre otros, recalcaron que solo el Primer Ejecutivo y los nominados secretarios de Educación, Elba Aponte Santos, y Salud, Carlos Mellado López, son quienes impulsan el regreso apresurado.

Las organizaciones depusieron ante la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación, que preside la senadora María de Lourdes Santiago. Coincidieron en que ansían regresar a los salones, pero únicamente cuando sea seguro y se muestre preparación, que podría ocurrir en agosto y no en cinco días laborables.

“Volver a clases presenciales no debe ser un experimento de riesgos desconocidos, debe responder a un plan articulado y mesurado, donde las variantes puedan ser controladas y los componentes del sistema se sientan seguros en el desempeño de sus respectivos roles. Para eso, aún falta camino por recorrer”, declaró Grishelle Toledo Correa, secretaria general de la Local Sindical de la AMPR.

Los grupos también atendieron el elefante blanco en el cuarto: pasó un año entero sin clases y las agencias encargadas, como Educación y la Autoridad de Edificios Públicos, entre otras, no hicieron ni un esfuerzo mínimo en arreglar las escuelas que ya tenían daños por los terremotos o darles mantenimiento, como cortar la grama.

De acuerdo a María del Carmen Warren González, presidenta del Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial, la mayoría de los padres de niños de educación especial que ha abordado han expresado que no llevarán a sus hijos a la escuela.

Para el inicio de clases en el sector de educación especial, la agencia necesita 5,897 asistentes de servicio (T1) para atender las necesidades individuales de los alumnos. De esa suma han podido reclutar a 4,989, por lo que faltan 908 posiciones por cubrir. El licenciado Eliezer Ramos Parés, secretario asociado de Educación Especial, aseguró que se han hecho varias convocatorias para llenar esas vacantes, pero no han tenido éxito.

La presidenta de la SPT, Karen de León Otaño, mencionó que existen casi 4,000 T1 bajo condición de empleados irregulares y que bajo el plan de regreso ejercerán otras labores. La portavoz sindical preguntó en qué consistirá el cambio de tareas y cómo se atenderá a los transportistas, quienes no han sido vacunados.

“Teniendo en cuenta que la labor que hacen las T1 en muchas instancias requiere una proximidad física para con el niño o niña, ¿cómo se garantizará la seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras ante la amenaza de contagio del COVID-19? ¿Tenemos certeza de que para el comienzo de clases presenciales todo el personal del Departamento de Educación estará debidamente vacunado? ¿Se le hará pruebas periódicas de COVID 19 a los niños y niñas de educación especial, principalmente aquellos con dificultad de movilidad?”, cuestionó de León Otaño.

Apertura sin claridad

Ramos Parés explicó que los primeros en regresar serán los estudiantes de Educación Especial de los salones a tiempo completo en prekínder y kínder en escuelas que no fueron perjudicadas por los sismos de enero de 2020. La selección se sabrá una vez se decidan qué escuelas son las que van a abrir.

Según su desglose, el horario de clases sería de cuatro horas y media, el almuerzo para llevar (“to go”) y los grupos se compondrían de seis estudiantes por día.

La segunda fase del plan aplica a los estudiantes de primer a duodécimo grado, igual en escuelas sin daños por los sismos. Su horario de clases sería de cinco horas y los grupos se dividirán en dos, por orden alfabético.

En la tercera fase, para estudiantes en escuelas que sí sufrieron daños por los terremotos, las clases serán alternadas entre virtuales a través de Microsoft Teams y presenciales por 4 horas.

Sin embargo, es la nominada Secretaria de Educación quien tiene la prerrogativa de decidir qué escuelas se abren y cuáles no, ante la falta de un documento que establezca unos criterios específicos, según Ramos Parés. Hasta su mejor entendimiento, solo 50 de las 172 escuelas que habían sido catalogadas como “aptas para abrir” serían las que abrirán sus portones el 1 de marzo para personal docente y el 3 de marzo para estudiantes.

“Es una prerrogativa de la Secretaria en este momento, pero en este momento un documento no, yo no lo tengo. Los Superintendentes han definido lo que ellos entienden. Hay unos criterios bases que ellos han compartido y unas guías del Departamento de Salud”, expresó Ramos Parés a preguntas de la senadora Santiago Negrón.

Aponte Santos fue citada a la misma vista pública pero se ausentó. De acuerdo al Secretario Asociado, la funcionaria tuvo una reacción a la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pese a las justificaciones sobre su ausencia, poco antes de la vista Aponte Santos concedió una entrevista radial en la que dijo que entre 20 y 25 escuelas estaban listas para abrir en marzo, la mitad de las que Ramos Parés dijo.

“¿De qué manera asiste al proceso que la comunidad no sepa qué escuelas van a abrir?”, cuestionó la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Ramos Parés indicó que le ha hecho muchas preguntas a la Secretaria nominada sobre el regreso a clases, así como al Departamento de Salud y confía en que el listado oficial se publique el 25 de febrero.

A eso de las cuatro de la tarde de ayer, mientras la vista pública continuaba su curso, el Departamento de Salud presentó el “Protocolo para la Vigilancia de COVID-19 en el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la apertura de escuelas”, que contiene los criterios para abrir y dejar abierto un plantel en medio de la pandemia, entre otras guías.

El Secretario Asociado de Educación Especial esbozó que un 67% de los estudiantes se conectaba a Microsoft Teams al 30 de septiembre de 2020, mientras que un 48% se había acogido a los módulos y 5% usaba la tele-educación (cursos por WIPR).

No obstante, las organizaciones magisteriales cuestionaron esos números y especificaron que no es hasta ahora, en el 2021, que en su mayoría han podido experimentar una mejoría en la conexión de los estudiantes. Ahora que los alumnos se han adaptado a la educación virtual, según los grupos, es que el gobierno pretende revertir esos avances y regresar a los salones.

Las justificaciones no tienen base

Tanto el Gobernador como los Secretarios nominados han sustentado la urgencia de reapertura en que la falta de clases presenciales ha exacerbado el maltrato, el hambre y el rezago académico de los 276,413 estudiantes que forman parte del sistema público de enseñanza.

Unos 108,427 estudiantes reciben servicios del Programa de Educación Especial de la agencia en escuelas públicas y privadas. De estos, 87,656 pertenecen al sistema público.

Sin embargo, las organizaciones retaron esos planteamientos.

“Cuando hablan del rezago de nuestros estudiantes, se quedan en la pandemia, los sismos o el huracán María. El gran rezago de nuestros estudiantes de la corriente regular y del Programa de Educación Especial viene desde que se estableció que tienen que competir en las pruebas estandarizadas y, peor aún, que nuestra matrícula de Educación Especial tenga que hacerlo según su edad cronológica”, exclamó Migdalia Santiago Negrón, presidenta del grupo magisterial EDUCAMOS.

La portavoz Santiago Negrón es maestra de educación especial en la escuela Juan Ponce de León, en San Juan. Añadió que el maltrato tampoco es un hallazgo nuevo, pero las querellas que hacen los maestros parecen quedar en nada ante el Departamento de Educación.

“EDUCAMOS es parte de la Mesa Social, los mismos que tuvimos que demandar a Eligio Hernández y al Departamento de Educación para que abriera los comedores. Quien usa el tema del hambre para buscar adeptos para la apertura de las escuelas, pretende desconocer nuestro compromiso con los estudiantes y sus familias”, apuntó Santiago Negrón.

La escuela cuenta con seis salones a tiempo completo y una población de 34 estudiantes con autismo, entre las edades de 14 a 24 años. Pese a que es la única escuela con ese ofrecimiento para esas edades en la región de la capital, el plantel ha sufrido el abandono del Departamento de Educación y se ha intentado en convertirla en una escuela “charter”, según la portavoz.

El senador Rafael Bernabe Riefkohl aseguró que el Gobernador decretó un estado de emergencia para arreglar las escuelas porque de otra forma no podrían estar listas para el 1 de marzo.

“La declaración de emergencia para el arreglo de las escuelas es un indicador de que no estamos listos. Es la mejor demostración de que este proyecto se está llevando a cabo de manera atropellada. Estamos haciendo a la carrera, a como dé lugar, lo que debiéramos estar haciendo con el mayor cuidado y la mayor calma posible”, expresó Bernabe Riefkohl, quien concurrió con las organizaciones magisteriales.

La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, recordó como agravante que entre los años 2014 y 2018 Educación cerró 567 planteles escolares en la Isla, que en aquél momento representaba 34% de las escuelas abiertas y que ahora, en el contexto de la pandemia, son necesarias para la accesibilidad y seguridad de los estudiantes.

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