Luego de darse a conocer el aumento de energía eléctrica y que el Gobernador lo justificara.

El Senado resolvió por investigar la legalidad del aumento de .81 centavos a la factura de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), luego de sumergirse en una discusión sobre la politiquería y la efectividad de las pesquisas legislativas.

La medida aprobada pide al Departamento de Justicia evaluar la posibilidad de que se haya cometido una conducta ilegal durante la aprobación del alza.

El autor de la medida, Javier Aponte Dalmau —del Partido Popular Democrático (PPD)— esbozó que en junio de 2020 se propuso un aumento menor a la factura de .21 centavos, pero ahora se cuadruplicó a .81 centavos, pese a que la cotización del crudo no es tan alta. El senador lo ató a que la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced aplazó el aumento porque se encontraba en campaña de cara a las primarias.

Por otro lado, afirmó que la pesquisa era necesaria porque la AEE ha comprado barriles de petróleo a precios dispares en un mismo periodo de tiempo: entre 59, 55, 67 y 69 dólares el barril y a más de 140 y 150 dólares, lo que desataba sospecha.

“La Comisión de Energía comunicó hace meses que radicaba a la AEE una auditoría forense. Están comprando petróleo a un precio y a otro precio casi duplicado. ¿Eso no es sospechoso? Eso es sumamente sospechoso y por eso radicamos esta resolución”, expresó Aponte Dalmau.

De el punto de vista de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), el incremento no es más que el reflejo de un alza en el costo del barril de petróleo a nivel mundial y sobre el cual no se tiene control.

Las distintas expresiones que hicieron sus senadores parecieron un espaldarazo a las declaraciones del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien afirmó temprano en la mañana del jueves en El Push de la Mañana de NotiCel que había que acostumbrarse a estos cambios, pese a que durante su campaña política se postuló en contra de los aumentos a la tarifa.

Aunque los senadores novoprogresistas no se posicionaron a favor del alza, reiteraron no solo que la investigación no traerá frutos, sino que las políticas energéticas del pasado abrieron la puerta para que el Negociado de Energía decidiera de manera unilateral el costo del kilovatio-hora.

“¿Estudiar, investigar, darle vueltas a la noria para decir que estamos haciendo? La mejor forma de decir es haciendo. ¿Vamos a estar cuánto? Unos meses aquí con una investigación, para que al final usted no pueda detener el aumento, aunque todos queremos decirlo. Para que al final digamos que somos rehenes de los combustibles fósiles, como hemos aprobado legislación”, expresó el portavoz de minoría, Thomas Rivera Schatz.

William Villafañe Ramos, Henry Neumann Zayas y Carmelo Ríos Santiago también asumieron turnos en contra de la medida. Este último cuestionó que el lenguaje de la medida permite inferir que el aumento surgió por razones político partidistas.

“Parece que está bajito el nivel de sensibilidad en Guaynabo. Asumo que el Gobernador entiende que la costumbre del país es acostumbrarse, que se acostumbró al aumento de luz en el 2013, que se acostumbró a la crudita, a los estudiantes de la universidad más vale que se acostumbren al constante aumento en matrícula y que no puedan no estudiar", señaló, por su parte, María de Lourdes Santiago Negrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), antes de sumarle los aumentos en los peajes, el impacto de la reforma laboral y el cierre de escuelas.

Luego de afirmar que el pueblo debía acostumbrarse a los ajustes que definirá el mercado y avalará el Negociado de Energía, el Gobernador expresó por escrito que no avalaba el aumento en los casos en que responde a fallas y deficiencias de la AEE, pero que en esta ocasión se debía al aumento del costo del petróleo.

“Creo que la respuesta del país al Gobernador debe ser: ‘no nos da la gana de acostumbrarnos’. El que debería acostumbrarse a entender el país y comprender lo que son las necesidades del país es el gobernador Pedro Pierluisi”, añadió Santiago Negrón.

En la pasada semana, la AEE reveló que la Superintendencia del Capitolio adeuda cerca de 2.5 millones de dólares por servicio de electricidad de los últimos años, que se unen a la deuda de unos $245 millones de corporaciones públicas, agencias y municipios.