En una vista pública ante la Cámara de Representantes los deponentes no pudieron proveerle información de inmediato a la Cámara de Representantes sobre los avances de esa alerta, decretada por la Gobernadora hace un año.

La procuradora de las mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, aseguró que la oficina que dirige ha continuado su trabajo en defensa de las mujeres, por tanto, cualquier cuestionamiento sobre qué ha pasado con la alerta nacional contra la violencia de género decretada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced hace más de un año debe ser dirigido a la Primera Ejecutiva.

"Qué sucede con el plan, se lo tienen que entregar a la Gobernadora. Siempre hemos cumplido. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), con alerta, sin alerta, con fondos o sin fondos, se ha mantenido trabajando consistentemente", declaró Boria Vizcarrondo en un aparte con la prensa.

En sus señalamientos, Boria Vizcarrondo subrayó que la educación con perspectiva de género y hablar de dinero para allegar recursos a agencias como la suya para implementar este tipo de medidas se han tratado como temás tabú.

Desde al menos el 2018, organizaciones en defensa de la mujer como la Colectiva feminista en construcción, Coordinadora Paz para la Mujer y Taller Salud, entre otras 40 entidades han solicitado al gobierno que decrete un estado de emergencia para atender la violencia contra la mujer meramente por ser mujeres.

Con el apoyo y endoso de las organizaciones, la Colectiva presentó a la OPM y a la Gobernadora la propuesta “más real” y posible para el estado de emergencia enfocada en cinco áreas: campañas preventivas, educación con perspectiva de género, seguridad, techo seguro y cero impunidad. Todavía no han recibido respuesta.

De acuerdo a la Procuradora, la agencia ha continuado con su parte, pero le toca a la Gobernadora responder por el resto.

"Le pueden llamar alerta, le pueden llamar emergencia, le tienen que llegar fondos para poder implementar. Hay que allegar más recursos. Esto no es un 'trending' topic'. Tenemos que invertir en educación, como la perspectiva de género", insistió Boria Vizcarrondo, quien recordó que su oficina tiene 17 empleados.

La funcionaria fue citada a una vista pública ante la Cámara de Representantes. Aunque la Comisión de Seguridad Pública de ese cuerpo legislativo se proponía investigar la desaparición de mujeres y el incremento de violencia de género en Puerto Rico, la vista pública a esos fines giró en torno a cómo los menores evaden la custodia del Departamento de la Familia.

Entre una declaración y otra, agencias como el Departamento de Justicia y el Departamento de la Familia no pudieron responder sobre los avances de la alerta nacional.

Tanto el secretario auxiliar de Justicia, Daniel Vélez Cabrera, como la directora de Asuntos Legales, Corally Veguilla Torres, señalaron que no tenían información al respecto, pese a que la alerta ordenaba un plan integrado entre las entidades públicas.

A preguntas de la representante Maricarmen Mas Rodríguez —la única legisladora mujer presente en la vista— ninguno de los dos funcionarios pudo proveer más información al respecto.

En su ponencia, la Procuradora denunció la falta de comunicación con las agencias, asunto que también mencionó cuando citó a Justicia, Familia y al Departamento de Seguridad Pública a una reunión de emergencia hace una semana.

Boria Vizcarrondo les otorgó diez días a partir del 24 de septiembre para que le entregaran los datos.

"En ese momento no me pudieron brindar información, solo la Policía que fue caso por caso de la lista e informaron cuántas habían desaparecido, aparecido, cuántas tenían querellas. En cuanto al Departamento de la Familia, el silencio que hay es ensordecedor, qué está pasando en hogares sustitutos, necesitamos números y [también] el CAAF, adscrito al Departamento de Salud, que tiene que ver con agresión sexual y trata humana", expresó Boria Vizcarrondo.

La semana pasada, en medio de críticas por su desempeño y la desaparición de una veintena de mujeres, Boria Vizcarrondo aseguró que la Gobernadora no ordenó propiamente a las agencias de gobierno a que implementaran una serie de protocolos contenidos en la “alerta nacional”, entre ellos la recopilación de estadísticas y reforzar las leyes y medidas existentes.

Es decir, la Primera Ejecutiva anunció la “alerta nacional” a principios de septiembre de 2019 para apaciguar los ánimos de los grupos en defensa de la mujer, con los que se reunió en unas tres ocasiones y quienes exigían un estado de emergencia por la violencia de género. Sin embargo, no se puso en vigor ni la alerta ni el estado de emergencia, aunque las entidades presentaron planes para ponerlo en práctica.

“Una muerte es demasiado. El firmar un documento que emita una declaración de emergencia no va hacer ningún cambio significativo, si no contamos con un plan de respuesta concreto y estructurado, y a eso dirigiremos nuestros esfuerzos con esta alerta nacional. Por lo pronto, solicitaré a las agencias pertinentes a que refuercen sus planes y el fiel cumplimiento de todas las leyes que existen”, concluyó la Gobernadora en ese momento.

De acuerdo al decreto, Boria Vizcarrondo estaba a cargo de puesta en marcha de la medida. Según la Ley 20 de 2000, ley orgánica de la OPM, la entidad pública no necesita una orden de la Gobernadora para encaminar las medidas que entienda pertinentes para la protección de las mujeres, a quienes sirve. La agencia fue creada como una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia pública.