Durante su testimonio ante la Comisión de Salud, Ricardo Castro Ortiz explicó que llegó a licitar de la mano del doctor Segundo Rodríguez, y alegó que la senadora Rossana López de León lo difamó.

El empresario Ricardo “Ricky” Castro Ortiz, presidente de Castro Business Enterprises, aseguró que el Departamento de Salud no le ha pagado la orden de compra de 50,000 pruebas serológicas para detectar el coronavirus COVID-19, valorada en $650,000, ni ha reclamado que se le entregue el cargamento.

Castro Ortiz dejó la puerta abierta para, una vez finalizada la emergencia, radicar una demanda contra la agencia pública por incumplimiento de contrato tras asegurar que entregó 8,900 de estas pruebas el pasado 27 de marzo, y que, hasta hoy, 18 de mayo, no ha podido comunicarse con personal de Salud para conocer quién las recibiría y cómo se tramitaría el pago.

El empresario testificó bajo juramento ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y explicó que compró las pruebas a una empresa de California, a través de Timothy Warner, pese a que solo contaba con un acuerdo de compra verbal por parte de Salud.

“Correrme el riesgo de comprar las pruebas para mí no era un problema porque yo tengo la forma de venderlas. Eso es un riesgo que yo me he tomado, me tomo y me seguiré tomando en mis negocios”, justificó Castro Ortiz.

La venta a Salud era ascendente a $13 por prueba, aunque al empresario le costarían $11.10 cada una, lo que le generaría una ganancia de $1.90 por prueba. Fuera de la orden de compra, con fecha del 25 de marzo, no existe otro documento que detalle la transacción, según Castro Ortiz. A su juicio, la orden de compra constituye un contrato.

La entrega de 8,900 pruebas significaría que la agencia le debe $115,700 a Castro Ortiz, que incluye su ganancia de $16,910. La entrega fue el 27 de marzo, tres días antes de la fecha pautada.

Sin embargo, Castro Ortiz también estaba en incumplimiento con Salud al no poder completar la entrega de las pruebas en las fechas acordadas. Una de las razones de incumplimiento que ofreció Castro Ortiz es que otro cargamento de las pruebas fue detenido por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, el 29 de marzo y no fue liberado hasta el 15 de abril.

Aunque aseguró que estaría listo para cumplir con la obligación remanente, Castro Ortiz confirmó que ya revendió la mercancía fuera de Puerto Rico ante la falta de comunicación con la agencia pública.

Durante la vista y a su salida, el empresario otorgó números contradictorios, pero, según su mejor estimado, revendió un total 41,100 pruebas. No especificó a cuánto dinero revendió la mercancía.

“Yo le había pedido a Adil [Rosa Rivera] someter toda la documentación cuando las 50 mil estuviesen entregadas, sin embargo no se cumplió. Estamos en no cumplimiento. La última notificación se la hice a Adil. Ya estábamos en no cumplimiento desde que ella se fue. Después del 31 de marzo por 1,100 piezas y después de eso por el resto. Se entregaron un total de 8,900 pruebas”, expresó Castro Ortiz.

Segundo Rodríguez mintió

Castro Ortiz logró presentar su propuesta de venta a través del doctor Segundo Rodríguez Quilichini, quien lidera el “Task Force” Médico que asesora a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y a Salud en esta emergencia.

A su juicio, era el doctor, en calidad de líder del ''Task Force'' Médico, quien tenía la autoridad para pasar juicio sobre este tipo de evaluaciones y transacciones. Fue Rodríguez Quilichini quien lo refirió a Mabel Cabeza Rivera, exjefa de personal en Salud y enlace entre el “Task Force” Médico y La Fortaleza, para tramitar la compra de las 50,000 pruebas serológicas.

En todo momento, según su testimonio, su comunicación surgió con Rodríguez Quilichini, Cabeza Rivera y la entonces secretaria auxiliar de Salud, Adil Rosa Rivera. Con esta última también discutió la posibilidad de suplir ventiladores, pero no se concretó.

A preguntas de los representantes que componen la Comisión de Salud, Castro Ortiz aseguró que se daba a entender que el doctor Rodríguez Quilichini mintió bajo juramento el pasado 22 de abril cuando testificó que no conocía a los suplidores en esta emergencia.

Al preguntársele sobre su relación con el doctor, el empresario señaló que todo comenzó con la intención de crear propiedad intelectual sobre cannabis medicinal que le perteneciera al Recinto de Ciencias Médicas (RCM) junto a la Universidad de Puerto Rico.

Rodríguez Quilichini es rector del RCM desde el 2017.

“Sé quien es. A través de la administración del Recinto Universitario había tomado su teléfono e información porque le había hecho una presentación de un proyecto para estudio y desarrollo en la universidad en el aspecto de cannabis medicinal”, explicó Castro Ortiz.

Según su testimonio, llamó a Rodríguez Quilichini el domingo 22 de marzo del año en curso en horas de la mañana para discutir la propuesta, y el doctor le pasó el celular a Cabeza Rivera, que estaba a su lado. En la conversación, compartieron números de teléfono y correos electrónicos.

A eso de la 1:16 p.m., indicó, envió su propuesta escrita al correo de Cabeza Rivera, que era su dirección asignada desde La Fortaleza.

El 24 de marzo, relató, participó de una llamada en conferencia con Rodríguez Quilichini, la entonces secretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo, y “otras mujeres” a quienes no pudo identificar, en la que le solicitaron si podía alterar la fecha de entrega de las 50,000 pruebas que ofreció, pese a que no había orden de compra pactada.

Castro Ortiz aseguró que le instruyeron a hacer la compra, pero no pudo especificar quién. Del mismo modo, no pudo precisar si en esa conversación participó Vázquez Garced, porque no recuerda que se haya identificado.

“No le podría precisar si la Gobernadora estuvo. No le podría precisar porque no se identificó, si estuviera en la llamada en conferencia, no se identificó”, insistió el empresario.

Alega Rossana López lo difamó

Castro Ortiz acusó a la senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López de León, de difamarlo públicamente, pues negó que a través de una de sus empresas, que opera un colmado en el sector de Villa Palmeras en Santurce, haya firmado un contrato con la Administración Vázquez Garced por $2.2 millones.

“La famosa senadora Rossana, que me difamó en toda la prensa diciendo que yo me robé 2.2 millones de dólares. Sí, le envié la información, pero la orden nunca se adjudicó. Las expresiones de la Senadora son totalmente falsas”, exclamó el empresario, quien aseguró estar en proceso de demandar a López de León.

Al ser abordado sobre los reportajes periodísticos que incluyen estas alegaciones, Castro Ortiz aseguró que carecían de seriedad.

De acuerdo a una investigación de López de León, Castro Business tiene un amplio historial de demandas judiciales con varias entidades e individuos, pero no fue abordado sobre ellos.

En su testimonio, Castro Ortiz confirmó que tenía varias empresas que se dedicaban a la ventas al gobierno de equipo táctico, equipo médico, así como el colmado “Castro Cash & Carry”, entre otros.

El representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez aludió a que la senadora López de León se refirió a la localización del supermercado en Santurce de forma despectiva, a lo que Castro Ortiz mencionó que “me imagino que los constituyentes de esa área se expresarán en las urnas”.

La vista pública de Castro Ortiz se dio luego de que los presidentes de Apex General Contractors (APEX), Roberto Rodríguez López, así como 313, LLC., Ricardo Vázquez, solicitaron prestar su testimonio ante la Comisión de Salud a puerta cerrada, al alegar que están en proceso de colaborar con autoridades estatales y federales.