La Oficina de Gerencia y Presupuesto informó, durante audiencia pública, que la asignación dentro del presupuesto vigente es de $4.3 millones.

La procuradora interina de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), Madeline Bermúdez, denunció, a través de un memorial explicativo que envió a la Cámara de Representantes, que la OPM es una de las entidades con menor presupuesto en el gobierno de Puerto Rico.

La información surgió en vista pública de la Comisión de Asuntos de la Mujer que preside la representante Jocelyne Rodríguez Negrón para atender la Resolución de la Cámara 396. Esta medida ordenó una investigación abarcadora sobre las necesidades y retos que enfrenta la OPM “para cumplir cabalmente con los deberes ministeriales”.

Pese a que la procuradora interina no pudo comparecer a la vista, envió un memorial a la Comisión detallando sus preocupaciones.

“No creemos que alguna otra agencia fiscalizadora del gobierno de Puerto Rico tenga una cantidad y complejidad similar de funciones y obligaciones. Sin embargo, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es una de las agencias que menor presupuesto tiene en todo el gobierno de Puerto Rico, estando su presupuesto muy por debajo del asignado a otras agencias o entidades públicas con funciones y obligaciones significativamente menores en cantidad, complejidad e importancia”, indicó Bermúdez.

Según la procuradora interina, a partir del año fiscal 2017 a 2018, se observó, durante cuatro años consecutivos, una tendencia negativa en la asignación presupuestaria que violentó el Artículo 23 de la Ley 20-2001, conocida con la “Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”. Esta ley establece que “el presupuesto anual asignado a la Oficina nunca podrá ser menor al asignado el año anterior”.

De igual manera, Bermúdez resaltó que, a partir del año fiscal 2021 a 2022, se revirtió esta tendencia de reducción presupuestaria con un aumento de 18% comparado al año anterior. Asimismo, el presupuesto aprobado para el año fiscal 2021 a 2022 fue de $5.5 millones, mientras que, para el año fiscal 2022 a 2023, aumentó en un 27% con una asignación de $7 millones.

Bermúdez detalló que la OPM ejerce un total de 150 funciones específicas que se deben realizar para cumplir con la política pública promulgada en la Ley 20-2001. Entre las funciones medulares, están las siguientes: la educación, investigación, fiscalización, reglamentación y adjudicación cuasi judicial.

“La OPM ha tenido que priorizar las funciones que han resultado de mayor apremio en los pasados tres años, dado que, aún con los aumentos recientes en fondos para nuestras operaciones, la OPM no cuenta con los recursos económicos y humanos suficientes para cumplir a cabalidad con la enorme cantidad y complejidad de funciones que hemos identificado”, sostuvo Bermúdez.

Mientras que, Roberto Rivera, de la división de Política Pública y Legislativa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), informó durante la audiencia pública que, al momento, la OPM cuenta con una asignación dentro del presupuesto vigente de $4.3 millones.

“Concedemos deferencia a la opinión que tengan a bien presentar la OPM sobre los aspectos sustantivos de la resolución investigativa. Asimismo, debemos señalar que nuestra Oficina comenzó el proceso presupuestario para el próximo año fiscal 2023 a 2024, por lo que las asignaciones presupuestarias deberán estar en cumplimiento con las medidas de disciplina presupuestaría establecidas por esta Administración, el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la deuda”, dispuso la ponencia de la OGP.