Durante la audiencia de la comisionada residente Jenniffer González Colón, legisladores interrumpieron al presidente de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública y hubo disputas entre legisladores.

Luego de casi cuatro horas de vista pública, la audiencia culminó sin información adicional por parte de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón; y con un manejo inusual de un proceso como este en la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

La comisionada residente compareció el viernes ante la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara, presidida por Héctor Ferrer Santiago, para atender la Resolución de la Cámara 917 (R. de la C. 917) que ordenó investigar la posible persecución y discrimen político en las agencias gubernamentales.

Para ejecutar las vistas, la Comisión se encarga de citar a los deponentes, y una vez comparezcan, los deponentes tienen 10 minutos para leer su ponencia u ofrecer su testimonio. Posteriormente, cada legislador tendrá 15 minutos para realizar las preguntas necesarias a cada deponente. Esta es la dinámica que se observa en todas las vistas de la Cámara, sin embargo, el ordenamiento usual no se estableció durante la vista de la Comisión de Anticorrupción.

Durante el proceso legislativo, se observó a representantes interrumpiendo al presidente de la Comisión mientras hacía sus planteamientos, y disputas entre legisladores; lo que no es común durante las vistas en el cuerpo legislativo.

Mientras que, la también vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista (PNP), aseguró que la vista tuvo propósitos “políticos-personales” para saber a qué puesto aspirará para las próximas elecciones.

González Colón fue citada tras las expresiones que realizó el 29 de enero de 2023 en un evento político privado. En un video grabado por un simpatizante, la comisionada expresó lo siguiente: “También, quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que están aquí hoy, aunque los hayan llamado para amenazarlos que los van a botar”.

Para sustentar sus planteamientos, la comisionada indicó que en el video mostrado ante la Comisión, no se presenta el contexto de sus expresiones.

“El legislador que no debe ser mencionado, porque no le gusta que lo mencionen, el señor Ortiz (Jesús Manuel Ortiz González), me hizo una pregunta que para mí es lo que ellos querían saber. La pregunta era que “¿Qué significaba cuando yo dije que faltaba poco en el video? Ellos querían saber cuándo voy a radicar una candidatura, si es que es distinta a la que ya radiqué. Es triste que se escojan pedazos del video o audios de actividades privadas, pero nunca se ponen completas ni se ponen en contexto. Si hubieran puesto el video completo, hubieran escuchado a las personas haciendo las expresiones, y hubieran visto que mis expresiones fueron una reacción a ellas”, señaló González Colón.

Luego de la comisionada asegurar que no revelará los nombres de posibles empleados públicos que enfrentan discrimen político, el presidente de la Comisión mencionó nombres de posibles víctimas. Sin embargo, la comisionada no respondió a ninguno, ya que estaría “violando la intimidad de personas privadas”. Según González Colón, Ferrer Santiago extrajo los nombres de una página de Facebook, y mencionó a personas públicas y privadas. Por esta razón, tildó de “politiquero” al legislador popular.

“Me sorprendió porque yo tenía fe de que la gente joven (refiriéndose a Ferrer), y los legisladores tuvieran preocupaciones genuinas por proteger a los empleados públicos, y eso no fue lo que yo vi aquí. El presidente de la Comisión aquí dijo que se metió en Facebook a buscar los nombres de personas que iban a mis actividades políticas y a ver sus cuentas. Esto aquí no pasa desde la época de Luis Muñoz Marín cuando se carpeteaba el movimiento independentista”, indicó González Colón.

Mientras que, el presidente de la Comisión desmintió a la comisionada, y aseguró, en expresiones emitidas a la prensa, que los nombres que mencionó son de personas públicas.

“Cada uno de los nombres que mencioné son personas electas de los comités municipales. Ella hizo la afirmación de que los presidentes de comité municipales estaban siendo llamados para amenazarlos con ser despedidos. Estos nombres son públicos. En una fácil búsqueda que se haga, van a encontrar los nombres. Se le presentaron los nombres, y ella decidió no contestar. La comisionada residente, nuevamente, se negó a contestar las preguntas, y a darle los nombres a la Comisión para que los pudiera proteger bajo la Ley 115”, sostuvo el representante Ferrer Santiago.

Según el presidente, el fin de la vista era confirmar si hubo amenazas para despedir empleados públicos por asistir a actividades políticas. Asimismo, indicó que procede investigar si algún empleado público “ha enviado comunicación a la oficina”.

“El saldo de esta vista es muy sencillo, la comisionada hizo una declaraciones, vino aquí y dijo que no le constaba; que no ha sido testigo; que el gobernador no la ha llamado para preguntarle quién había sido el jefe de agencia que está discriminando contra empleados; y aceptó que había tenido acercamientos sobre el tema. Allá afuera hay empleados afiliados al PNP que, en efecto, han recibido acercamientos y se lo han comentado a la comisionada y nadie ha estado dispuesto a defenderlos”, expresó por su parte el representante popular Jesús Manuel Ortiz González.

De igual manera, Ferrer Santiago aseguró que una amenaza hacia un empleado consiste en un delito, por lo que exhortó al Departamento de Justicia a que “tome cartas en el asunto”.

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