Este proyecto reconocería el derecho de los atletas a pertenecer a una asociación de jugadores profesionales que impulse los mejores intereses de sus miembros

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario, expresó su preocupación ante una medida que permitiría a atletas profesionales acudir a tribunales a resolver controversias legales, ya que “puede crear confusión en la población y en el deporte”.

El apoyo surgió en una vista de la Comisión de Recreación y Deportes, presidida por Eladio “Layito” Cardona Quiles, en la que se discutió el Proyecto de la Cámara 1489 (P. de la C. 1489). Esta medida busca crear la “Carta de Derechos de Atletas Profesionales” para establecer protecciones, derechos y responsabilidades a los atletas profesionales en Puerto Rico.

‘’Nos preocupa que esta medida, como se propone, tiene el potencial de crear confusión en la población y en el deporte, provocando probablemente la radicación de casos, que aun dentro de la propia ley no serían admisibles en el Tribunal por ser de jurisdicción deportiva. Además, pudiera dar la impresión de permitir acciones paralelas en ambas instancias, creando un desasosiego en los atletas y la población deportiva en general’’, expresó Rosario.

La medida, de la autoría de los representantes José Bernardo Márquez Reyes, José Pérez Cordero y Cardona Quiles, pretende establecer el derecho de estos deportistas para acudir a los tribunales a ventilar controversias legales, ser representados por asociaciones para buscar mejoras para sus contratos, y a no ser discriminados ni ser objeto de represalias por expresarse o actuar conforme a sus derechos. Asimismo, el proyecto reconocería el derecho de los atletas a pertenecer a una asociación de jugadores profesionales que impulse los mejores intereses de sus miembros.

‘’Reconocemos la intención del proyecto en tanto el interés por garantizar los derechos de los atletas y otros funcionarios ante controversias surgidas, pero de igual manera está claramente evidenciado que el ordenamiento existente en el deporte, no le niega el derecho a ningún atleta, técnico y árbitro a acudir al foro judicial en reclamo de lo que allí entienda necesario’’, aseguró la presidenta.

Mientras que, la licenciada Michelle González Tavárez, jugadora de baloncesto profesional, resaltó la importancia de realizar un proyecto que permita a los tribunales en la isla poder evaluar, revisar y proteger que no se violen derechos humanos, civiles y constitucionales a las personas trabajadoras dentro del deporte. De igual manera, señaló que se deben establecer los reglamentos y que se interpreten conforme a los derechos de cualquier otro ciudadano en cualquier espacio laboral.

“Este proyecto debe, únicamente, entenderse como una legislación para proteger los derechos a todo trabajador que labora dentro de este y que aún no tienen protección en reclamaciones judiciales como lo tienen trabajadores y contratistas en otros espacios. La autonomía deportiva, aunque necesaria, no debe ser utilizada como arma de opresión contra quienes se esfuerzan y se dedican a laborar dentro del deporte, así como tampoco un escudo absoluto que permita injusticias internas, que al final quien se ve afectado es el atleta profesional que depende económicamente de su trabajo en el deporte’’, indicó González Tavárez.

La baloncelista señaló que es necesaria la aclaración que realiza este proyecto en poder definir los asuntos deportivos a los que el tribunal no debe inmiscuirse, y los asuntos no deportivos que necesitan ser vindicados por el foro correspondiente para garantizar un proceso de ley.

Por otro lado, el asesor legal del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), el licenciado José Pérez, indicó que el DRD apoya la medida. Sin embargo, aclaró que la agencia difiere con la enmienda propuesta al artículo 20 de la Ley 8-2004, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes”.

‘’Esta enmienda busca establecer en la Ley Orgánica del DRD un enunciado que interfiere con la reconocida autonomía deportiva del COPUR, así como los reglamentos de las federaciones deportivas nacionales y las ligas deportivas, al determinar que estas no constituirán impedimento para que cualquier componente del deporte profesional pueda acudir a los Tribunales de Puerto Rico para hacer valer los derechos reconocidos en los artículos 3 y 4 de la Carta de Derechos de Atletas Profesionales. Entendemos que el propósito de la enmienda no va acorde con la función del Departamento. La Ley Orgánica del DRD no debe contener o establecer cuestiones de revisión judicial sobre organismo deportivos privados’’, señaló Pérez.