La medida prohíbe que personas naturales o jurídicas, que tengan o estén negociando contratos con el gobierno, puedan donar a campañas electorales.

Luego de que el representante José “Conny” Varela informara, a través de un comunicado de prensa, que hoy se votaría por una medida que busca evitar la corrupción al fiscalizar y enmendar la Ley de Donativos Políticos, la pieza legislativa se quedó sin bajar a votación, y pasó a “turno posterior”.

El Proyecto de la Cámara 1676 (P. de la C. 1676), que enmienda la Ley 222-2011, mejor conocida como “Ley para la Fiscalización de las Campañas Políticas en Puerto Rico”, pasó a ‘turno posterior' durante la sesión ordinaria de la Cámara de Representantes. La pieza legislativa busca otorgarle mayor autonomía fiscal y administrativa a la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

La medida fue presentada por los representantes Varela y Lisie Burgos Muñiz a petición del contralor electoral de Puerto Rico, Walter Vélez Martínez.

Entre los cambios que establecería la medida está que prohíbe que personas naturales o jurídicas, que tengan o estén negociando contratos con el gobierno, puedan donar a campañas electorales. Además, establece un límite de $250 a los donativos en efectivo, y reduce el límite a los donativos anónimos que pueda recibir un partido o candidato.

De igual manera, la medida también enmienda la Ley 237-2004, para requerir “que todo contrato gubernamental contenga una cláusula que prohíba a los contratantes hacer donativos de campaña”.

“Se enmienda la ley para aclarar que no será necesario que exista un acuerdo por escrito para poder determinar que existe una coordinación de gastos de campaña. Con esto se pretende evitar la situación que surgió en relación a los ‘Super PAC’ que apoyaban al gobernador Pedro Pierluisi en la elección de 2020, en la que la OCE determinó que no podía adelantar una querella contra esas entidades, porque no existió un acuerdo escrito entre ellas y el comité de campaña de Pierluisi”, planteó un comunicado de prensa de Varela.

La ley también se enmienda para requerir a los comités de acción política organizados fuera de Puerto Rico que se inscriban y presenten informes a la OCE si gastan más de $1,000 en campañas en Puerto Rico. Asimismo, prohíbe los donativos políticos de personas que no sean ciudadanos de los Estados Unidos.

Como movida penal, la medida permite al Departamento de Justicia actuar por violación de la ley sin necesidad de tener un referido de la OCE. Asimismo, el nuevo proyecto aumenta el periodo prescriptivo de otras violaciones de la ley.

“Finalmente, el proyecto obliga a los comités de campaña a pagar por adelantado a sus agencias de publicidad, de la misma forma que hoy se obliga el pago adelantado de las pautas publicitarias”, aseguró la comunicación emitida por el representante Varela.