El secretario de la agencia, Hiram Torres Montalvo, aseguró que constantemente reciben un alto volumen de quejas de consumidores que han sido víctimas de fraude originado en la recolección de datos personales

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, apoyó, en vista pública de la Cámara de Representantes, una medida para dar mayor protección a la información personal compartida por consumidores.

El aval a la medida surgió en vista de la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, presidida por la representante Estrella Martínez Soto, para discutir el Proyecto de la Cámara 1548 (P. de la C. 1548).

La medida busca crear la “Ley para la Protección de Datos e Información del Consumidor” para que el consumidor deba prestar su consentimiento informado sobre la recolección, uso y acceso de la información.

“El propósito de esta medida es tratar de poner salvaguardas adicionales en el proceso de recolección de datos de los consumidores. Es poner un filtro adicional donde haya un consentimiento informado al consumidor de cómo, cuándo y dónde pueden utilizar la data, y si la pueden utilizar o no”, expresó el secretario.

El secretario aseguró que el DACO, constantemente, recibe un alto volumen de quejas de consumidores que han sido víctimas de fraude originado en la recolección de datos personales en alguna entidad privada que ha sufrido un acceso indebido a sus bases de datos. Asimismo, indicó que empresas ilegítimas utilizan la metodología de recolección de datos de los consumidores para llevar a cabo fraudes por robo de crédito, identidad, entre otros crímenes cibernéticos.

“Es constante este tipo de situación en la que hay un ciberataque y se hacen públicas datos de consumidores es algo que ocurre con frecuencia y el Departamento recibe un alto volumen de notificaciones”, sostuvo Torres Montalvo.

Para añadir a sus planteamientos, Torres Montalvo señaló que, al no estar estructurada como una agencia de seguridad pública, el DACO está impedido, en muchas ocasiones, de atender estas situaciones en forma de querella. Por esta razón, la agencia se limita a brindar orientación a los consumidores sobre los pasos a seguir para que sus casos sean investigados.

“Información que debería ser privada muchas de estas plataformas la solicitan como parte del proceso de registro y a veces muchos consumidores, inconscientes de que el proceso lo que busca es cometer algún tipo de fraude, comparten esta información”, indicó Torres Montalvo.

Pese a su aval a la medida, Torres Montalvo sugirió que se reduzca el periodo de actualización de la información a seis meses, debido al surgimiento de nuevos sistemas tecnológicos y el uso de algoritmos de identificación.

Al igual que Torres Montalvo, el Departamento de Justicia favoreció la propuesta legislativa. No obstante, la ponencia de Justicia sugirió que se incorpore como una enmienda a la Ley 39-2012, conocida como “Ley de Notificación Pública de Privacidad”, ya que las disposiciones de la medida son cónsonas con el estatuto.

Pese a esta recomendación, el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y autor de esta medida, José Bernanrdo Márquez, difirió con la sugerencia de Justicia, y señaló que la legislación vigente debería ser incorporada a un nuevo estatuto para garantizar un marco regulatorio más amplio y mayor protección a los consumidores.

“Estoy de acuerdo con que tratemos de armonizar evitar esta multiplicidad de marcos legales, pero lo que se me ocurre es que lo hagamos al revés: que haya una nueva ley de mayor alcance, que a su vez incorpore legislaciones existentes”, sugirió el legislador.