Según la medida, los profesionales del Trabajo Social no han contado con un salario justo y condiciones laborales dignas a pesar de su labor esencial

El Senado de Puerto Rico aprobó, en sesión ordinaria, una medida para reconocer la legitimación activa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico que inste acciones administrativas o judiciales para exigir su cumplimiento.

El Proyecto del Senado 893 (P. del S. 893), de la autoría de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, se aprobó con 14 votos a favor, ocho en contra, y uno abstenido. Uno de los votos en contra fue por parte del senador Thomas Rivera Schatz.

La medida también propone establecer la “Carta de Derechos y Responsabilidades de las Personas Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico”, y establecer la facultad del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para fiscalizar el cumplimiento con las disposiciones de esta ley.

“Esta Asamblea Legislativa, promulga esta “Carta de derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico” a los fines de hacer valer principios básicos de protección a estos profesionales, promover las mejores condiciones laborales y garantizar el desarrollo continuo de los espacios de acción en la que las y los profesionales del trabajo social puedan desempeñarse con excelencia en beneficio de la sociedad”, dispuso el P. del S. 893.

Para defender la medida, la senadora Rosamar Trujillo, quien también es trabajadora social, tomó un turno, y resaltó la importancia de esta profesión en distintos sectores sociales.

“Los profesionales del Trabajo Social son necesarios ante las necesidades innegables como lo son los altos índices de criminalidad, la violencia contra menores de edad, las mujeres, los adultos mayores y de manera general con todos los problemas sociales. Sin embargo, la profesión presenta retos que incluyen los salarios, condiciones de trabajo, y elevadas cargas de casos”, señaló Trujillo.

Como consecuencia de los retos que enfrentan los trabajadores sociales, la senadora indicó la inmigración a otras jurisdicciones, en la que tienen mejores condiciones de trabajo, y otros que deciden abandonar la profesión para identificar otra carrera con menor responsabilidad.

La medida señaló que, la Ley 171-1940, conocida como Ley del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR), representa a más de 7,000 profesionales licenciados que se desempeñan en diversidad de agencias y entidades del sector público y privado . Asimismo, se suman las nuevas licencias que anualmente otorga la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social.

Según el P. del S. 893, los profesionales del Trabajo Social no han contado con un salario justo y condiciones laborales dignas a pesar de su esencial labor. De igual manera, en la medida que “no existen las condiciones laborales necesarias para garantizar la excelencia en el desempeño profesional, muchos profesionales deciden abandonar la profesión identificando otras ocupaciones de menores responsabilidades y riesgos o emigrando de Puerto Rico”.

“Las serias dificultades de reclutamiento y retención de profesionales del trabajo social, empeora seriamente la provisión de servicios esenciales a la ciudadanía en áreas de salud, seguridad, protección, bienestar, prevención, vivienda y educación, entre otras, vulnerando así sus derechos sociales y económicos”, planteó la medida.

De igual manera, la senadora Ana Irma Rivera Lassén defendió la medida, y resaltó la importancia de reconocer la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de estos profesionales.

“La importancia de esta profesión debería ir de la mano con un reconocimiento en los empleos y mejores salarios. Necesitamos trabajadores y trabajadoras sociales con buenos salarios y condiciones de trabajo para que puedan estar en la defensa de nuestra niñez”, puntualizó Rivera Lassén.

La medida se radicó el 9 de mayo de 2022, y fue referida a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez el 12 de mayo de 2022.