La senadora María de Lourdes Santiago explicó que la medida propone una extensión de la protección, a ambos edificios, que concedió la Ley 3-1951, mejor conocida como “Ley de Estructuras de Valor Histórico o Artístico en Puerto Rico”

El Senado de Puerto Rico aprobó, en sesión ordinaria, una medida para designar el Palacio Arzobispal y el Seminario Conciliar San Ildefonso como valor histórico y para ordenar su adquisición mediante compraventa o expropiación forzosa a nombre del pueblo de Puerto Rico.

La Resolución Conjunta del Senado 132 (R. C. del S. 132), que fue presentada por la senadora María de Lourdes Santiago Negrón, se avaló con 16 votos a favor y 10 en contra.

“La Iglesia Católica, titular de ambos inmuebles que en conjunto ocupan una parcela de 1.5 cuerdas, probablemente el espacio de mayor valor histórico y peculiar de la Capital- estimó adecuado disponer de ellos por el precio de $8,050.00, favoreciendo con la transacción a una compañía extranjera, registrada como Propiedades Ceiba LLC. En la escritura de compraventa no se consignó que ambas propiedades se consideran monumentos históricos y están protegidas por la Oficina Estatal de Conservación Histórica”, indicó la R. C. del S. 132.

La senadora explicó que la medida propone una extensión de la protección, a ambos edificios, que concedió la Ley 3-1951, mejor conocida como “Ley de Estructuras de Valor Histórico o Artístico en Puerto Rico”. Asimismo, la medida pretende ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) de Puerto Rico y otras agencias gubernamentales a realizar un estudio detallado y serio sobre la posibilidad de que el pueblo de Puerto Rico pueda adquirir los edificios.

“Estos edificios son de un valor incalculable, y refleja de cuerpo entero la pérdida de identidad histórica, y la pérdida de patrimonio a manos de personas que actuarán, únicamente, según sus intereses privados. Nos parece una tragedia que un lugar que representa tanto en nuestra historia quede absolutamente privatizado, y fuera del alcance de los puertorriqueños y puertorriqueñas”, puntualizó la senadora.

De igual manera, el senador independiente, José Vargas Vidot apoyó la aprobación de la medida, ya que la privatización de la estructura le restaría valor histórico y social. El senador añadió que estos edificios son pertinentes para la historia, para el presente y “para la trascendencia generacional”.

“Yo creo que este llamado, en este proyecto, es un llamado para que lo hagamos extensivo a reconocer la cantidad de estructuras que han sido abandonadas con el propósito de que algún buen postor las compre y le saque un provecho comercial en el que estamos excluidos. Debemos estar pendientes de que este proyecto se convierta en proactivo, y logremos entender que hay ciertos sitios que no se venden. Para comprar la historia, hace falta perder la dignidad”, expuso Vargas Vidot.