El Proyecto del Senado 185 enmendaría la ley orgánica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para que desde esa oficina, en conjunto con el Departamento de Educación, nazca el currículo educativo con perspectiva de género.

A modo de establecer política pública más allá de órdenes ejecutivas, la declaración de un “Estado de Emergencia” contra la violencia de género también es un proyecto de ley que busca reiterar el deber de las agencias e incorporar nuevas herramientas en la lucha por erradicar este mal en la Isla, que ha llegado a cobrar la vida de una mujer cada siete días.

Los números disponibles fluctúan debido a la discrepancia en métodos de recopilación de estadísticas entre el Negociado de la Policía y entidades sin fines de lucro, a toda vez que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) no parece cumplir con las expectativas con las que fue creada y el problema no se reconoce ni se atiende desde sus intersecciones, puntos que son atendidos en el Proyecto del Senado (PS) 185, según la licenciada Ana Irma Rivera Lassén.

“Esta pieza legislativa representa no solo un cambio, sino una mirada a esas propuestas y mirar dónde hay que reforzarlas para cumplir y no tener que recurrir a la Orden Ejecutiva para que las leyes se cumplan. Se propone que se mire de frente la violencia de género y se atienda. La seguridad no puede tener precio. Las vidas no pueden tener precio”, exclamó Rivera Lassén, senadora del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).

El PS 185 declara un Estado de Emergencia por la violencia de género por un año que puede ser extendido, pero permanecerían vigentes las órdenes a las ramas Ejecutiva y Judicial de establecer protocolos de prevención y atención de situaciones de violencia de género.

El proyecto de ley contiene peticiones ya existentes en diversas órdenes ejecutivas de los gobernadores Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garced y Pedro Pierluisi Urrutia, como la recopilación y divulgación de estadísticas en el Negociado de la Policía. Sin embargo, la medida propone que, como mínimo, contengan el tipo de delito, género de la víctima, arrestos relacionados a los delitos, radicaciones en el tribunal por parte de los fiscales y si hubo convicciones por estos delitos.

También incluye otros cambios, como enmendar la ley orgánica de la OPM para que desde esa oficina, en conjunto con el Departamento de Educación, nazcan guías, campañas y currículos educativos con perspectiva de género. A la OPM, que opera como entidad independiente, se le haría una asignación especial de un millón de dólares —adicional a su presupuesto anual por ley— para cumplir con sus nuevas obligaciones.

“La idea es que coexista la propuesta legislativa que salga de las mujeres, de las comunidades, a la vez que la Orden Ejecutiva. No deben verse como iniciativas en confrontación, sin embargo evidencian que dos causas por la misma idea”, señaló, por su parte, María de Lourdes Santiago Negrón, senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

También ordena:

Al Negociado de la Policía y a la Policía municipal a poner en marcha los protocolos existentes y confeccionar los necesarios para prevenir y responder a situaciones de violencia de género en general y los que involucren a oficiales de la uniformada.

Incluye que, como parte de las academias de cadetes y los cursos de educación continua, se revisen, preparen y ofrezcan talleres de educación con perspectiva de género acompañada de respeto total, cero discriminaciones, valorización de las diversidades y teniendo en cuenta las distintas interseccionalidades.

A finales de enero, Pierluisi Urrutia declaró un “Estado de Emergencia” por la violencia de género, pero el comité que supone encaminarla se reunió por primera vez apenas la semana pasada.

Rivera Lassén, Santiago Negrón y los senadores Rafael Bernabe Riefkohl y José Vargas Vidot fungen como coautores de esta medida. Según Bernabe Riefkohl, el PS 185, de convertirse en ley, crearía política pública y evitaría que la atención a la violencia de género esté sujeta a los deseos de los inquilinos de La Fortaleza.

Unidos contra la desigualdad

El PS 185 también subraya la importancia de incluir a la comunidad LGBTQIA+ en la atención del problema, por eso define conceptos como crímenes de odio, equidad y la identidad de género o la orientación sexual real o percibida.

Del mismo modo, establece que se le reconocerá legitimación activa (standing) a cualquier persona, entidad o grupo de interés que defienda los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTIQ+ y/o el repudio a la violencia de género ante las acciones u omisiones del Gobierno de Puerto Rico que vayan en contra de lo dispuesto en la medida.

Una versión de este proyecto de ley fue presentada el cuatrienio pasado por Vargas Vidot, pero, según el senador en ese entonces no contó con el compromiso de quienes le acompañan en esta ocasión.

“Yo lo presenté el cuatrienio pasado. Ni se preocuparon por visibilizarlo. Fue suscrito por muchos senadores y senadoras y sin embargo no pasó. Si hay algo importante, es que estamos haciendo algo en lo que creemos. Es la consideración directa de los grupos de mujeres. Lo que hicimos nosotros y nosotras fue convertirlo en el idioma legislativo”, expresó el senador independiente.

El grupo senatorial reconoce que la medida podría enfrentar resistencia. Hace escasamente un mes, en el Senado se aprobaron resoluciones para apoyar la declaración del Estado de Emergencia, no sin antes sumirse en largas horas de debates y cuestionamientos entre sus integrantes. Como coautores del PS 185, ya han recibido correos electrónicos de personas que instan a votarle en contra.

“Es la primera vez que me siento que alguien me haga creer que defender las vidas de las personas es reprochable. […] Esto no es un ‘chi jí chi já’. Esto es la diferencia de ponerse una chapita de un color por una causa o ponerse en la línea de batalla para evitarla”, exclamó Vargas Vidot, quien celebró a los coautores de la medida como agentes de cambio.

Santiago Negrón, por su parte, recordó que en el 2005, cuando llegó al Senado, el cambio estaba muy lejos de concretarse y en esa fecha de reforzó la ofensiva contra las comunidades LGBTQIA+.

“Esa resistencia siempre ha estado, lo distinto es los portavoces. Aquí siempre habrá gatilleros de la desigualdad. Lo que hay que celebrar es lo mucho que se ha avanzado”, destacó Santiago Negrón.

Rivera Lassén especificó que el proyecto está abierto para recibir enmiendas, pero no estaría dispuesta a dejar fuera “nada que sea de principios. Es de principios de perspectiva de género, no aguada. Igualmente, quiénes son las personas que están incluidas en este proyecto, pues son las mujeres en toda su diversidad, no importa raza, identidad sexual o género. Eso no puede ser transable. No podemos aguar los conceptos que dan vida al proyecto, porque eso mataría el proyecto”.

Rivera Lassén y Bernabe Riefkohl indicaron que el PS 185 es una forma de cumplir con el mandato del pueblo que se manifestó en el llamado Verano del ’19, pues en ese entonces se clamaba día tras día a favor de tres cosas: la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, la auditoría de la deuda pública y la declaración de un estado de emergencia por la violencia de género.

Resaltaron que el “chat” entre Rosselló Nevares y sus “brothers” también fue repudiado porque entre su contenido se hacían mofas a las mujeres, personas con diversidad funcional y personas de la comunidad LGBTQIA+, entre otros.

El grupo senatorial reiteró que si a la medida, cuyo tema principal ha sido discutido de forma extensa, se le garantizara un descargue, no lo aceptarían. De acuerdo a Santiago Negrón, la implementación de este tipo de medidas no funciona a través de la imposición, sino con la discusión de país.

La medida, radicada el 11 de febrero, se encuentra en las comisiones de lo Jurídico y de Asuntos de las Mujeres en el Senado.

Lee aquí la medida: