Justin Peterson trancó la reunión al abandonarla y dejarla sin quorum por un desacuerdo sobre el Plan de Ajuste de Deuda.

La Junta de Control Fiscal (JCF) definitivamente entró en una nueva etapa de sus ya cuatro años de operaciones.

En la encrucijada de las elecciones del martes, la renuncia de tres de sus miembros originales, los efectos económicos de la pandemia y con la presión de la jueza Laura Taylor Swain para presentar los términos de un nuevo Plan de Ajuste de Deuda (PAD) a más tardar febrero de 2021, la reunión de hoy de la JCF quedó en suspendo cuando su miembro nuevo abandonó la misma abruptamente dejándola sin el número mínimo de miembros necesario para continuar y tener votaciones.

Justin Peterson es el nuevo miembro designado directamente por el presidente Donald Trump. Los miembros restantes son la puertorriqueña Ana Matosantos, Andrew Biggs y el profesor David Skeel, quien actualmente sirve de presidente del cuerpo. Cuatro es el número mínimo de miembros con el que el cuerpo de siete miembros (hay tres vacantes) puede funcionar.

“Estoy abandonando la reunión y rompiendo con el quórum”, dijo Peterson antes de desconectarse del sistema de video y después de una discusión con Matosantos sobre si se debía autorizar a la directora ejecutiva Natalie Jaresko a radicar un nuevo PAD para el 10 de febrero, o si solo se le debería autorizar a negociar. Matosantos entendía que se le debía autorizar después de intentar negociar. Peterson entendía que no se le debía autorizar sino solo a negociar. La jueza de quiebras estableció que para esa fecha debe radicarse por lo menos los términos que regirán la negociación con los acreedores.

Peterson, un cabildero del sector de energía que representó a acreedores del Gobierno de Puerto Rico, marcó la diferencia desde el principio. Mientras que las reuniones públicas de la Junta, desde la primera en Nueva York, solían conducirse como un ejercicio para que los miembros consignaran públicamente posiciones que parecían haber sido discutidas previamente en privado, el nuevo miembro intervino y provocó discusiones en varios puntos de la agenda.

Jaresko presentó hoy tres escenarios de negociación pero Peterson entendió que se trataba de un ejercicio unilateral, imposible de ejecutar y de mala fe, por lo que opinó que la directora ejecutiva debería auscultar con acreedores y entonces desarrollar sus términos de negociación. Las líneas de argumentación encontradas se hicieron claras. Por un lado, Peterson planteó que la junta se había manejado sin buena fe con los bonistas desde el principio y que las posturas asumidas representaban un menoscabo ilegal del contrato con los bonistas. Matosantos, por su lado, enfatizó en que las actuaciones para salir de la quiebra de Puerto Rico tenían que estar ancladas en las realidades de Puerto Rico, para que los acuerdos tuviera probabilidad de poder cumplirse.

“Una de las cosas que me ha mantenido (en la Junta) es nuestra obligación a ese niño o niña de cinco años de Yabucoa (que ha perdido casi un año de su escuela por los temblores)”, dijo Matosantos, una funcionaria del gobierno de California con su familia en Puerto Rico y que, como los demás miembros de la JCF excepto Peterson, se han mantenido en sus cargos en espera de sus sustitutos a pesar de que ya su nombramiento venció.

Skeel también le pidió a Peterson que cesara de caracterizar las actuaciones de la Junta como que no son de buena fe. “Creo que todo lo hecho desde el día uno ha sido de buena fe para cumplir con los propósitos de (la ley) PROMESA”, enfatizó.

“No es personal, es negocios”, ripostó Peterson.

Aunque el punto en la agenda sobre cómo proceder con la negociación del PAD quedó en suspenso por la salida de Peterson, en el resto de la reunión se tocaron puntos cruciales que conforman una lista de prioridades que tendrá que enfrentar la nueva administración y que han sido poco discutidas en la opinión pública. A saber:

-Jaresko divulgó que los estragos del coronavirus en las proyecciones para las negociaciones del PAD ya conllevaron la eliminación del fideicomiso que se la había prometido a los pensionados para ayudar a capitalizar sus pagos de pensión. Además, afectaría a casi 47,000 de manera mayor a lo que estaba contemplado en el acuerdo el Comité de Retirados.

-La prognosis es pesimista sobre la posibilidad de que el Departamento del Tesoro federal implante cambios que afecten el tratamiento contributivo de los pagos que las empresas hacen a Puerto Rico bajo la Ley 154 y que representan al menos 20% del presupuesto. La recomendación de la Junta es que se desarrolle un sustituto, en vez de contar con que el Tesoro no va a ejecutar cambios adversos.

-La estrategia principal de la JCF para atender el incumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con la implantación de reformas estructurales y con las fallas contables es empujar legislación para crear una Oficina del Principal Oficial Financiero (CFO, por sus siglas en inglés) fuerte que, incluso, tenga autoridad para destituir a los funcionarios del área financiera en las agencias que no cumplan con las directrices.

-Peterson presionará para que la Junta defina cuáles exactamente son los “servicios esenciales” que no se pueden quedar sin atender en el presupuesto, algo que no ha ocurrido hasta ahora. El propósito es que, una vez se definan estos servicios, esos son los únicos que requieren ser financiados y el resto del dinero recaudado por el gobierno teóricamente puede ir a repagar a los bonistas.

-De la misma manera, el miembro nuevo se comprometió personalmente a asistir en la estrategia de que el Congreso y Casa Blanca completen los deseos del presidente Trump de crear un esquema que permita que las fábricas estadounidenses en el extranjero, específicamente China, se relocalicen en Puerto Rico.

-La Junta abarcará su proceso de revisión de contratos del Gobierno de Puerto Rico para abarcar las órdenes de compra y exigirá que, aunque ya esté contemplado en las leyes de la isla, se pongan nuevas cláusula compulsorias en los contratos públicos para que puedan ser declarados nulos en caso de cualquier engaño por parte del contratista o incumplimiento.

-La Junta impondrá al Departamento de Educación un gerente de proyecto para que, antes de que acabe el año, todos sus empleados registren su entrada y salida con ponchadores que estén integrados al sistema de nómina para evitar que, como se divulgó recientemente, se estén pagando salarios de personas que estaban de vacaciones o no se sabía si estaban trabajando.

Resaltó, además, que tanto Peterson como los demás miembros recalaron en varias ocasiones sobre la necesidad de que la Junta acabe su intervención con el Gobierno de Puerto Rico lo más rápido posible. En visión de Peterson, la meta es que Puerto Rico vuelva al “autogobierno”.

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